De momento son 40 los presos de ETA que a partir de hoy el Gobierno vasco tendría a su cargo, con la asunción de las competencias en materia penitenciaria, pero, con el paso del tiempo, serán la totalidad de los reclusos salvo aquellos que, por su origen, sean transferidos a Pamplona. Etxerat, la asociación próxima a los reclusos, dice que son 28, pero la AVT aumenta la cifra en, al menos, una docena, entre los que están pendientes de llegar y los expulsado del «colectivo» EPPK. En cualquier caso, el acuerdo de transferencias que se firmar hoy entra en vigor el 1 de octubre y en esa fecha el número de internos será mucho mayor.

En teoría, todo lo correspondiente a la legislación penitenciaria y las decisiones que deban tomar los jueces sobre los internos queda en manos del Estado, a nivel central, pero lo cierto es que el Ejecutivo de Vitoria podrá tomar decisiones en lo que ha dado en llamar la «resocialización», un asunto cuya extensión habrá que seguir de cerca, al igual que el de la «formación ocupacional», para ver qué dan de sí.

La mayoría de estos reclusos tiene delitos de sangre, según datos de la AVT. De los 28 presos (cifra ofrecida por Etxerat, aunque la AVT señala que es mayor), a los que hay que sumar a los que cumplen condena en sus domicilios o en centros asistenciales), 16 se encuentran en la cárcel de Zaballa que, por su tamaño, está destinada a albergar al mayor número de reclusos. Otros cinco, en la de Basauri (en Vizcaya); y siete, en la de Martutene, en San Sebastián. En esta última se encuentra el que fuera jefe del «aparato de logística», José Arregui Erostarbe, «Fiti», encargado, entre otras cosas, de suministrar los coches bomba que se utilizaban en los atentados cometidos en distintos lugares de España. En Zaballa, se encuentra Asier Carrera, que formó parte del «comando» que asesino en Vitoria al socialista Fernando Buesa y a su escolta; Sergio Polo Escobés, condenado por el asesinato del comandante del Ejército Luciano Cortizo; y Gorka Vidal, uno de los integrantes de la «caravana de la muerte», que pretendía volar el centro Azca de Madrid. En Basauri, están su compañero en aquel atentado frustrado, Ikus Badillo; y Juan Carlos Subijana, condenado por el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Carrera. Acompañando a «Fiti» en Martutene; Oskarbi Jáuregui Amundarain, condenado por colaborar con el «comando Erezuma» en el asesinato del ertzaina Mikel Uribe, así como por el envío de un libro-bomba en 2001 al periodista Gorka Landaburu; y Francisco José Ramada Estévez, condenado a 26 años de cárcel, por los secuestros de los empresarios José María Aldaya y Cosme Delclaux.

La asunción de competencias penitenciarias coincide con el fin de la dispersión de los presos etarras. Era una vieja reivindicación del separatismo vasco, en especial del más próximo a la banda terrorista, que ha clamado por «traerlos todos a casa» y que no lo ha logrado hasta que sus votos han sido imprescindibles para que Pedro Sánchez pudiera ser investido como presidente del Gobierno y que María Chivite pudiera ponerse al frente de la Comunidad de Navarra.

Desde las víctimas del terrorismo, el asunto se ve como una auténtica ofensa.