José Manuel Villarejo quiere que su entrevista en la cárcel de Estremera (Madrid) con tres diputados de Vox sobre la “operación Kitchen” -que la formación de Santiago Abascal prevé celebrar mañana mismo- se lleve a cabo en la sala de autoridades, y no en un locutorio, que se pueda grabar y transcurra sin “suspensión, intervención ni restricción administrativa alguna”. Villarejo quiere además que esté presente su abogado.

Así lo ha solicitado su defensa, que ejerce el letrado Antonio García Cabrera, en un escrito remitido a la Audiencia Nacional -al que ha tenido acceso LA RAZÓN- en el hace suyas las condiciones en las que, según ha expuesto Vox al juzgado central de vigilancia penitenciaria, debe desarrollarse esa visita encuadrada en lo que se considera “comunicaciones con autoridades o profesionales” en el Reglamento Penitenciario. De ahí que entiende que no puede tener lugar como una comunicación vis a vis habitual (con un cristal por medio) y sin que pueda ser grabada la conversación.

El partido de Santiago Abascal mantiene que esa visita debe celebrarse en “la sala reservada para jueces o asimilados, de la que dispone el centro penitenciario, con una amplitud suficiente para que el encuentro pueda celebrarse con la distancia interpersonal que se recomienda por parte de las autoridades sanitarias, además del empleo de mascarilla”, por parte de los tres diputados de Vox, encabezados por la portavoz parlamentaria de la formación, Macarena Olona, Villarejo y su defensa.

Vox también ha recalcado que “bajo ningún concepto pueden intervenirse las comunicaciones con autoridades y tampoco limitar el derecho de quienes acudimos a grabar el encuentro”. Y recuerda que Villarejo se entrevistó en prisión con periodistas de El País y la grabación del encuentro fue autorizada. “Teniendo en cuenta que esta visita se realiza con la finalidad de incorporar el resultado a nuestros trabajos en la Comisión del Congreso, la grabación de la misma por nuestra parte resulta esencial”, subraya.

Del mismo modo, Vox entiende que las condiciones “no pueden regirse por el mismo régimen que les fue aplicado a los diputado de EH BILDU, porque la misma legislación establece un régimen diferenciado y peculiar para quienes cumplen condena por terrorismo”. En este caso, recuerda, se trata de un “interno preventivo por presuntos delitos que nada tienen que ver con el terrorismo”.