El equipo de Puigdemont arremete contra la Justicia española en el proceso del suplicatorio

Según los letrados, el Tribunal Supremo no es competente para juzgar a los políticos independentistas. Los trámites para el posible levantamiento de la inmunidad han comenzado esta mañana

Tras meses de parálisis por la pandemia del coronavirus, el proceso de suplicatorio para levantar la inmunidad del ex presidente Carles Puigdemont y los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí ha arrancado esta mañana con un primer debate en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara en el que no han participado los afectados, quienes deberán esperar a una segunda cita en el mes de diciembre para explicar sus argumentos ante los eurodiputados. Esta reanudación de suplicatorio ha sido posible después de que los servicios jurídicos de la Eurocámara avalaran un régimen semi presencial de las audiencias. Todos los encuentros de esta comisión serán a puerta cerrada.

En caso de que esta inmunidad sea levantada, tanto Puigdemont como los ex consellers continuarán siendo eurodiputados, pero se reanudará el proceso en los tribunales belgas para dirimir si los políticos independentistas deben ser entregados a España dentro de proceso de la euroorden.

Tal y como ha sucedido durante toda la estancia de Puigdemont en Bélgica, la defensa del ex president va a aprovechar estas nuevas circunstancias para desacreditar ante las instituciones comunitarias y la opinión pública europea a la justicia española. En el argumentario elaborado por los letrados de Puigdemont se esgrime que el Tribunal Supremo no es competente para juzgar a los políticos independentistas y que los cargos de los que se les acusan no están bien fundamentados. Además, se mantiene que el único objetivo del proceso reside en la persecución política ya que en España no se podrá garantizar un juicio justo para los políticos secesionistas.

El equipo de los abogados independentistas va más allá y también mantiene que el propio procedimiento en la Eurocámara no está respetando los derechos de sus clientes. Según estas fuentes, la presencia de eurodiputados españoles en esta comisión es desproporcionada (8 en total entre titulares y suplentes) y se ha designado al mismo ponente para los tres procedimientos de inmunidad, el búlgaro Angel Dznambazki, perteneciente al Grupo Conservador y Reformista en cuya familia política se encuadra Vox, cuando se debería haber elegido uno diferente para cada caso.

A pesar de estas quejas, el propio equipo de la Defensa reconoce que no existen nomas para limitar el número de eurodiputados de una nacionalidad en las diferentes comisiones. En todo caso, las mismas fuentes un dudan en afirmar que acudirán ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no se respetan los derechos de sus clientes durante la tramitación de este suplicatorio.

A pesar del retraso debido a la pandemia, fuentes parlamentarias subrayan que el proceso ha avanzado mucho en los últimos meses y que el ponente encargado del informe ya cuenta con más de 4.000 páginas de documentación que consisten principalmente en resoluciones judiciales sobre la causa, con traducciones a los 15 idiomas oficiales de la Unión. Toda esta documentación es confidencial.

Según las mismas fuentes, una vez iniciado el proceso, éste llevará “cuatro o cinco meses como muchísimo”. Tras la redacción y aprobación del informe elaborado por el ponente, éste será votado en la próxima sesión plenaria de la Eurocámara por mayoría simple sin ningún tipo de debate previo, ni público ni privado.

En el pasado mes de agosto, la justicia belga se pronunció en primera instancia en contra de conceder la extradición del ex conseller Lluis Puig al considerar que el Tribunal Supremo no es el órgano competente para realizar esta petición.