Puigdemont cuestiona la “reputación” de España tras perder su inmunidad

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha anunciado este martes que presentarán una demanda en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la decisión de la Eurocámara de levantarle la inmunidad parlamentaria a él y a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa presencial y telemática en el Parlamento Europeo, acompañado de Comín y Ponsatí, después de que el plenario haya aprobado suspender su inmunidad parlamentaria por 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones.

“El TJUE es el único que podrá restablecer el severo daño que se ha hecho a la democracia europea al quitar la protección parlamentaria, por razones estrictamente políticas, a tres miembros de este Parlamento Europeo”, ha sostenido Puigdemont, que ha concretado que seguramente pedirán cautelares, pese a asumir que normalmente no se admite.

Fuentes europeas han explicado a Europa Press que los afectados por una decisión del Parlamento Europeo tienen un plazo de dos meses y diez días para recurrir tal decisión ante el TJUE.

Tras asegurar que el recurso al TJUE se basará en “las muchas irregularidades” que se han producido, ha explicado que también están pendientes de qué pasará con las cuestiones prejudiciales anunciadas por el juez instructor de la causa, Pablo Llarena, sus posibles efectos y en qué posición quedarán como eurodiputados en caso de que se suspenda la tramitación de los procedimientos ante la justicia belga

“¿Que pasará en este tiempo mientras hay una orden de detención y entrega, aún vigente, en el sistema judicial español?”, ha cuestionado el expresidente catalán.

Ponsatí ha defendido que cuentan con una “fuerte base” para el recurso, y ha constatado que su informe fue adoptado en la comisión de Asuntos Jurídicos con un error que indicaba que el Tribunal Supremo le reclamaba por dos presuntos delitos, sedición y malversación de fondos públicos, cuando solo le reclama por el primero.

El documento fue corregido antes de someterse al pleno de la Eurocámara, pero el cambio no pasó de nuevo por el escrutinio de la comisión parlamentaria, lo que, a su juicio, es una “irregularidad grave” que se incluirá en el recurso.

También ha precisado que el juez que lleva su caso en Edimburgo (Escocia) sabe que actualmente reside en Bélgica, por lo que desconoce qué consecuencias puede tener todo ello en sus posibles comparecencias ante un justicia u otra.

Al preguntárseles si les preocupan las prejudiciales de Llarena, Ponsatí ha pedido esperar, pero también ha constatado que meses atrás un juez belga dictaminó que el exconseller Lluís Puig, que reside en Bélgica, no podía ser extraditado a España “porque no tendría un juicio justo, y nadie apeló esta decisión por parte de la Fiscalía, por lo que España ha aceptado este resultado en las cortes belgas”.

Mensaje a España

Para Puigdemont, la votación en el PE evidencia que la solución no pasa por tener que someterse a la justicia española porque “el que un 42% de los eurodiputados no haya secundado esta vía demuestra a España que ésta no es la manera de resolver las cosas”.

“Han conseguido levantarnos la inmunidad, pero ¿a qué precio? ¿Qué precio le están haciendo pagar al PE? ¿A la reputación de España? Tienen que preguntarse si vale la pena”, ha observado el expresidente catalán, que cree que la justicia española debería acercarse más a la europea.

En su opinión, es “un día triste” para el Parlamento Europeo y, en consecuencia, para la democracia europea, y ha aprovechado para criticar que la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, haya reaccionado asegurando los problemas de Cataluña se resuelven dentro de España.

“Dicen que es un proceso estrictamente judicial, que hay separación de poderes, pero ha quedado acreditado que hay una fuerte estrategia y persecución política”, ha recalcado Puigdemont, que ha acusado a las autoridades españoles de esperarse a conocer el resultado de la votación sobre su inmunidad para anunciar la retirada del tercer grado a los presos del 1-O.

En el mismo sentido se ha pronunciado Comín, que considera una “victoria política” y un mensaje a España que un 42% de los eurodiputados hayan votado en contra de retirarles la inmunidad.

Ha subrayado que 80 diputados de los grupos que se mostraron a favor de apoyar el suplicatorio no lo han hecho, y ha replicado a González Laya que la decisión no lanza un mensaje de apoyo al Estado de derecho español, sino que “un 42% de los eurodiputados han dicho a España que no confían en su Justicia”.