Villarejo sugiere que el CNI “prestó apoyo” en el espionaje a Bárcenas

El comisario jubilado José Villarejo no quiere que el juez del “caso Kitchen” -el supuesto espionaje parapolicial a Luis Bárcenas en 2013- aparte de la investigación determinada documentación, archivos y audios que le fueron intervenidos en noviembre 2019 y que, según él, en ningún caso son “secretos de Estado” o información reservada”, como mantiene Manuel García Castellón.

Su defensa, que ejerce el letrado Antonio Cabrera, ha recurrido en apelación esa decisión del magistrado del pasado 20 de enero, porque entiende que la documentación que se pretende expurgar, en aplicación de la Ley de Secretos Oficiales, incluye unos archivos que considera la “principal y prácticamente única fuente de prueba” contra él y, además, “tiene relación directa con esta investigación”. Con esa decisión del instructor, se queja, se produce una “inaceptable limitación” del derecho de defensa, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo con todas las garantías.

“No se puede expurgar y mucho menos eliminar a espaldas del investigado -argumenta en el escrito remitido hoy mismos a la Audiencia Nacional- ningún material intervenido, porque si el mismo sirve para su imputación, cada vez más desmesurada e incontrolable sin que nadie se atreva a ponerle límites, también habrá de servir a su defensa”.

El letrado argumenta que de la decisión de García Castellón de informar al CNI del contenido de la documentación apartada de la causa, y de que ésta permanecerá en la Audiencia Nacional “custodiada y preservada”, “parece sugerirse que existen indicios documentales que podrían vincular la intervención” del exjefe de la unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas en la operación Kitchen “con el Centro Nacional de Inteligencia o de ese organismo directamente”.

La defensa de Villarejo recuerda que en diciembre de 2018 el Gobierno acordó la desclasificación de toda la documentación sobre la supuesta operación y en relación a las “identidades de todas las personas que hayan participado” en la misma “con indicación de sus tareas y responsabilidades”, así como todos los datos referentes al dispositivo.

Señala al exjefe de Asuntos Internos

El acuerdo, subraya, “no deja lugar a la duda”. Y se queja de que ahora, sin embargo, varios archivos de audio entre Villarejo y Martín Blas, las denuncias cruzadas entre ellos y la investigación del Grupo Cenyt sobre el patrimonio del exresponsable de Asuntos Internos se pretendan apartar del procedimiento.

El abogado de Villarejo aventura que con esa decisión se quiera dejar al margen de la investigación “una parte de la misma” que afectaría a Martín Blas, cuando precisamente uno de los objetivos de Villarejo es “demostrar” la supuesta relación del comisario con la operación, pues sigue manteniendo de que “informaba de sus actividades policiales al Centro Nacional de Inteligencia sin el conocimiento de sus superiores”, pudiendo éste incluso “prestarle apoyo”.

Y hace hincapié en que en sus declaraciones judiciales tanto el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez como el que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y el también comisario Enrique García Castaño los tres “vinieron, cuando menos, a sugerir” la “intervención” del CNI en la operación Kitchen.

De ahí que insista en que el juez debe poner en su conocimiento el contenido de esa documentación apartada de la causa para efectuar las alegaciones que considere oportunas y poder ejercer en toda su amplitud su derecho de defensa.

García Castellón decidió apartar de la causa casi una veintena de archivos, audios y documentos “especialmente sensibles” intervenidos a Villarejo en 2017, que fueron incorporados a un informe policial, al considerarlos secretos de Estado. A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el instructor acordó el cribado de esa documentación que afecta al terrorismo yihadista, a denuncias contra Martín Blas y a diversa información bancaria de terceras personas.