El CGPJ se «enfrenta» al Gobierno por su intento de amordazarles

El Consejo General del Poder Judicial decidió ayer plantar cara a la Proposición de PSOE y Unidas Podemos para evitar que el órgano de gobierno de los jueces y magistrados de limitar sus funciones para que no puedan realizar nombramientos discrecionales desde que venza el mandato hasta que se produzca su renovación. Y plantó cara a los socios de Gobierno con dos decisiones «directas» al núcleo de la citada Proposición de Ley: el nombramiento para cubrir cuatro plazas que llevaban vacantes desde 2019 y con el acuerdo de instar al Congreso a que antes de tramitar la iniciativa de los partidos que sustentan al Ejecutivo se pida informe tanto al propio Consejo como a la Comisión de Venecia, órgano dependiente del Consejo de Europa. Y un dato más que debe llevar a la reflexión: tanto los nombramientos como el acuerdo citado fueron aprobados por una amplísima mayoría y no sólo por los vocales «conservadores», toda vez que algunos que fueron propuestos en su día por el PSOE votaron con la mayoría.

En cuanto a los nombramientos, tal como avanzó este diario ya el pasado lunes, el GPPJ designó los titulares para presidir las Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, así como la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Asturias y la presidencia de la Audiencia Provincial de Cáceres. Para la Sala Social de las dos primeras plazas fueron designados José Pablo Aramendi y María José Renedo, respectivamente; mientras que para la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Asturias el designado fue David Ordóñez, y para presidir la Audiencia de Cáceres el Consejo avaló a Joaquín González Casso.

Tres de los cuatro nombrados obtuvieron el respaldo de 18 de los 21 miembros del CGPJ, mientras que el cuarto contó con 17. De esta forma, existió un amplio consenso en que el Consejo no podía dejar de ejercer sus funciones y debía realizar los nombramientos pendientes, aunque todavía están sin elegir a quienes presidirán los TSJ del País Vasco y Canarias.

Un consenso casi idéntico tuvo la propuesta presentada por seis vocales – José María Macías, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Martínez Moya, Wesceslao Olea, María Victoria Cinto y Rafael Fernández Valverde– para que el Congreso pida informe antes de tramitar la citada Proposición de Ley tanto al propio CGPJ como a la Comisión de Venecia, es decir, al Consejo de Europa. En concreto, la propuesta contó con el respaldo de 16 votos a favor y cinco en contra: los del ex diputado del PSOE Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez. A favor votaron todo el ·grupo conservador» y los «progresistas» Roser Bach, Enrique Lucas, María Victoria Cinto y Mar Cabrejas, quienes en su día fueron propuestos por el PSOE o PNV, en el caso de Enrique Lucas.

Además de instar a la cámara baja a que solicite informes tanto al CGPJ como al Consejo de Europa, el Consejo pone de manifiesto también ante el Congreso la necesidad de dar audiencia a todos los agentes afectados por la reforma propuesta, «en particular las asociaciones de jueces y fiscales, así como a las demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la Justicia». Y, junto a todo ello, se da traslado del acuerdo adoptado a la Red Europea de Consejos de Justicia (RECJ) «a los efectos oportunos».

El Consejo reconoce que no existe obligación por parte del Congreso de solicitar esos informes. Sin embargo, dada la «trascendencia constitucional de la modificación propuesta y la exigencia de «interpretación conforme» con el Derecho de la Unión Europea que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)», que demandan que toda iniciativa legislativa –cualquiera que sea su origen- que, como la planteada por los dos socios de Gobierno, delimite los aspectos esenciales del estatuto de los miembros del poder judicial o que afecte al estatuto o a las funciones de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial, «deba tramitarse dando audiencia a todos los sectores implicados».

Por otro lado, el CGPJ vuelve a instar a los partidos, es decir, PSOE y PP, a lograr un acuerdo que haga posible su renovación.