Nueva prórroga de un mes y condiciones suavizadas

El Gobierno se encuentra en una encrucijada. Pedro Sánchez no está dispuesto a renunciar al estado de alarma como «instrumento garantista» para pilotar la desescalada, pero asume que deberá modularlo para que siga en vigor. Se auguran modificaciones «de calado». Los apoyos del Ejecutivo son cada vez más menguantes y aunque desde Moncloa se afanan en tejer alianzas firmes, la vocación de consenso con que nació la gestión de la crisis del coronavirus comienza a flaquear. La necesidad de introducir cambios en el estado de alarma que permitan concitar más apoyos comenzó por el mecanismo de la «cogobernanza» que se introdujo en el último decreto ley y que ha permitido, por ejemplo, al País Vasco llevar a cabo una desescalada a la carta, respecto a otros territorios.

Aunque aún resta una semana para la votación de la quinta prórroga, el Gobierno ha iniciado ya los contactos con los grupos y tantea la aceptación que tendría entre los socios extender la nueva ampliación por espacio de un mes, en lugar de 15 días como había ocurrido hasta ahora. Una información que adelantó «El Confidencial» y que ha confirmado este diario. Este margen ampliado permitiría abarcar las semanas que, en los cálculos del Ejecutivo, restarían hasta alcanzar la «nueva normalidad» y no depender así de futuras votaciones en el Parlamento, que últimamente se habían convertido en un verdadero «vía crucis» para Moncloa. Si prosperase el plan que baraja el Gobierno, decaería el argumento que se mantenía hasta ahora desde el Gabinete de que el estado de alarma garantizaba la rendición de cuentas cada dos semanas ante la oposición.

“Desescalada institucional”

Junto a ampliar su extensión también se trabaja en nuevos pasos en la dirección de una «desescalada institucional» en la que el Gobierno irá cediendo paulatinamente poder a las comunidades autónomas, aunque manteniendo el control sustancial sobre el desconfinamiento, algo que consideran clave para evitar la propagación del virus. Esta «cogobernanza» sería total una vez se llegue a la «nueva normalidad», pero –entre tanto– Moncloa se asegura el mantenimiento férreo de la limitación de movimientos ante la posibilidad de eventuales rebrotes. Desde el Ejecutivo se «confía en el sentido común de las formaciones políticas que componen el Congreso» para que mantener el estado de alarma, un instrumento sobre el que existe «un consenso internacional» que apunta a que es «fundamental una salida reglada y regulada del confinamiento para evitar rebrotes».

En paralelo a la negociación con los partidos, Gobierno y Ciudadanos afianzan su nueva relación. Una relación que se reactivó la semana pasada en la urgencia y necesidad de sacar adelante la aprobación de la cuarta prórroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados y que podría extenderse más allá del periodo de excepcionalidad vinculado al coronavirus. Inés Arrimadas consiguió con su apoyo hacer valer sus exiguos 10 diputados y recuperar su espacio en el centro, arrancándole al Gobierno una serie de contrapartidas por su apoyo. Entre ellas, desligar los ERTE del estado de alarma o recibir un trato diferenciado, en forma de comunicación fluida con el presidente.

Cumpliendo con este compromiso, Pedro Sánchez ha mantenido una conversación con la líder de Cs en la que ambas partes «expresaron su voluntad de seguir compartiendo información y trabajando para la consecución de acuerdos futuros que permitan vencer al virus y contribuir a la reconstrucción económica y social del país». El Ejecutivo busca estrechar el contacto con el partido naranja, no solo para abordar el «futuro más inmediato» ligado al estado de alarma, sino también para «concitar su apoyo» para otros proyectos que necesariamente se deberán abordar en el medio plazo como es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

La geometría variable comienza a operar. La vocación del Ejecutivo es «ampliar mayorías» pero sin soltar amarras con sus hasta ahora socios. Se mantiene el «diálogo constante con los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez», como es el caso de ERC y el PNV, mientras se exploran otras vías para abrir el espectro. Esto es, la estrategia de Moncloa no es cambiar a los republicanos por Ciudadanos, sino conjugar a ambos socios para acometer sus objetivos. «Consolidar los apoyos que tenemos, pero ampliar las mayorías para llegar al mayor consenso posible» para los futuros proyectos y leyes que están por venir.

En todo caso, en el Gobierno son conscientes de que corresponderá a la formación naranja decidir si finalmente se suma o no a esos Presupuestos de reconstrucción a los que en un primer momento sí se habían mostrado favorables. «Ciudadanos ha mostrado su intención de colaborar, les corresponderá a ellos concretar en qué proyectos. Ojalá se abandonen los intereses partidistas», desean en Moncloa, lo que permitiría al Gobierno ampliar su margen de maniobra y no depender de manera exclusiva de los 13 diputados de ERC que les han obligado a hacer importantes cesiones, como la mesa de diálogo con la Generalitat. Antes de la investidura, el propio Pedro Sánchez hacía hincapié en la importancia de los 10 diputados de Cs, que con un voto favorable podían eliminar cualquier vinculación con el independentismo.