La Guardia Civil remitió, el pasado día 15, a las distintas Comandancias del Cuerpo, unas instrucciones para que identificaran noticias falsas y fake news que intentaran efectos desestabilizadores, lo que se ha dado en llamar estrés social, contra las instituciones, según informa la Cadena Ser.

El envío de esta comunicación se enmarca en lo adelantado por LA RAZÓN en su edición de ayer, en la que se informaba de que “ los especialistas de la Guardia Civil trabajan en dos planos: el primero, para atacar las campañas de bulos y, a través de la oficina de prensa, ponerlos en conocimiento de la opinión pública; y el segundo, cuando se detecta una campaña deliberada de desinformación, con el fin de provocar «estrés social», en la que se difunden datos objetivamente falsos y que se distribuyen a través de las redes. A partir de ese momento, se instruye un atestado y se presenta en Fiscalía para su evaluación y estudio (que es lo que se está haciendo) por si fueran constitutivos de infracción penal y, en ese caso, investigarlo. En lo que va de Estado de Alerta ya se han abierto varias diligencias, que permanecen secretas por orden de la Fiscalía”. Es a lo que se refería el general Santiago, jefe de Estado Mayor de la Benemérita, cuando habló del asunto en la habitual rueda de prensa del Palacio de la Moncloa.

La Cadena Ser abunda en que en la comunicación se “insta a los agentes a la "identificación, estudio y seguimiento en relación con la situación creada por el COVID-19 de campañas de desinformación, así como publicaciones desmintiendo bulos y fake news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno”

El mensaje ordenaba a las unidades a entregar estos datos cada viernes con el objetivo de elaborar "un informe monográfico sobre las actuaciones de ciberseguridad de la Guardia Civil vinculadas al COVID-19 y con la finalidad de ser tratado en próximas reuniones con el titular del departamento ministerial". Además de las fake news, se reclaman otros datos como "denuncias recibidas por delitos informáticos como estafas informáticas, daños en sistemas o robo de información y de secretos de empresa, investigaciones judicializadas por delitos informáticos vinculados al escenario del COVID-19 y denuncias administrativas y judiciales de bloqueo o cierre de páginas web y de perfiles de RRSS utilizados para fines fraudulentos o delictivos".

“Este gran informe correría a cargo de la Unidad de Coordinación de Ciberseguridad, que en informes previos describe la desinformación como "conjunto de publicaciones en Internet, principalmente en redes sociales, de noticias falsas, medias verdades o información altamente subjetiva presentada como objetiva, con una finalidad desestabilizadora, de polarización de la opinión pública en asuntos de interés general, o de estrés social, quebrando la confianza en los poderes y representantes públicos".

En cualquier caso, todas estas labores, tal y como publicaba este periódico, se hace con la finalidad de, si se detecta una actuación delictiva, ponerla en conocimiento de las autoridades judiciales. No se trataba de proteger a este u otro gobierno, sino que es una misión habitual de la Benemérita que ya ha realizado en situaciones similares.

El pasado día 4, LA RAZÓN publicó una noticia en la que detallaba que EUROPOL había elaborado unas directrices en las que alertaba que “la crisis del coronavirus coloca a los estados en una situación de vulnerabilidad y pueden ser objeto de ataques por parte de otras naciones, bien directamente o a través de cibercriminales a sus órdenes, con el fin de causar una desestabilización de consecuencias imprevisibles”.

Según se recogía en dicho dossier, “los actores estatales difunden la desinformación, buscando sembrar la desconfianza y desestabilizar a los gobiernos”.