Podemos, PNV e independentistas exigen acabar con la “imposición” del castellano en la Administración

Unidas Podemos, ERC, Bildu, PNV, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís, CUP y BNG han registrado conjuntamente una proposición no de ley (PNL) en el Congreso que insta a poner fin al “imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal” y que se permita el uso de las diferentes lenguas del país en instituciones nacionales con independencia de su ubicación. Entre ellas, citan las Cortes Generales (Congreso y Senado), así como en el Tribunal Constitucional, el Supremo y la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y empresas públicas como Radio Televisión Española.

La iniciativa parlamentaria para su debate en el Pleno del Congreso, también exige que se garantice el deber de conocer la lengua propia de los funcionarios que presten servicio en dichos territorios. Además, estas formaciones reclaman que se apoyen las reformas estatutarias para que se reconozca la oficialidad de las lenguas propias del país que aún no han obtenido esa condición, como es el caso de Asturias.

Los diez grupos firmantes de la iniciativa explican en su PNL que España debe cumplir con los acuerdos internacionales que ha ratificado, como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritaria, así como la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos o el Protocolo para la Garantía de los Derechos Lingüísticos.

En esta línea, exhortan al Congreso para que se garantice la diversidad lingüística y el pluralismo, dado que el Estado “debe ser excluyente con todas las discriminaciones, sea cual sea su razón, también la lingüística”. “Este Estado, que parte de una tradición monolingüe en la administración central, debe ser consciente de la situación de discriminación a la que han sido sometidos los habitantes de estas lenguas y generar políticas activas de la recuperación de su dignidad y autoestima que permitan el ejercicio efectivo de sus derechos lingüísticos”, razona la proposición, que recoge Ep.

Por tanto, estas formaciones demandan que se inicien todas las acciones pertinentes para que las lenguas propias distintas al castellano “gocen del mismo reconocimiento”, y sus habitantes “de los mismos derechos y deberes que reconocen al castellano”. Así, reclaman que se garantice el “deber de conocimiento por parte del funcionariado que presten servicios en territorios con lengua propia, así como las medidas adecuadas para extender el conocimiento generalizado de las lenguas de los respectivos territorios”.

También instan a “asumir la realidad plurilingüe y garantizar que la administración del Estado funcione en las diferentes lenguas independientemente de su ubicación física, entre otros, en las Cortes Generales, los tribunales Constitucional, Supremo y la Audiencia Nacional u organismos como la Agencia Tributaria, o la Seguridad Social”. Criterio que extienden, a su vez, a otras empresas o entidades públicas como RTVE.

Junto al impulso de reformas estatutarias en aquellos territorios con lengua propia sin rango de cooficialidad, piden que el Estado garantice la capacitación de las lenguas propias del personal de todas las administraciones públicas, incluida la Justicia, y el uso generalizado en las páginas oficiales, así como el “reconocimiento internacional” de estas lenguas en “paridad con el castellano”.

De esta forma, han llamado a poner fin a la “imposición legal exclusiva” del castellano en la normativa estatal, que afecta “de manera frontal al ámbito económico y singularmente al etiquetado”. Frente a ello, exigen la puesta en marcha de una política que termine con esta “discriminación” y fomente el conocimiento de otras lenguas. Finalmente, instan a que se permita el uso administrativo de las distintas lenguas, “entre territorios del mismo espacios lingüístico, dentro y fuera de las fronteras administrativas” y que se suscriban acuerdos “para la recepción recíproca de los medios de comunicación dentro de esos espacios lingüísticos”.