La defensa de Puigdemont pide a Llarena que desactive las órdenes de detención y se aparte por falta de “imparcialidad”

La defensa del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ejercida por Gonzalo Boye, ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que levante de forma inmediata todas las órdenes europeas detención, prisión, entrega y demás medidas cautelares que pesan sobre su cliente, a la vez que le insta a que se aparte del procedimiento por falta de «imparcialidad».

Este informe se produce en respuesta a la petición de Llarena a Fiscalía, Abogacía del Estado y las defensas de Puigdemont y Comín para que se pronunciara sobre los efectos que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre Junqueras puede tener sobre esos dos prófugos una vez que han adquirido la condición de eurodiputados.

Esa sentencia del TJUE, sostiene la defensa de Puigdemont, tiene una «incidencia directa» en la situación del ex presidente catalán, por lo que está «plenamente protegido por la inmunidad parlamentaria» prevista en el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión.

En este sentido, esgrime que los eurodiputados deben mantener vínculos «especialmente estrechos con los ciudadanos de la Unión de la circunscripción electoral» por la que fueron elegidos; de tal forma que ese vínculo es «absolutamente incompatible con la detención e ingreso en prisión de un diputado, que no solo impediría esa relación con sus electores sino, también y muy significativamente, el poder acudir a las sesiones del Parlamento», según esgrime la defensa de Puigdemont.

En cambio, mantener las órdenes de detención y prisión obstacularizarían «la libertad de un miembro del Parlamento Europeo, sin la previa obtención de una autorización para ello» de la propia Cámara de Bruselas.

Pero, además, sostiene que estas autorizaciones sólo se podrán conceder con carácter sumamente excepcional, «pues la situación de prisión provisional de un parlamentario resulta, en la práctica, incompatible con el ejercicio del cargo electo representativo».

Para sustentar estas tesis, la defensa de Puigdemont alude al precedente de José María Ruiz-Mateos, cuyo juicio comenzó cuando fue elegido eurodiputado. En ese momento, los tribunales que tenían varias causas abiertas contra él «levantaron las medidas privativas de libertad que pesaban contra él». Esta decisión, afirma, fue ratificada por el propio Tribunal Supremo.

Con este antecedente, y el del dirigente de Herri Batasuna Ángel Alcalde, quien quedó en libertad tras salir escogido diputado al Congreso, la defensa de Puigdemont pide que se levanten todas las medidas cautelares que pesan sobre el ex presidente catalán, algo que, en su opinión, ya debería haberse realizado el 13 de junio, cuando resultó elegido para el Parlamento europeo.

En su opinión, no hay más opción proceder al levantamiento de esas medidas cautelares contra Puigdemont: «No hay más caminos. Cualquier otro será, una vez más, un salto al vacío legal que solo servirá para deteriorar, más si cabe, la posición del Poder judicial español en el contexto europeo que, como decimos, es el de todos nosotros».

Por otro lado, ha pedido al juez Llarena que se abstenga de continuar con la instrucción de este procedimiento, «por carecer, manifiestamente, de imparcialidad» «y también, por haberse pronunciado anteriormente sobre el fondo» de la inmunidad que protege a Puigdemont desde que fue elegido eurodiputado.