¿Cómo se elige el fiscal general en los países europeos?

«Montesquieu ha muerto». Esta es la frase que se le atribuye a Alfonso Guerra para referirse a la reforma del Poder Judicial de 1985. Felipe González, gobernando con mayoría absoluta, se encontró con que los jueces no se plegaban al poder Ejecutivo y decidió entonces cambiar las cosas. Lo hizo mediante la Ley Orgánica del Poder Judicial que reformó para modificar la forma de elección de los doce vocales de procedencia judicial. Entonces los veinte vocales pasaron a ser elegidos por las Cortes Generales mediante mayoría cualificada de tres quintos. Aquella reforma puso en entredicho la independencia de los tres poderes del Estado que defendió el filósofo francés, y que es uno de los principios del sistema democrático.

Aquello fue una puñalada a la división de poderes. Su verdadero funeral llegó esta semana con el nombramiento de la que hasta hace unos días fuera la Ministra de Justicia, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado, en sustitución de María José Segarra. Una elección peligrosa para la separación de poderes. Más allá de su cuestionable papel al frente de la cartera de Justicia –reprobada dos veces por el Congreso y una por el Senado–, o por su presunta implicación en los audios del comisario Villarejo, lo grave es que una persona que dirigía el Ministerio de Justicia, pase al día siguiente a ser la Fiscal General del Estado, tratándose de uno de los cargos más importantes que tiene nuestro Poder Judicial.

«Daña la imagen de imparcialidad de la Institución y perjudica la confianza de los ciudadanos en este organismo», asegura a LA RAZÓN la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus. «Este nombramiento empequeñece la imparcialidad y obligará a la Fiscalía a tener que justificar cada una de sus acciones», explica la portavoz de la Asociación profesional de la magistratura, María Jesús del Barco. «Obviamente el nombramiento ha producido un perjuicio a la imagen del Ministerio Fiscal y traslada la imagen contraria al sentir de todos lo miembros», destaca a este medio la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Teresa Peramato.

No es la primera vez que el presidente Pedro Sánchez pone en tela de juicio la independencia de esta institución. Baste recordar su ya famosa pregunta retórica en una entrevista en RNE el pasado noviembre: «¿De quién depende la Fiscalía?», insinuando que este organismo judicial siguió las instrucciones del Gobierno al emitir la orden de detención y entrega contra el fugado Carles Puigdemont. Tras este comentario, por lo tanto, no sorprende el nombramiento de una diputada por Madrid y defensora de las políticas socialistas como Fiscal General, un cargo que nunca había sido desempeñado por ministros o diputados, excepto en 1986 con Javier Moscoso, quien fue designado cuatro años después de entrar en el primer gobierno de Felipe González.

A la vista de la reciente polémica surgen preguntas: ¿es independiente la Fiscalía española del Gobierno? ¿qué sucede en otros países? El Fiscal General del Estado, según el artículo 124 de la Constitución y su propio Estatuto orgánico, debe de servir a los principios de legalidad e imparcialidad. En el caso de Delgado será difícil dado que hasta hace unos días ocupaba un cargo político. «Ella será la primera que esté presionada y nosotros estaremos vigilantes», subraya Cristina Dexeus.

Su nombramiento por parte del Ejecutivo es algo habitual en los países de nuestros entorno. «En otros estados lo nombra el ministro de Justicia o forma parte del Ministerio», recuerda la presidenta de la Asociación de Fiscales. «En España es similar al de otras naciones», repite Del Barco. «Lo importante es que el estatuto orgánico se dote de mecanismos que evite que se den órdenes expresas por parte del Gobierno de turno. Si no hay separación de poderes, no hay democracia», subraya.

El polémico nombramiento de Dolores Delgado vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de reformar el procedimiento de designación. Desde la Asociación de Fiscales insisten en que no se trata de cambiar el método de designación ya que es un mecanismo previsto en el artículo 124 de la Constitución que obligaría a una reforma de Carta Magna, algo difícil dada la tensión política actual. «Nosotros lo que siempre hemos propuesto es que el mandato del Fiscal General no coincida con el del Gobierno en el plazo. Si el gobierno son cuatro años, pues que el Fiscal General sea durante cinco y que su cese no se produzca cuando lo hace el gobierno». Además, desde la asociación mayoritaria de fiscales reclaman «una mayor presencia y poder del Consejo Fiscal para que pueda servir de contrapeso a determinadas decisiones del Fiscalía General». De la misma opinión son desde la Unión Progresista de Fiscales que ven con buenos ojos separar el mandato del Fiscal General del Gobierno, así como la ratificación parlamentaria del candidato. No obstante, insisten en que «no se trata tanto de modificar el nombramiento sino de garantizar una mayor autonomía del Ministerio Fiscal», subraya.

ADVERTENCIAS EUROPEAS

Su nombramiento llega después de que varios organismos europeos aconsejaran a España que reforzase la imparcialidad de la Fiscalía. En concreto, el Grupo Anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO) emitió un informe en 2014 en el que sugirió hacer «esfuerzos adicionales para garantizar mejor» la imparcialidad de la Fiscalía, y entre otras cosas, pidió «reconsiderar el método de selección y el periodo de mandato» del Fiscal General del Estado. También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos solicitó en 2017 que «la Fiscalía sea, y así lo parezca, imparcial, objetiva y libre de cualquier influencia impropia, en particular de naturaleza política». En este sentido desde la Asociación de Fiscales subrayan que «el daño que se ha hecho con este nombramiento es irreparable» y, añaden «es una patada a la preocupación que tiene el Consejo de Europa o el propio Tribunal de Justicia Europeo que están reclamando a España una mayor independencia de los ministerios públicos».

Todos los fiscales consultados para este análisis coinciden en una idea: el nombramiento pone en tela de juicio a la Fiscalía. «Perjudica la confianza de la ciudadanía en la Institución. Nosotros nos podemos hartar a trabajar de forma independiente –que es lo que hacemos como fiscales sujetos al principio de legalidad e imparcialidad– pero un nombramiento como este lo que hace es derrumbarnos en la credibilidad», señalan desde la Asociación de Fiscales. Por su parte, desde la Unión Progresista de Fiscales, inciden en que esta designación «abre el debate sobre cuál es el sistema adecuado para la designación. Quizás sea el momento adecuado para ver cómo podemos avanzar hacia un Ministerio Fiscal más autónomo». Finalmente, desde la Asociación Profesional de la Magistratura recuerdan que la designación de Dolores Delgado «cuando acabas de pasar tu cartera empequeñece la imparcialidad y va a obligar a la Fiscalía a tener que justificar más cada una de las actuaciones» y, subraya, «no olvidemos que los casos de corrupción se persiguen a través de la Fiscalía».

No cabe duda de que el nombramiento de Dolores Delgado, por más que legalmente pueda ser válido, desde un punto de vista estético y político deja mucho que desear. Da la sensación de que responde más a un acuerdo político. En breve tendrá que decidir sobre los permisos de los presos encarcelados por sedición y valorar si lo que proponen las prisiones catalanas es correcto o no y, entre otras cosas, tendrá que dictaminar también qué acusación habrá contra el Mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero en el juicio que arranca mañana. Definitivamente, Mostesquieu ha muerto.