El CGPJ advierte al Gobierno que reaccionará si pretende una reforma judicial que pueda ir contra la Constitución o los valores de la UE

Más de tres horas se prolongó ayer el Pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial celebrado a instancias de siete vocales “conservadores”- José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán, Nuria Abad, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona- que querían que el órgano de gobierno de los jueces y magistrados se pronunciara sobre la Proposición de Ley presentada por PSOE y Podemos para rebajar a mayoría absoluta la elección de los 12 vocales del turno judicial si en primera votación los candidatos no lograban el respaldo de los 3/5 de Congreso y Senado.

Finalmente, el Consejo aprobó con 13 votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones una declaración institucional en la que se señala que, tras tener constancia de esa reforma ha quedado paralizada la iniciativa “que ha suscitado la controversia”, no es necesario que realice ningún tipo de “opinión” sobre la Proposición de Ley presentada por PSOE y Unidas Podemos ni por la del Partido Popular. El acuerdo fue adoptado por 13 votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones, aunque “en el fondo” únicamente estaban en contra tres. Las discrepancias del resto radicó en la forma de expresar la opinión y el momento elegido

Los vocales que se opusieron a la declaración aprobada fueron Álvaro Cuesta, Pilar Sepúlveda –nombrados a instancias del PSOE–, Concepción Sáez –por IU– y, por motivos distintos Carmen Llombart –propuesta por el PP; mientras que los que optaron por votar en blanco fueron cuatro de los promotores el Pleno extraordinario: Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Martínez Moya, Juan Manuel Fernández y Gerardo Martínez Tristán, quienes consideran insuficiente el texto aprobado y sostenían que debía aprobarse una declaración donde constase de forma clara el rechazo al contenido de la reforma presentada por los socios de Gobierno.

En el acuerdo se deja claro, eso sí, la “preocupación” ante cualquier reforma judicial para garantizar que sea “exquisitamente conforme con la Constitución y con el Derecho de la Unión Europea”. Y, por ello, anuncia que se mantendrá “atento a la evolución de los acontecimientos para expresar su opinión fundada en caso de que entienda que cualquier iniciativa que se retome o se plantee para la reforma" de la elección de los vocales del turno judicial “pueda ser contraria a la Constitución o los valores fundamentales en los que se sustenta la Unión Europea”.

Por otro lado, el CGPJ pide nuevamente que la renovación del este órgano constitucional -el cuatro de diciembre cumpliría dos años de retraso- se lleve a cabo “a la mayor brevedad posible, contribuyéndose de esta manera a la plena normalidad constitucional”