Vocales progresistas acusan al CGPJ de alinearse con la “estrategia política” de quienes bloquean la renovación, en alusión al PP

Los vocales “progresistas” del Consejo General del Poder Judicial Álvaro Cuesta -exdiputado del PSOE-, María Concepción Sáez, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Rafael Mozo han cargado muy duramente contra el acuerdo por el Pleno la pasada semana, con 16 votos a favor y cinco en contra, en el que se instaba a la Mesa del Congreso a “reconsiderar” su decisión, avalada con los votos de PSOE y Unidas Podemos, y no continuar adelante sin pedir informe al propio CGPJ y a la Comisión de Venecia, con la reforma que limita las funciones del Consejo cuando éste se encuentre en funciones, una vez vencido su mandato. Estos vocales sostienen que ese acuerdo “no respeta la separación de poderes”, no tiene competencias para realizar esa exigencia y supone “una confrontación gratuita, infundada e impropia en términos constitucionales y de separación de poderes, contra la Mesa del Congreso de los Diputados”.

Pero van incluso más allá y sostienen que quienes apoyaron el acuerdo, en la práctica da toda la apariencia de que se alinean, “como coadyuvante o postulante, con la estrategia política y parlamentaria de quienes están bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o tienen una gran responsabilidad en ello”, en clara alusión al PP

En cuanto a la separación de poderes, estos vocales sostienen que ni la Constitución, ni nuestro sistema jurídico, ni la Ley Orgánica del Poder Judicial “obligan al Parlamento a pedir informe previo sobre el contenido de las proposiciones de ley, sean o no tomadas en consideración, al Consejo General del Poder Judicial”. Y, además, añaden, la Unión Europea “no pide ni exige a España, ni a sus miembros, que las iniciativas parlamentarias de reforma en materia de Justicia, Estatuto judicial, Organización, Procedimientos o Derechos Fundamentales se sometan previamente a informe de los Consejos Superiores de la Magistratura

El problema que debería ocupar al Consejo no es si una proposición de ley se somete o no a consulta previa, o se tramita por el trámite de urgencia, sino que, sostienen esos cinco vocales, en realidad el El problema de fondo es que por “causa de una inconstitucional y reprochable actitud de bloqueo que impide la renovación en plazo del CGPJ, se está violando la Constitución”, desprestigiando al Parlamento y a órganos constitucionales como el propio Consejo, “pretendiendo atentar contra la independencia del Poder Judicial, o como mínimo, contra las condiciones más adecuadas para que los Jueces y Juezas españoles puedan desarrollar su trabajo”.

Tal bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial es un intento de “manipular por la puerta de atrás” el órgano constitucional, así como un “desprecio intolerable a esta Institución y al principio democrático de la separación de poderes, además de una gravísima desconsideración a los derechos y expectativas quienes hace ya más de dos años presentaron sus candidaturas, cumpliendo todos los requisitos legales, para la renovación de este Órgano Constitucional

Por ello, esgrimen que el CGPJ no tiene entre sus competencias “la ordenación de los debates parlamentarios”, por lo queel acuerdo no es ni más ni menos que “una confrontación gratuita, infundada e impropia en términos constitucionales y de separación de poderes, contra la Mesa del Congreso de los Diputados en su condición de órgano rector de la Cámara y representante de la misma.

Y, con ese acuerdo, concluyen, el CGPJ ha perdido “toda apariencia de imparcialidad, pues refleja una falta de respeto por el ámbito propio de las competencias y de la legitimidad del Poder Legislativo, interfiriendo en el debate parlamentario, y en la facultad de organización del mismo por el órgano legítimo del Congreso de los Diputados”. En este sentido, todo hace aparecer que el Consejo “se alinea, como coadyuvante o postulante, con la estrategia política y parlamentaria de quienes están bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o tienen una gran responsabilidad en ello”.

La conclusión a la que llegan estos vocales es que exigir que el Congreso escuche antes de continuar con la tramitación de su reforma al CGPJ y al Consejo de Europa, supone un “menosprecio muy grave a la credibilidad de España y de sus instituciones democráticas, atentando contra la dignidad del Parlamento español, situándolo al margen del Estado de Derecho”.