El abogado de Puigdemont defenderá a “Josu Ternera” para frenar su extradición a España

Los letrados franceses del histórico ex dirigente de ETA califican de “exorbitante” acusarle de crímenes de lesa humanidad y esgrimen un informe “confidencial” de los servicios antiterroristas galos que apunta que en el atentado de la T-4 ya “había sido apartado” de la dirección de la banda

Josu Ternera contrata a Gonzalo Boye para su defensa en la causa en la que está procesado por lesa humanidad
El abogado Gonzalo Boye (izda.), defenderá al histórico dirigente de ETA "Josu Ternera" (dcha.) EUROPA PRESS

El histórico ex dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, “Josu Ternera” -encarcelado en Francia a la espera de que se decida sobre su entrega a España- ha contratado al abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, para intentar frenar su extradición por una de las tres causas por las que le reclama la Justicia española, en la que está procesado por un delito de lesa humanidad junto con otros tres ex jefes de la banda terrorista, entre ellos el ex responsable del “aparato militar” Garikoitz Aspiazu, “Txeroki”. Así consta en una providencia de la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que instruye este procedimiento, del pasado día 20 en la que la magistrada da el visto bueno a la designación del letrado comunicada días antes por “Josu Ternera”.

Según ha podido saber LA RAZÓN, fue el hijo de “Josu Ternera”, Egoitz Urrutikoetxea quien contactó telefónicamente con el letrado para ofrecerle que asumiera la defensa legal de su padre. Interior vinculó en su día al hijo del ex jefe terrorista con el “aparato político” de la banda criminal, que según manifestó él mismo abandonó alrededor de 2005.

El abogado de Puigdemont, que también defendió entre otros al ex capo de la droga José Antonio Prado Bugallo, “Sito Miñanco”, ha sido también, junto con la letrada Isabel Elbal, el defensor del cantante del grupo Def con Dos César Augusto Montaña, “César Strawberry”, a quien hoy mismo el Tribunal Constitucional ha anulado la condena de un año de cárcel que le impuso en 2017 el Tribunal Supremo por enaltecimiento del terrorismo por varios comentarios publicados en su cuenta de Twitter.

Boye fue condenado en 1996 a 14 años de prisión por colaboración con ETA en el secuestro del industrial Emiliano Revilla, liberado en octubre de 1988 tras 249 encerrado en un zulo, al considerar el tribunal que colaboró en las labores de vigilancia del empresario cuando militaba en el chileno Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), algo que el letrado -que precisamente aprovechó su estancia en prisión para licenciarse en Derecho- siempre ha negado.

La Justicia francesa reclamó el pasado enero información adicional a España antes de pronunciarse sobre la extradición de “Josu Ternera” por esta causa -que impulsó con su denuncia la asociación Dignidad y Justicia-, una cuestión que abordará previsiblemente en una audiencia que se celebrará el próximo 4 de marzo en el país vecino. La Corte de Apelación de París ha solicitado a la Audiencia Nacional “el periodo de los hechos enjuiciados por los que se libra la OEDE”, las “condiciones de prescripción” de los mismos y su calificación jurídica, así como la identificación del magistrado que dictó el auto de prisión del ex dirigente etarra el 27 de octubre de 2015 por esta causa.

El entonces instructor de la causa, el magistrado Juan Pablo González, aseguraba en el auto de procesamiento del ex jefe etarra que «los máximos dirigentes de los aparatos político y militar de ETA en el periodo investigado tuvieron conocimiento del plan de los delitos cometidos durante su periodo de dirección, impartiendo a los autores materiales las correspondientes instrucciones y habiendo podido intervenir antes de la ejecución para evitar el resultado, lo que aparece con alta probabilidad respecto de atentados de especial significación», pero limitaba la imputación por lesa humanidad solo a los delitos cometidos por la organización terrorista a partir de octubre de 2004, cuando se incorporó ese delito a nuestro Código Penal.

Atentado de la T-4

Entre ellos se encuentra el atentado con coche bomba en la T-4 de Barajas el 20 de diciembre de 2006 con el que ETA puso fin a la tregua, en el que murieron dos personas. Pero los abogados franceses de “Josu Ternera”, Heinich-Luijier, Ajartza Azurtza y Pasquet Marinacce, le desvinculan de esa acción terrorista. En sus alegaciones en contra de la extradición, esgrimen un “informe confidencial de la Unidad de Coordinación de la Lucha Antiterrorista” gala (UCLAT) en la que se apunta que en esas fechas ya “había sido apartado por la dirección de ETA” de su responsabilidad al frente del “aparato político” de la banda criminal. Además, sus letrados tachan de “totalmente exorbitante” que se le impute ese delito de lesa humanidad y denuncian que España le reclama por su “papel político” en las “negociaciones con el Estado español” durante la tregua a la que puso fin el atentado de Barajas.

En el escrito en el que solicita a España “un complemento informativo” antes de decidir sobre su entrega, la Justicia francesa constata que “Josu Ternera” fue el responsable del “aparato político” de ETA de 2005 a 2007 junto con el ya fallecido Javier López Peña, “Thierry”, aunque el primero, añade, “por su carisma y ascendente en el resto de militantes se puede considerar que ha participado en todas las decisiones importantes” que se adoptaron en ese periodo en el seno de la banda terrorista. Sin embargo, en ese mismo documento la Corte de Apelación de París muestra su extrañeza por el hecho de que la calificación por lesa humanidad “no se halle en el origen del procedimiento”, constando además “otra orden de detención y dos solicitudes de extradición que se refieren a su participación en las actividades de ETA, la comisión de actos de terrorismo o actos cometidos en un contexto de reivindicación terrorista”.

«Josu Ternera» tiene otras causas pendientes en la Audiencia Nacional. Está investigado por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987, uno de los más sangrientos de ETA, en el que murieron once personas, cinco de ellas niños, y por su supuesta responsabilidad en el asesinato de Luis María Hergueta, directivo de Michelín en Vitoria, de dos tiros en la nuca, el 25 de junio de 1980. Por último, en el sumario de Batasuna, que indagó en la financiación de la formación abertzale a través de las «herriko tabernas», se le imputa un delito de integración en organización terrorista.