El PP propone que los funcionarios de prisiones sean Agentes de la Ley

Más de 15.000 funcionarios de Instituciones Penitenciarias se verán beneficiados si llega a prosperar una Proposición de Ley registrada ayer por la portavoz Cuca Gamarra que pretende reconocer a estos trabajadores públicos carácter de Agentes de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones.

En su exposición de motivos, el texto de esta iniciativa legislativa, al que ha tenido acceso este diario, explica que solo en 2019 el Ministerio del Interior ha registrado 239 ataques a funcionarios de prisiones, «por lo que resulta imprescindible establecer iniciativas eficaces para la prevención y actuación ante las agresiones que sufren los citados funcionarios en su interacción con los internos en el desempeño de su puesto de trabajo».

En estos momentos, tanto la Ley Orgánica General Penitenciaria como el Reglamento Penitenciario establecen que los funcionarios hacen cumplir disposiciones que emanan de la autoridad pero «actuando siempre por delegación o en nombre de ésta», aunque lo cierto es que ninguna norma les concede el estatus explícito de «Agentes de la Autoridad».

Para corregir esta singularidad se propone adoptar medidas legales para que –más allá de la protección que actualmente ya les concede el Código Penal– se les reconozca a los funcionarios de los Cuerpos Penitenciarios la condición de autoridad pública «con la consecuente responsabilidad, respeto y pulcritud con la que son obligados por su parte en el uso y aplicación de las facultades que le son atribuidas». Por ello se propone que el Congreso apruebe modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, concretamente su segundo apartado, así como añadir un nuevo párrafo en el que se remite al Código Penal en todo lo referente a agresiones contra estos funcionarios.

No es la primera vez que el PP lleva a cabo una iniciativa encaminada a fortalecer la posición de los funcionarios de prisiones. El pasado mes de marzo el partido liderado por Pablo Casado pidió al Gobierno en el Congreso dotar a los trabajadores de Instituciones Penitenciarias de la condición de agente de la autoridad de forma transitoria, hasta que se extinguiera el estado de alarma decretado por la crisis del coronavirus. Según se recalcó entonces, ya antes era necesario este paso, ahora es «imprescindible y urgente» esta «especial protección» en el ejercicio de sus funciones ante la situación que se vive en las cárceles.

Según el PP, el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido que vienen «arrastrando una situación de total escasez de medios humanos, materiales y de la seguridad jurídica necesaria para desempeñar una labor esencial para el Estado como es la de los trabajadores penitenciarios». Asimismo, el Grupo Popular recuerda que ya en 2018 llevó a la Cámara Baja una proposición de Ley para declarar a los funcionarios de prisiones como agente de la autoridad y que, según añade, «fue bloqueada mediante la argucia de no designar ponentes para comenzar su tramitación».