El PP presenta una PNL para dotar de medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente a incidentes como el ocurrido en Zaldibar

La gestión de la crisis medioambiental y humana del vertedero de Zaldibar y los posibles fallos en el de rescate siguen en el punto de mira más de cien días después del desprendimiento en el que dos trabajadores, Alberto y Joaquín, quedaran sepultados bajo los escombros. Pese a que el gobierno vasco sostiene que puso en marcha todos los efectivos materiales y humanos disponibles para las labores de extinguir el fuego y búsqueda de los trabajadores,tanto la familia de una de las víctimas como la oposición reclamaron la actuación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Tal y como explicó el Gobierno a raíz una pregunta escrita formulada por la diputada del Vizcaya del Grupo PP en el Congreso, Beatriz Álvarez Fanjul, en la que solicita conocer ¿qué medios humanos y materiales tanto técnicos como operativos, ofreció aportar la UME tras el derrumbe y qué razones dieron las autoridades vascas para rechazarlos, el Ejecutivo contestó que “no se produjo ninguna solicitud por parte de la Comunidad Autónoma el País Vasco”.

Para impulsar una mayor coordinación y cooperación interadministrativa en caso de desastres como el del vertedero de Zaldibar, el grupo popular presentó una Proposición no de Ley (PNM) para dotar de medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente a incidentes como el ocurrido en Zaldibar, para su debate en la Comisión de Interior.

En el texto proponen regular un protocolo para que el rechazo por parte de la autoridad gubernativa competente de la colaboración y ayuda de la Unidad Militar de Emergencias que pueda ofrecer el Gobierno de España para la gestión de un incidente, deba realizarse motivadamente y por escrito.

Además, insisten en poner en marcha un protocolo por el que la Delegación del Gobierno pueda conocer el carácter de residuos peligrosos que almacenan instalaciones ubicadas en su ámbito de actuación para que, en caso de accidentes, escapes, fugas, emisiones de gases, incendios [...] en dichas instalaciones, puedan alertar a las fuerzas de emergencias y que, de esa forma, tengan la garantía de acudir siempre convenientemente protegidos.

Asimismo insisten en poner en marcha un protocolo por el que la Delegación del Gobierno en cada Comunidad Autónoma dote de medios materiales adecuados para la manipulación o exposición a residuos peligrosos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que, en caso de emergencia en instalaciones donde se almacenen, puedan acudir convenientemente protegidos y promover que esta misma medida sea garantizada por los Gobiernos autonómicos en cuyo territorio exista un cuerpo policía propio. Por último, exigen un reconocimiento a las familias de Joaquín Beltrán y Alberto Solozule, así como la instalación de una placa en su memoria en las cercanías a las instalaciones en las que fallecieron.