Sánchez descarta tomar el control sanitario pese al caos regional

Los datos epidemiológicos en España, en relación con la transmisión del coronavirus entre la población, insisten en un agravamiento de la situación en este mes de agosto. «Las cosas no van bien» fue la expresión empleada por Fernando Simón el jueves para definir la instantánea que dibuja el escenario actual en los hospitales y en los centros de salud del país. El empeoramiento de los datos ha provocado en estas últimas semanas la reacción de los gobiernos autonómicos mediante la aplicación de medidas orientadas a minimizar los riesgos y a actuar en aquellos espacios públicos más susceptibles de convertirse en el inicio de nuevos brotes. Pero la realidad, como en marzo y abril, parece que comienza a superar a las administraciones.

Pese a ello, desde Moncloa no contemplan a día de hoy tomar medidas extraordinarias. En el entorno del presidente Sánchez y del ministro Illa, existe una preocupación creciente por la incidencia del virus, especialmente por la evolución de los contagios en regiones como Madrid y el País Vasco. Fuentes próximas a Moncloa aseguran, sin embargo, a LA RAZÓN que Sanidad no contempla en este momento aplicar un mando único sanitario. Tampoco volver a una declaración del estado de alarma o decretar un retorno en el conjunto del país a una de las fases del protocolo de desescalada que siguió a las semanas de confinamiento. No está sobre la mesa «por ahora» la aplicación de esas medidas drásticas, reconocen esas mismas fuentes. Aunque insisten en que ésta es la posición de Moncloa y de Sanidad a día de hoy, ya que están pendientes de la evolución de la situación de la epidemia. Lo que el departamento de Illa y el Gobierno en su conjunto sí continuarán haciendo es permanecer en contacto con los ejecutivos regionales para evaluar en cada momento la respuesta más adecuada.

La oposición, mientras, critica la parálisis de Moncloa y ayer el Partido Popular volvió a demandar al Gobierno de Sánchez que asuma un mando único en materia sanitaria que busque coordinar las medidas y la lucha contra el virus en las 19 comunidades y ciudades autónomas. El presidente de los populares, Pablo Casado, presentó hace pocas semanas un paquete de medidas que, llegado el caso, servirían para actuar de manera drástica sin tener que volver a declarar el estado de alarma. Y es que no hay que olvidar que el propio Gobierno se comprometió a dar forma a una reforma legal de varias normas con el objetivo de articular un «plan B» que evitase tener que volver a declarar el estado de alarma ante una eventual segunda ola grave del virus. Varios miembros del Gobierno aseguraron a finales de mayo y principios de junio que se estaba trabajando en ese «plan B». Esa alternativa al estado de alarma, según afirmaron entonces, estaría conformada por una mejora en la coordinación de las actuaciones de los gobiernos autonómicos y del de España así como en la modificación de leyes vigentes como la Ley General de Sanidad, de 1986; la Ley de Cohesión y Calidad del SNS, de 2003; la Ley de Seguridad Nacional, de 2015; y la Ley General de Salud Pública, de 2011. Pese a los anuncios y con una segunda ola del virus ya en ascenso, ese «plan B» sigue sin ser abordado desde el Ejecutivo. La única reacción de la Presidencia del Gobierno fue la comunicación que realizaron ayer en torno a la vuelta de Pedro Sánchez al Palacio de La Moncloa.

Debate jurídico sobre las alternativas al estado de alarma

Respecto a ese «plan B», sigue sin haber unanimidad entre los juristas a la hora de valorar si permitiría recluir a los ciudadanos si la situación lo requiere o limitar sus derechos. Y es que mientras unos plantean que con la Ley General de Salud Pública de 2011 y la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 sí que sería factible, otros se muestran tajantes a la hora de afirmar que la única figura que puede suspender un derecho fundamental como la libertad de circulación es el estado de alarma. Incluso alguno va más allá y apunta a que sólo se puede hacer con el estado de excepción, a pesar de que con el de alarma ya se haya hecho.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, José Manuel Vera, subraya que si se quiere restringir derechos sólo se puede hacer declarando el estado de alarma si estamos ante una limitación o declarando el estado de excepción, si estamos ante una suspensión. Además, subraya que, tal y como solicitó Vox, se podría aplicar la ley de protección civil o la de seguridad nacional que posibilita al Gobierno de España o al ministro del Interior adoptar medidas similares. Por último, propone modificar la normativa sanitaria existente, tal y como solicita el PP, para dar más maniobra a las autoridades autonómicas. No obstante, el experto considera “que es el momento de revisar si las competencias en sanidad, educación o seguridad deberían devolverse al Estado” para evitar 17 regulaciones.

Por otro lado, Carlos Sánchez de Pazos Peigneux, profesor de Derecho Constitucional de la URJC, advierte de que en caso de crear nueva legislación sobre derechos fundamentales “tampoco está claro que se pueda adoptar cualquier medida restrictiva porque la Constitución dice que los derechos fundamentales no se pueden ignorar y solo pueden suspenderse en las causas establecidas en los estados excepcionales”. En su opinión, lo que es más lógico y todavía no se ha hecho con intensidad, es una mayor coordinación entre comunidades autónomas. ”Una cosa es que yo te quite la competencia -donde yo decido como Estado central- y otra que la Conferencia de Presidentes Autonómicos coordine la actividad de las comunidades autónomas”. El experto además recuerda que nuestro régimen jurídico no está pensado para hacer frente al Covid, “está pensado de modo muy ambiguo para que pueda haber una respuesta a algo que desconocemos”, esto provoca que como la labor del juez y sus elementos son muy indeterminados, “puede dar lugar a respuestas muy distintas respecto a las medidas que toman las comunidades”. De ahí, que también proponga, hacer una ley específica para la pandemia del Covid que reduzca el margen de interpretación de los jueces en este tema.