Indultos con todo en contra

El Gobierno prepara ya el terreno en la opinión pública para el posicionamiento que tendrá que adoptar el Consejo de Ministros, en los próximos «meses», sobre la resolución de los indultos a los líderes del «procés». Desde Moncloa se ha iniciado una importante campaña de pedagogía, de manera que no se estigmatice la medida de gracia, en paralelo a una desacreditación de los informes desfavorables para su concesión que están llegando de las instancias judiciales pertinentes. En este sentido, desde el Gobierno se recuerda con asiduidad que el del indulto es «un derecho que está regulado, un derecho de gracia que tienen todos los hombres y mujeres» y que, una vez solicitado, el Ejecutivo tiene la obligación de tramitarlo. En caso contrario, habría prevaricación, resumen. Dentro de esta tramitación obligada está previsto el pronunciamiento de, entre otros actores, la Fiscalía y el tribunal sentenciador, el Tribunal Supremo. La Fiscalía se ha mostrado partidaria de rechazarlo y, desde entonces, en el Ejecutivo han iniciado un cuestionamiento abierto y constante de su dictamen. El primero en hacerlo fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que dejó caer que no se atenía a criterios «técnico-jurídicos», sino a cuestiones políticas, y la vicepresidenta Carmen Calvo confirmó ayer esta posición.

Calvo deslizó, en una entrevista en «La hora de la 1» de TVE, que el Ministerio Público se ha excedido en sus atribuciones, señalando además que su informe «abunda en la posición contraria de la propia Sala Segunda», porque «identifica un delito que nuestro Tribunal Supremo no identificó». «En un informe se pueden colocar muchas cosas dentro de las competencias, o incluso fuera de las que se tienen”, apostilló, sembrado dudas sobre una eventual extralimitación. En esta línea, la vicepresidenta del Gobierno recordó que el Consejo de Ministros puede decidir en función de lo que emiten los informes o al contrario» de los mismos, calificando de «total normalidad» que el Ejecutivo desoiga las recomendaciones tanto de la Fiscalía como del Supremo. «Tienen un contenido diferente por cuanto estos condenados lo han sido por hechos que influyen en la política, pero no dejan de ser indultos que se van a tramitar en los mismos términos» que se hacen otros habitualmente por parte del Gabinete.

Y es que la papeleta que tiene el Ejecutivo no es nada fácil y es consciente que les lloverán las críticas de uno u otro lado de la bancada política según sea su decisión. Pero, en todo caso, le dejaría en una situación muy incómoda ante sus socios de Gobierno y los «partidos de la investidura» si rechaza otorgar la medida de gracia a Oriol Junqueras y al resto de condenados.

A la vez no resultará nada fácil explicar a la opinión pública como indulta a quienes, según la sentencia del Supremo, cometieron hechos de una relevante gravedad con los que pretendían independizarse de forma unilateral de España. No lo será por los hechos en sí y porque tampoco es común ni habitual que se otorguen indultos con los informes contrarios de Fiscalía y tribunal sentenciador.

De hecho, en el medio centenar de indultos otorgados desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa sólo en dos ocasiones se concedieron con los informes contrarios del Ministerio Público y del tribunal que sentenció. Los dos fueron otorgados en el primer semestre de 2019.

En los seis primeros meses de este año se han resuelto 1.240 expedientes de indultos, de los que se han otorgado al menos diez de ellos y todos afectaban a penas de prisión pero no a las accesorias, como multas económicas o inhabilitación. Sin embargo, hay un dato un tanto revelador y que abonaría la tesis de que el criterio del fiscal y/o juez no tiene en modo alguno un peso relevante: dos de los cinco indultos otorgados el pasado día 15 contaban con la oposición de la Fiscalía.

El pasado año, el Gobierno concedió 39, de los que 30 contaban con informes favorables al indulto tanto del Tribunal sentenciador como del Ministerio Fiscal; otros cinco tenían el informe desfavorable de Fiscalía; en otros dos se posición en contra el tribunal sentenciador y en los dos restantes tanto el Ministerio Público como el tribunal se opusieron a los indultos. De los 2.261 indultos denegados, el 89 por ciento tenían los Informes desfavorables del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal.

Pero también hay una «ventana» abierta para que el Gobierno no se vea en esta tesitura: la reforma del Código Penal en lo que afecta al delito de sedición. Si la rebaja de la pena del citado delito fuese notable –situándose entre los cinco y seis años de prisión como máximo–, la mayoría de los condenados, al fijarse las nuevas penas de acuerdo con la nueva tipificación de la sedición– cumpliría la mitad de la condena en pocos meses, lo que facilitaría su clasificación en tercer grado y acercaría mucho el acceso a la libertad condicional.

Sin embargo, esta opción tendría un «inconveniente» para los independentistas: No podrían ocupar cargos públicos ni presentarse a ninguna cita electoral hasta tener cumplido la pena de inhabilitación especial, es decir, varios años más. Por ello, la única opción para que pudiesen «reincorporarse» a cargos públicos la única vía sería el indulto.

Pero no sólo el Gobierno de Sánchez ha indultado a condenados con los dos informes en contra –los del «procés» sería el tercero–. El Ejecutivo de Mariano Rajoy hizo lo propio en 2012 con los cuatro mossos d’esquadra fueron condenados en 2009 por delitos contra la integridad moral, torturas y lesiones a penas que oscilaban entre los cuatro años y siete meses y seis meses de prisión. En este caso, tanto la Fiscalía como la Audiencia Provincial de Barcelona se mostraron también en contra de que se les otorgase esa medida de gracia, al igual que con los condenados por sedición por el Tribunal Supremo en relación con el referéndum ilegal del 1-O.