Los mossos investigados por la fuga de Puigdemont no quieren que se identifique a la comitiva que "confundió" a los agentes

Los tres mossos investigados por la fuga de Carles Puigdemont en agosto del pasado año en Barcelona no quieren que la instructora ordene identificar a los integrantes de la comitiva política de Junts que «confundió» a la Policía catalana hasta el punto de que el responsable del operativo aseguró en el juzgado que fue una de las causas principales que impidió su detención. Su defensa se ha opuesto a la petición de Hazte Oír, que ejerce la acusación popular, de que se identifique a los miembros de la misma, cuya actuación –considera el letrado de la asociación, Javier María Pérez-Roldán– fue «fundamental para confundir a los agentes y facilitar la huida».

Pero los abogados de los tres agentes, Isabel Elbal y Gonzalo Boye, se quejan a la magistrada María Antonio Coscollola de que acceder a esa pretensión supone avalar una investigación «prospectiva» y una «causa general» por razones meramente «ideológicas», «criminalizando» así el derecho fundamental a la libertad de expresión de los asistentes al acto independentista.

En el escrito remitido a la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona, la defensa de los agentes imputados por encubrimiento atribuye a la acusación popular una «manipulación» de la declaración judicial del jefe de Información de los Mossos, Carles Hernández, para justificar la necesidad de ordenar esa identificación. Según expone, aunque el testigo aludió a la «confusión» que generó en los agentes la concentración masiva de ciudadanos que acompañaron al expresident, en su llegada al estrado situado en el Arco del Triunfo y al abandonarlo, y también el «nutrido grupo» de políticos que se dirigieron al Parlament, entre los que pensaron se encontraba Puigdemont, resalta que «en ningún momento» dijo que actuaran «intencionadamente» para facilitar su huida. El mando de la Policía autonómica aseguró en el juzgado que la comisión de políticos «hizo una especie de cápsula que generó la confusión» en el dispositivo que debía detener al líder de Junts.

De ahí que, se queja, autorizar la identificación de los asistentes, entre ellos los representantes políticos «no supone otra cosa que pretender transformar» el procedimiento en «una causa general en la que los hechos no importarían», sino únicamente «la adscripción ideológica de los asistentes». «Criminalizando así», denuncian los letrados de los investigados, «su participación en una concentración o manifestación del derecho fundamental a la libertad de expresión».

"Inadmisible"

Para la defensa de los imputados, resulta «inadmisible» que la acusación popular –que recientemente ha conseguido que la Audiencia Provincial le dé la razón y ordene rastrear, en contra del criterio de la instructora, si los tres mossos intercambiaron mensajes con Puigdemont– sustente su petición en que «el testigo diga lo que no ha dicho».

En el escrito también se opone a la petición de Hazte Oír de que la instructora reclame todas las grabaciones (drones incluidos) que se efectuaron ese 8 de agosto de 2024 y que cite a declarar a un mosso d´Esquadra que no fue capaz de identificar el coche en el que huyó Puigdemont porque según la acusación popular «diversas personas le pararon para entorpecer su labor».

El abogado de Hazte Oír solicitó a la magistrada que investiga estos hechos que instara a los Mossos a identificar al «máximo número posibles de personas» que formando «piña» y actuando «de forma tumultuaria o fingiendo acompañar a Puigdemont al Parlamento pudieron actuar» como colaboradores necesarios del delito de encubrimiento que se investiga. La intención de Pérez-Roldán es que sean citados a declarar como imputados o, en su defecto, como testigos.

En el escrito en el que solicitaba la medida, Hazte Oír aseguraba que resulto «evidente» que la «maniobra de distracción» que llevaron a cabo «conscientemente los responsables políticos» que acompañaban al político independentista (junto a la actuación ciudadana) constituyeron «elementos clave para conseguir» que el líder independentista esquivase la orden de detención contra él del magistrado Pablo Llarena.