Un tribunal tumba un contrato de Irene Montero por discriminación de género

Varapalo para el ministerio que dirige Irene Montero. La resolución de un tribunal administrativo ha obligado al Ministerio de Igualdad a modificar el pliego de condiciones técnicas de una licitación pública al entender que impone criterios de género en sus requisitos ya que señala que ciertos trabajadores tienen que ser específicamente mujeres.

Según publica El Confindecial, una de las empresas concurrentes denunció ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que en los pliegos existía una discriminación y éste le ha dado la razón, obligando al Ministerio a modificar el contrato.

En concreto, la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, que dirige Noelia Vera, ex portavoz de Podemos, sacó a concurso la licitación el 9 de marzo de 2020 con el objetivo de cubrir el servicio 016 de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género. El contrato en cuestión se licitaba con unvalor estimado de 7.851.239,65 euros.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) establecía los siguientes cálculos de costes del contrato: “Dentro de los costes directos de personal se ha contemplado la siguiente estructura de personal y unidades de tiempo: Un/a coordinador/a; Una persona responsable de formación, calidad y supervisión psicológica de los efectivos del servicio; Una Coordinadora del servicio de información general; Quince operadoras; Ocho psicólogas o trabajadoras sociales; Una coordinadora del servicio de asesoramiento jurídico y Ocho asesoras legales. Es decir, de los 33 puestos ofertados, 31 de ellos tenían que ser obligatoriamente cubiertos por mujeres.

Una de las empresas interesadas, Innova, presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. La empresa señaló que en el Pliego de Prescripciones Técnicas, existía una discriminación por razón de género, “con preferencia de la mujer”.

El tribunal emitió una resolución en la que empieza citando e artículo 14 de la Constitución (que consagra la igualdad ante la ley y prohíbe discriminaciones por sexo) y la ley de Igualdad de 2007, lo que obligó al Ministerio a sacar a concurso el contrato rectificado.