Los socios de Sánchez le exigen que actúe contra el Supremo

El preso de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras lograron han logrado embarcar a 35 eurodiputados en la firma de una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que el Gobierno tome cartas en el asunto y evite que se vuelvan a producir lo que ambos líderes separatistas consideran «amenazas inaceptables» por parte del Tribunal Supremo a los funcionarios públicos catalanes encargados de tomar decisiones sobre el posible confinamiento en sus domicilios de los dirigentes independentistas.

Aparte de los habituales Puigdemont y los ex consellers Clara Ponsatí y Toni Comín, la carta llegó a Moncloa respaldada por miembros del grupo de Los Verdes y la Alianza Libre Europea, algunos de la Izquierda Unitaria Europea y dos eurodiputados socialdemócratas. Por supuesto no podían faltar europarlamentarios españoles con reconocido historial de hispanofobia como Diana Riba (ERC), Izaskun Bilbao (PNV), Miguel Urbán (Unidas Podemos) y Pernando Barrena (Bildu).

En la misiva se exige a Sánchez que lleve a cabo «los procedimientos y medidas apropiados para evitar nuevas amenazas inaceptables del poder judicial a los funcionarios públicos». Para Puigdemont y compañía la actuación del Supremo «cristaliza las amenazas» y son constitutivas de un trato «discriminatorio» hacia los políticos declarados culpables de instigar los sucesos del otoño del 2017 en Barcelona y otras partes de España.

«Entendemos que esto supone un riesgo para el derecho de los reclusos a un nivel de salud adecuado. Pero también restringe otros derechos y principios fundamentales que son particularmente importantes defender en estos tiempos, como la separación de poderes, el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación por motivos políticos o el respeto a las minorías, entre otros», dice textualmente la carta.

Horas después de que se hiciera público que el Departamento de Justicia de la Generalitat contemplara la posibilidad de que los presos independentistas pasaran la epidemia provocada por el virus de Wuhan, el Alto Tribunal avisó de que los funcionarios que avalaran esa decisión podrían estar incurriendo en un delito de prevaricación y que, debido a ello, podrían iniciarse acciones legales contra ellos. Ni que decir tiene que todas las gestiones encaminadas a liberar a los líderes independentistas se detuvieron en seco tras la advertencia del TS.

Poco después Oriol Junqueras presentó una querella ante el juez de guardia de Manresa en la que solicitaba «identificar a los responsables» del «mensaje amenazador» que, en su opinión se envió el Tribunal Supremo para advertir a los funcionarios de su posible prevaricación.