El juicio por el Pazo de Meirás comenzará el 6 de julio y durará una semana

Como se esperaba, la audiencia previa celebrada ayer en La Coruña para dirimir acerca de la devolución al Estado del Pazo de Meirás acabó sin acuerdo y con fecha de juicio. Será el próximo 6 de julio y durará una semana.

La cita reunía a la Abogacía del Estado, junto a la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Sada y el de La Coruña, por un lado. Del otro, los demandados: la familia Martínez Bordiú-Franco.

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña desestimó las alegaciones complementarias de los abogados de la familia Franco sobre la propiedad. Insistieron los letrados en que el documento de compraventa del inmueble de 1941 «es totalmente válido» y que se ha poseído de «buena fe» y «con justo título» hasta la fecha.

«Con la ley en la mano», la magistrada les indicó que no habían hecho «alegaciones complementarias», por lo que las tuvo por no realizadas si bien consideró «completa» su argumentación.

La jueza también desestimó la primera alegación de la Abogacía del Estado relativa a demostrar que otras administraciones, aparte del Ayuntamiento de La Coruña, aportaron dinero al mantenimiento del pazo por no ser «complementaria» y porque tenía que haberse presentando en la demanda.

Los títulos de propiedad del pazo, la existencia de usucapión y su duración aplicable a este caso de 10 o 30 años, las fincas colindantes a la propiedad, los recibos abonados en su mantenimiento y los gastos relativos a la explotación agropecuaria, así como las inversiones en el inmueble, fueron los puntos en los que se centraron las alegaciones.

El mejor ejemplo de la distancia entre la Abogacía del Estado y los representantes legales de la familia Franco fue el intercambio de comentarios escuchados en la sala, como «pirueta jurídica» o «impertinente» sobre sus respectivos alegatos.

Los Franco niegan que la compra del Pazo de Meirás fuera «simulada y fraudulenta», como sostiene la Abogacía del Estado, que asegura que el título de 1941 se hizo para «subsanar una situación anterior» de 1938 con un «pago ficticio», lo que consideró una «pirueta jurídica» sin consistencia.

Javier Suarez, abogado del Estado que estuvo presente en la vista previa, aseguró que «la adquisición fue para un fin publico, para ser residencia estival del jefe del Estado, y la entrega al Jefe del Estado se hizo por ser Jefe del Estado y su vertiente institucional y no como persona física. Por tanto, cualquier pretensión de la familia Franco de haber adquirido el bien por haberlo poseído tras la muerte de Franco entendemos que no puede prosperar porque el dominio público es imprescriptible de acuerdo con la Constitución y con la ley», indicó el letrado a la salida.

Los abogados de la familia Franco argumentaron, aparte de hacer hincapié en la compraventa legal, que además del uso público del pazo como residencia de la Jefatura del Estado, también tenía usos privados, sufragados por el propio Franco, y gastos de mantenimiento e inversiones asumidos posteriormente por sus herederos. El principal de ellos, como contó a este periódico Luis Felipe Utrera-Molina, letrado y portavoz de los nietos de Franco, el incendio del inmueble en 1978, «que asumió Carmen Franco con su patrimonio».