La ley D’hont diluye la alianza de centro derecha

El probable abandono por parte del PSC del bloque constitucionalista, dejando aislados a Ciudadanos y PP, obliga a unir fuerzas entre ambos. Cataluña puede ser el segundo campo de pruebas de SUMA, tras el éxito en Navarra, una candidatura conjunta de Cs y PP al parlamento catalán, reforzaría parlamentariamente al centro derecha. Pero en Navarra son 4 diputados a elegir y en Cataluña 135; 15 en Lérida, 17 en Gerona, 18 en Tarragona y 85 en Barcelona. La ley d´Hondt beneficia a las candidaturas más votadas y especialmente cuando el número de escaños en juego es limitado. Pero el parlamento catalán está sobredimensionado. Incluso la provincia catalana más despoblada cuenta con 15 escaños, lo que diluye el efecto de las grandes coaliciones. Además 1+1 en política no suele ser 2. Una coalición de estas características plantea dudas a buena parte del electorado de Cs en Cataluña, ya que entre ellos hay más ex votantes del PSC que del PP. Los votantes de Cs en Cataluña son más socialdemócratas que en el resto de España. De hecho Cs conquistó las zonas en donde el PSC era el primer partido, por ejemplo el cinturón rojo de Barcelona.

Por lo que la única posibilidad de que esta coalición mejorara los resultados que tuvieron por separado ambos partidos en diciembre de 2017, sería atraer a votantes de otros partidos constitucionalistas o activar a votantes que se abstuvieron en las pasadas elecciones. La coalición debería ser capaz de sumar más allá de esas dos siglas. Obviamente el principal partido que puede verse afectado es el PSC, que se varía forzado a adoptar una postura similar a la de Sánchez en la campaña del 10-N; desmarcarse de los independentistas, con la dificultad que ello entraña de no poner en peligro un futuro acuerdo con ERC.

La fecha definitiva de las elecciones n Cataluña será una demostración de fuerza del huido ex president para influir en la política nacional, del mismo modo que ya lo hace ERC. El objetivo sería doble, por un lado hacer caer al gobierno PSOE-Podemos por la falta de apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado, ya que los de Puigdemont pondrían a ERC entre la espada y la pared, acusándola de «botiflerismo».

En febrero de 2019, el rechazo de ERC y de los de Puigdemont a los PGE obligó a Sánchez a disolver las cámaras y anticipar las elecciones generales del 28-A. Desestabilizar la política y la gobernabilidad de España es una prioridad para el ex president. De este modo, fracasado el acuerdo entre PSOE, Podemos y ERC a nivel nacional español, se alejaría el fantasma de la posibilidad, tras las elecciones catalanas, de un tripartito, por lo que JxCat volvería a ser pareja indispensable de gobierno con ERC en el futuro gobierno de la Generalidad, si suman estos dos y no el tripartito.

La única posibilidad de que los de Puigdemont alcancen la presidencia o la vicepresidencia del gobierno catalán es reeditando el pacto de los herederos de CiU con ERC, como ya sucedió en las elecciones de 2015, o como resultado de los comicios de 2017.

ERC es a priori la mejor situada en el tablero autonómico político, pues podría gobernar junto con JxCat o alternativamente con PSC y los comunes. Siempre y cuando que no haya una mayoría parlamentaria constitucionalista.

Todo parece indicar que los republicanos superarían por primera vez, desde las elecciones catalanas de 1980, a los convergentes, ahora representados por JxCat. Este liderazgo de ERC en el seno de los independentistas, que se viene repitiendo en los sondeos desde la primavera de 2018, anima a los republicanos a contemplar dos posibles salidas a unas elecciones autonómicas; reeditar la actual fórmula con JxCat, pero ahora pasando de la vicepresidencia a la presidencia del gobierno regional, o reeditar el Tripartit (2003/2011), pero a diferencia de entonces, liderándolo.

Esta posibilidad de resucitar el gobierno tripartito, rompería los dos grandes bloques existentes hasta ahora en Cataluña, y daría lugar a tres; El tripartito del gobierno, y dos oposiciones, la independentista de JxCat y CUP, y la constitucionalista de Ciudadanos y PP.