El PSOE busca dividir a la concertada en su apoyo a la «Ley Celaá»

Tras su aprobación en el Congreso, el nuevo argumentario de los socialistas tacha de «populistas» las movilizaciones

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, durante una sesión en el Congreso de los Diputados
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, durante una sesión en el Congreso de los DiputadosPOOL. David Castro/El Peri�dico de Catalu�a POOL. David Castro/El Peri�dico

Mientras el proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE, la Lomloe, más conocida como Ley Celaá, va camino del Senado para cumplir su trámite parlamentario antes de su aprobación definitiva; el PSOE comienza una campaña para destacar los beneficios de esta norma que intenta dejar atrás la LOMCE de 2013 –la Ley Wert– y rescata clásicas propuestas que los socialistas establecieron en la LOE (Ley Orgánica de Educación) de 2006 que sigue siendo el texto básico al que se le han añadido enmiendas y propuestas: «Frente al beneficio de unos pocos que defiende el PP, la nueva Ley de educación blinda la igualdad de oportunidades en la escuela y parte de la posición de que la excelencia y la eficacia del sistema educativo no pueden entenderse sin reforzar la equidad». Es la baza principal según un documento interno al que ha tenido acceso LA RAZÓN y que ha distribuido José Luis Ábalos como Secretario de Organización junto a Santos Cerdán, secretario responsable de las relaciones entre el partido y el Gobierno.

En su documento de «toma de postura», los socialistas presentan la ley como fruto de un apoyo sin precedentes –seis partidos, aunque tres están en la órbita de Podemos– y la relacionan directamente con la aprobación de los presupuestos para poder «invertir 5.697 millones en educación, formación profesional y becas». De hecho, no fue aprobada ninguna enmienda fuera de estos partidos. Tomando distancia con el PP, al que según los socialistas está obsesionado con «la preferencia por la educación privada, la religión y la recentralización»; la Ley Celaá se enmarca en las exigencias europeas e internacionales, adoptando las prioridades de la Agenda 2030. Así promete dar un vuelco a las cifras de abandono escolar del sistema educativo haciendo que las «evaluaciones-diagnóstico en 4° de Primaria y 2° de ESO» sean meramente internas, limitando las posibilidades de repetir o rebajando las exigencias para titular al final de cada etapa.

Junto al PP, el otro gran foco de críticas del argumentario de Ferraz es la escuela concertada. La nueva ley presenta como formada por una serie de centros educativos alejados de su función social.

Según el PSOE, «la Lomloe refuerza la función social de la educación sostenida con fondos públicos. Equipara y garantiza en obligaciones a la enseñanza concertada y a la pública dado que ambas prestan el servicio público educativo». Y es que, para los socialistas, «la campaña populista que hemos visto no representa a toda la concertada»; algo que contrasta con la realidad ya que por primera vez se han unido en una plataforma, como ha sido el caso de Más Plurales, que agrupa a la práctica totalidad de las entidades vinculadas a este modelo educativo con distintas sensibilidades y sienta en el mismo banco a patronal, familias o sindicatos. «Protestan los que van a perder los privilegios que les dio el PP, no la concertada que cumple con sus fines sociales y es de interés público», señala el documento interno del partido que acude a la táctica del divide y vencerás para que no se produzca una huelga similar a la que la escuela pública organizó durante la tramitación de la conocida como Ley Wert.

Clama el documento: «Se acabó deteriorar la pública para favorecer la concertada. Durante su gobierno, el recorte del PP en la escuela pública fue diez veces superior al del sector concertado». Unos datos que la patronal desmiente y que, sin embargo, sirven a los socialistas para sacar pecho ante la nueva ley prometiendo el fin de las cuotas obligatorias –que ya eran ilegales antes de la Lomloe–. Realmente, el cambio que sí asesta una puñalada de muerte es el hecho de que las autonomías puedan intervenir en la demanda de estos centros.

Para ello, el documento vende la decisión de las familias como privilegio: «La llamada “demanda social” que introdujo el PP para beneficiar a grupos empresariales ajenos a la educación. Fue la que ocasionó una de las tramas corruptas del “caso Púnica”. El PP nunca prioriza la demanda de escuela pública y pone obstáculos a su crecimiento, como hace en Madrid, saturando sus aulas y depreciando su imagen para que las familias no la elijan», destacan los socialistas en una caricatura que poco tiene que ver con estos centros.