Reforma del CGPJ

Venceréis pero no convenceréis

El primer paso para conseguir romper un Estado de Derecho es debilitar y politizar al Poder Judicial

Reunión del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva en funciones desde diciembre de 2018
Reunión del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva en funciones desde diciembre de 2018Cristina BejaranoLa Razón

Existe indignación en la Justicia española por el comportamiento que está teniendo el Gobierno de coalición socialcomunista, que compromete y pone en riesgo la independencia de la Justicia.

Se está provocando un peligroso desequilibrio entre los poderes del Estado y una injerencia preocupante del Gobierno en la Justicia. Esto ha provocado que la mayoría de asociaciones judiciales españolas, europeas y latinoamericanas hayan formulado protestas por la clara deriva autoritaria del nuevo «movimiento sanchista».

Estas actuaciones comenzaron con el nombramiento realizado por el Gobierno de la fiscal general del Estado, que hasta ese momento había sido ministra de Justicia y diputada del Partido Socialista. Si bien este nombramiento causó preocupación, son también muy graves las propuestas de reformas legislativas que afectan al órgano de gobierno del Poder Judicial.

Por un lado, están impulsando una reforma legislativa para reducir la mayoría necesaria para la elección de los vocales del Consejo que son de extracción judicial. En contra de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional.

Y más recientemente, el Gobierno ha amenazado con otra reforma para impedir que el Consejo General del Poder Judicial pueda realizar nombramientos discrecionales mientras no se produzca su renovación, inmiscuyéndose de nuevo en la normal actividad de otro poder del Estado. Esta reforma ha provocado una clara protesta de 16 vocales del CGPJ, de distintas sensibilidades judiciales, que han firmado un manifiesto exigiendo que esta reforma sea consultada con la Comisión de Venecia y el Consejo de Europa.

Ya en su momento, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) mostraron su preocupación por la reforma en el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces en España, ya que puede suponer una violación de las normas anticorrupción, asemejándose a las reformas impulsadas en Polonia y Hungría, convirtiendo al Gobierno de España en un candidato a formar parte del dudoso club de países con un poder judicial debilitado. Una triste foto en la que se verán incluidos tanto Sánchez como Iglesias.

Hay que tener presente que desde Europa se ha advertido a los países de la Unión de que no recibirán dinero de los fondos europeos aquellos que realicen reformas que pongan en peligro la independencia del Poder Judicial. La soberbia del tándem Sánchez-Iglesias está poniendo en peligro la economía española. No respetar la división de poderes es algo que va contra la democracia.

Durante estos días hemos oído frases contra los jueces llamándoles miembros de las cloacas, golpistas, franquistas, prevaricadores, violadores de derechos humanos, comprados por el Partido Popular y delincuentes, con el silencio del partido de gobierno, y eso ataca claramente los principios democráticos. Por tanto, esos ataques realizados contra el Poder Judicial son una irresponsabilidad, sobre todo del movimiento «sanchista», que los está consintiendo de forma callada y cobarde.

El primer paso para conseguir romper un Estado de Derecho es debilitar y politizar al Poder Judicial, garante del orden constitucional, de la convivencia en paz y de la protección de los derechos y libertades.

El Gobierno y sus socios blanqueados tienen mayoría, pero como dijo Unamuno, «venceréis pero no convenceréis».