Reclaman al juzgado que inste a Interior a hacer test a guardias civiles con síntomas

La Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC) ha solicitado a los Juzgados de lo Social de Madrid que obliguen, de forma cautelarísima, al Ministerio del Interior a facilitar Equipos de Protección Individual (EPI) y a realizar test de detección del Covid-19 a los agentes que presenten síntomas o hayan estado en contacto con positivos o posibles infectados.

La demanda interpuesta por el abogado de la AEGC Jorge Piedrafita denuncia la supuesta lesión de los derechos fundamentales de los agentes al vulnerarse “las más básicas normas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, lo que acarrea que se esté “lesionando de forma grave la integridad física y psicológica” de los guardias civiles, “que ni pueden ni van a cesar en el ejercicio de sus funciones”. De ahí que la asociación inste al juzgado a que las medidas cautelares se adopten “cuanto antes en línea de las acertadas resoluciones dictadas para la protección de los letrados de la Administración de Justicia, sanitarios y fiscales que han obligado a la Administración ante esta grave situación”.

“Los agentes únicamente disponen de escasos equipos de protección individual que únicamente pueden utilizar en ocasiones concretas y teniendo que justificar al mando su utilización, lo que implica un grave riesgo para la salud de los agentes y contravenir las disposiciones de prevención establecidas por el Ministerio de Sanidad”, se queja el letrado de la AEGC en la demanda.

“De la misma forma -añade- no se están realizando los test de detección a los agentes que puedan encontrarse contagiados, por haber tenido contacto con agentes que desgraciadamente han fallecidos, que se encuentran gravemente enfermos o que han podido tener contacto con lugares o personas que están infectadas”. Algo que, subraya, “incrementa el grave riesgo” de expansión del virus “ya que implica que los agentes presten servicio pudiendo contagiarse, contagiar a sus compañeros o los ciudadanos con los que puedan tener contacto en el ejercicio de sus funciones”.

La AEGC considera necesaria la adopción de medidas cautelarísimas, que se acordarían sin necesidad de escuchar a Interior, para “evitar un grave, inminente e inevitable daño que está incontrolado y es irreparable para la salud de los agentes de la Guardia Civil en el caso de que fallezcan”. Algo que, añade, no se puede evitar si los agentes no disponen “de los epis y los test de detección para desarrollar sus funciones con seguridad” y sin que los guardias civiles contagiados “sean tratados y aislados”.

“Esfuerzo titánico”

La asociación de guardias civiles considera esta medida “absolutamente fundamental para preservar la integridad física y psicológica de los agentes de la Benemérita que estos días están realizando un esfuerzo titánico realizando largas jornadas de trabajo sin apenas descansos para preservar la seguridad y garantizar el cumplimiento de las disposiciones del estado de alarma y salvaguardar la salud pública de los ciudadanos”.

En un comunicado, la AEGC asegura que pese a sus “numerosas peticiones”, la Dirección General de la Guardia Civil “mantiene su pasividad generando una situación insostenible”, pues no todos los agentes disponen de equipos de protección para evitar los contagios. Además, denuncia, “no se han hecho los test de detección a los agentes que presentan síntomas o han tenido contacto con los infectados para que puedan ser tratados y evitar que se produzca un contagio masivo”. Y recuerda que ya son más de 700 los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se han contagiado y al menos ocho han perdido su vida por el coronavirus.

“La salud de las mujeres y hombres que integran la Guardia Civil no puede esperar más -alerta la asociación-, máxime con el endurecimiento de las medidas del estado de alarma, cuando todos los efectivos tienen que maximizar esfuerzos para que se cumplan las medidas”.

La AEGC se compromete a seguir impulsando a través de su equipo jurídico “todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar los derechos de los agentes y tratar de evitar” tanto el incremento del número de contagios como el fallecimiento de agentes que prestan “tan esenciales labores para la ciudadanía”.