La Fiscalía plantea una condena de 20 meses de inhabilitación a Trapero si la Audiencia no ve sedición

La Fiscalía ha rebajado su petición de condena para el mayor Josep Lluís Trapero por su papel en el proceso soberanista. En la reanudación del juicio a la ex cúpula de los Mossos después de tres meses de parón por la crisis del coronavirus, el fiscal Miguel Ángel Carballo ha retirado la acusación de rebelión -por la que solicitaba una pena de once años de prisión- y ha planteado al tribunal que condene por sedición a Trapero a diez años de cárcel o, alternativamente, si no considera acreditado este delito, a 20 meses de inhabilitación (lo que supondría su expulsión de la Policía autonómica) y al pago de una multa de 60.000 euros por desobediencia.

Idénticas condenas reclama para el ex número dos de la Consejería de Interior César Puig y el ex director de los Mossos Pere Soler. En relación a la intendente Teresa Laplana, la única a la que sí acusó de sedición, la Fiscalía mantiene la petición de que se le imponga una pena de cuatro años de cárcel, pero añade igualmente la alternativa de condenarla por desobediencia, en su caso a un año de inhabilitación y al pago de 30.000 euros de multa.

La defensa de Trapero y Laplana, que ejerce la abogada Olga Tubau, ha solicitado al tribunal -que preside la magistrada Concepción Espejel- la absolución de ambos. El juicio continuará el próximo lunes en la Audiencia Nacional con la lectura del informe final de la Fiscalía.

El juicio se ha reanudado con el anuncio de las conclusiones definitivas del Ministerio Público, que después de que el Tribunal Supremo rechazara condenar por rebelión a los líderes del «procés» no tenía más remedio que suavizar. Esta era una de las principales decisiones de calado que tenía pendiente la Fiscalía cuando la ex ministra Dolores Delgado fue designada fiscal general del Estado en febrero.

El Ministerio Público da así un paso más allá de lo esperado al proponer al tribunal que condene a la ex cúpula de los Mossos por sedición o por desobediencia, que no contempla penas de cárcel, sino un máximo de dos años de inhabilitación y multa. Eso supondría que, de ser condenado por este último delito, Trapero no iría a prisión, pero si el Supremo confirma la condena sería apartado de los Mossos, por espacio de 20 meses si el tribunal asume la petición fiscal.

La Fiscalía llegó al comienzo del juicio con una petición de 11 años de cárcel para Trapero por rebelión, delito castigado con una pena mínima de 15 años de prisión. Tras la sentencia del Supremo a los líderes independentistas, en la que se descartó la rebelión, la acusación pública no tenía más remedio que rebajar su acusación. No lo hizo en la primera sesión de la vista oral, como pretendían las defensas, y aplazó esa decisión hasta el momento de elevar a definitivo su escrito de calificación.

La condena por desobediencia se sustentaría en que la ex cúpula de los Mossos no acató los mandatos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el 1-0. Los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira centran su acusación en dos momentos clave del desafío soberanista: el asedio a la Consejería de Economía mientras se llevaban a cabo los registros judiciales el 20 de septiembre de 2017 y el referéndum ilegal del 1-O. Dos escenarios que ya fueron abordados en el juicio del «procés» por el Supremo, precisamente con el máximo responsable político de los Mossos en el banquillo, el ex conseller de Interior del Gobierno de Puigdemont Joaquim Forn.

Así que sobre la acusación definitiva de la Fiscalía pesaban sobre todo dos condicionantes. Por un lado, la condena por sedición del Supremo, en contra precisamente del criterio de la Fiscalía, al considerar el tribunal el desafío soberanista de mera «ensoñación» sin capacidad real de lograr sus objetivos. Por otro, el hecho de que Forn fuese condenado a diez años y medio, lo que dada su condición de máxima autoridad de la Policía catalana supone un listón para una hipotética condena por sedición.

En la primera sesión del juicio, el fiscal Carballo afirmó ser «consciente» de que la sentencia de Supremo obliga a rectificar su calificación, pero aplazó esa decisión hasta este momento de la vista oral, cuando toca convertirla en definitiva. Su compañero Pedro Rubira también dejó claro que habría que atenerse a la jurisprudencia del «superior jerárquico», pero para despejar dudas aseguró que su acusación se ceñiría al «principio de legalidad».

La Fiscalía considera en su escrito de calificación que los acusados fueron una «pieza clave» para «impedir o dificultar gravemente» el cumplimiento de las órdenes judiciales para así «llevar a cabo el plan secesionista». Los Mossos, mantiene, tuvieron un papel «imprescindible» para «proteger» y dar «cobertura efectiva» a los líderes secesionistas en su plan de «imponer por la fuerza de las masas» la independencia. En pos de ese objetivo, añadía, incluso realizaron «seguimientos a otros cuerpos policiales», entorpeciendo su labor y llegando en algunos casos a «oponerse físicamente».

Para los fiscales tanto Trapero como Soler y Puig colaboraron con el plan independentista del Gobierno de Puigdemont «desde su cargo y responsabilidad», poniendo a los Mossos «al servicio» de sus intereses. A Trapero la Fiscalía le achaca que articulara supuestamente «unos mecanismos de actuación que impidieran» a los agentes cumplir con las órdenes judiciales de impedir el 1-O. Puig habría alertado de la actuación de Policía y Guardia Civil y facilitado información a los impulsores del desafío «para garantizar el buen fin del mismo». En cuanto a Soler, la Fiscalía le responsabiliza de dar «cobertura y protección» a los organizadores de la consulta ilegal.

Sobre los altercados durante los registros del 20-S, los fiscales mantienen que Trapero y Laplana, responsable del operativo, «cooperaron» de forma decisiva con el fin de los líderes independentistas de obstaculizar la actuación judicial «propiciando con su deliberada pasividad la concentración durante horas de una gran masa de personas en actitud obstaculizadora y hostil», lo que obligó a la secretaria judicial a abandonar el edificio de madrugada por la azotea.