“Josu Ternera” cuestiona la “neutralidad” de la Guardia Civil al investigar el atentado contra la casa cuartel

En su última baza para evitar el banquillo, el ex jefe de ETA ve “sorprendente” que se encargase de esclarecerlo al ser las víctimas “miembros de dicho cuerpo policial o familiares”

"Josu Ternera", el pasado noviembre en una de sus comparecencias ante la Justicia francesa por las causas por las que le reclama España
"Josu Ternera", el pasado noviembre en una de sus comparecencias ante la Justicia francesa por las causas por las que le reclama EspañaIAN LANGSDONEFE

El histórico ex dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, “Josu Ternera”, pone en duda la “neutralidad” de la Guardia Civil al investigar el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza cometido en diciembre de 1987, en el que once personas fueron asesinadas, entre ellas seis niños.

En el recurso de apelación presentado por su defensa ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -al que ha tenido acceso LA RAZÓN-, considera “sorprendente” que fuese el Instituto Armado el encargado de esclarecer un atentado en el que “casi todas o todas las víctimas eran miembros de dicho cuerpo policial o familiares”.

Se trata de la última baza de “Josu Ternera” -en libertad con control telemático en París- para evitar sentarse en el banquillo por una de las cuatro causas por las que España reclama su entrega a Francia, que sólo ha negado su extradición por una de ellas, la que le imputa un delito de lesa humanidad por los atentados cometidos cuando formaba parte de la dirección de ETA. El ex dirigente etarra llegó a esgrimir ante la Justicia francesa su participación en las negociaciones con el Gobierno para evitar su entrega a nuestro país.

A lo largo del recurso, su abogado, Gonzalo Boye, no ahorra calificativos para cuestionar el informe clave de la Guardia Civil, de 2001, en el que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno sustenta su procesamiento, que tilda de “incoherente, tendencioso, carente de cualquier rigor e imparcialidad y construido sobre la base de una violación de la obligación de abstención” de los agentes que lo elaboraron y llegaron a la conclusión de que, como miembro del comité ejecutivo de ETA, “Josu Ternera” dio la orden de cometer el sangriento atentado con un coche-bomba cargado con 80 kilos de amonal. Algo que considera que no es más que “una línea de investigación con apoyo en sospechas”.

“Los hechos les afectan como institución y como seres humanos”

El letrado mantiene que la Audiencia intenta incriminar al ex jefe de ETA en el atentado tras una investigación “de una institución que, directamente, es la afectada, la perjudicada y la que, en términos generales, tiene la condición de víctima”. “Es incompatible con el ordenamiento jurídico vigente que miembros de la Guardia Civil investiguen un atentado cometido en contra de una Casa Cuartel de la propia Guardia Civil en el que fueron asesinados miembros y familiares de miembros de dicho cuerpo”.

Y es que según la defensa de Urrutikoetxea “no se puede esperar, tampoco exigir, que los miembros de la Guardia Civil, sean los que sean, puedan mantener la neutralidad mientras investigan unos hechos, o implican en ellos a una persona, si esos hechos les afectan directamente como institución, como colectivo y como seres humanos”.

“Josu Ternera” ya esgrimió similares argumentos en el recurso de reforma contra su procesamiento, que el juez Moreno desestimó el pasado 30 de marzo. Pero su abogado se queja de que lo hizo sin dar “una mínima respuesta a todo lo alegado”. Y, además, se queja de que hasta hace dos semanas su defensa no había tenido acceso a las diligencias.

Carga contra el informe clave de la Guardia Civil

En su declaración ante el juez por videoconferencia cuando se le comunicó su procesamiento, el ex dirigente terrorista dijo no tener “ninguna relación” con el atentado y esgrimió que esos hechos están incluidos en otra causa -precisamente la que mantiene abierta contra él la juez María Tardón por lesa humanidad- sobre la que Francia ha denegado su entrega. “No entiendo cómo se me está procesando nuevamente por lo mismo”, se quejó.

El auto de procesamiento, de mayo de 2019, se sustenta precisamente en ese informe de la Guardia Civil para concluir que el comité ejecutivo de ETA, al que pertenecía “Josu Ternera”, dio la orden de atentar. El magistrado también esgrime las declaraciones prestadas por el etarra arrepentido Juan Manuel Soares Gamboa y por los ex integrantes de la banda terrorista Juan José Rego Vidal -condenado por intentar atentar contra Don Juan Carlos en Mallorca- y Elena Beloki. Rego Vidal aseguró que en esas fechas Urrutikoetxea controlaba la banda terrorista “de manera absoluta”, pero su abogado sostiene que “refiriéndose al aparato político, y no al militar”.

Asimismo, la Guardia Civil vincula al ex jefe de ETA con el coche utilizado en el atentado, un Renault-18 que fue robado por dos etarras del “comando parque”, que según la sentencia por la que fueron condenados se encargaba de sustraer vehículos para la cúpula de ETA en Francia, a la que pertenecía “Josu Ternera”. Para su defensa “el argumento resulta alambicado, rebuscado, con un punto de perversidad y, además, completamente contradictorio” con lo que se afirma en el propio auto.

Respuesta a la detención de “Santi Potros”

Por último, se atribuye al ex jefe de ETA que fue quien reivindicó el atentado el 15 de diciembre de 1987, algo que según su abogado ni Elena Beloki ni Soares Gamboa afirmaron en sus declaraciones. Para el letrado se trata de una “grotesca manipulación” de sus declaraciones”, pues subraya que Beloki afirmó que los comunicados de la banda “no siempre los hacía ella, sino que a veces los redactaba el propio “Josu de Mondragón”” y Soares Gamboa dijo que Urrutikoetxea “pertenecía al aparato Internacional, sin que tenga constancia de que pudiera pertenecer al aparato político”, añadiendo que desconocía “si efectivamente” en los años 1986 y 1987 “formaba parte del comité ejecutivo de la organización”.

Según el informe de la Guardia Civil contra el que carga “Josu Ternera”, el atentado de Zaragoza -uno de los más mortíferos de ETA- se cometió en respuesta a la detención en Francia de Santiago Arróspide, “Santi Potros”, y por la necesidad de la banda terrorista de mantener “una posición de fuerza” ante las futuras negociaciones con el Gobierno. “Supuso un cambio táctico en la forma de actuar de ETA que solo pudo ser obra de su máximo órgano de dirección”, señala.

Pero para “Josu Ternera” se trata únicamente de “especulaciones”, “sospechas o elucubraciones” para apuntalar una “hipótesis carente de cualquier base probatoria” que “se aparta de cualquier lógica” y “rigor técnico”.

Dice que no tenía “capacidad decisoria”

Como responsable del “aparato internacional-político” que se le atribuye -recalca en su recurso- “no tenía ningún tipo de participación ni capacidad decisoria ni de ningún tipo en las acciones que materializaban los comandos”. “El aparato internacional no es que no quiera saber o no quiera participar de lo que decide y realiza el aparato militar, sino que, además, ni debe ni puede conocerlo ni tomar parte en ello”, añade. Pero, se queja, el informe considera que como miembro del comité ejecutivo era “responsable de todo lo que miembros de la organización hiciesen o dejasen de hacer”.

Las decisiones operativas en ETA, subraya, “no las tomaba el comité ejecutivo, sino que las mismas se tomaban” en ámbitos “mucho más concretos”. Defender lo contrario, argumenta la defensa de “Josu Ternera”, supone aplicar criterios más propios “de organizaciones terroristas de corte yihadista”, en las que “la célula lo es todo” y dentro de ella “todos deciden, preparan y acometen todas las acciones”.

El abogado de “Josu Ternera” -que incluso sugiere al tribunal que plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación al caso de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE- pide a la Sala de lo Penal que se revoque el procesamiento ante una supuesta vulneración de una panoplia de derechos fundamentales: desde el derecho de defensa a la tutela judicial efectiva o a la presunción de inocencia, a un proceso con todas las garantías.