La factura del procés: 8,1 millones para impulsar la autodeterminación

La sedición no sale gratis. A las penas penitenciarias que han pagado los cabecillas de los actos del 1 de octubre de 2017, hay que sumar el coste económico que supone la maquinaria del desafío soberanista. A los 4,1 millones que ya tuvieron que afianzar los líderes indultados por el gobierno y ex altos cargos de la Generalitat ante el Tribunal de Cuentas por la organización del 1-O se sumarán ahora los gastos por la promoción exterior del “procés” a través de Diplocat y de las “embajadas” catalanas, que un informe del organismo fiscalizador sitúa en más de cuatro millones de euros.

En total son aproximadamente 8,1 millones de euros que salieron de las arcas públicas para impulsar la autodeterminación. No en vano, los tres últimos presidentes de la Generalitat, Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra, dedicaron o todos sus esfuerzos y gran parte de los presupuestos a impulsar una ilegal e imposible República independiente a costa de las políticas sociales. Al final, es la sociedad la que sufre las consecuencias. La sanidad y la educación, sobre todo, han sufrido unos desorbitados recortes.

Según los cálculos de LA RAZÓN, cada catalán mayor de edad ha pagado 1,3 euros a la causa independentista sin ser consultado. Así, según el Instituto de Estadística de Cataluña, a fecha de 1 de enero de 2021 la población de la comunidad es de 7.716.760 personas. Si excluimos a los menores de edad de este cálculo, nos sale que en la actualidad hay 6.148.268 catalanes mayores de edad y con derecho a voto.

En las ultimas elecciones, celebradas el pasado 14 de febrero, el absentismo fue el gran protagonista de la cita electoral que se celebró bajo medidas de seguridad nunca antes vistas debido a la crisis sanitaria. El bloque de los secesionistas lograron 1.423.045 votos que, comparados con los 2.079.340 de hace cuatro años arrojaron un saldo negativo de 656.295 ciudadanos perdidos para la causa a favor de la ruptura con el Gobierno central. Una cifra significativa, teniendo en cuenta que el independentismo siempre presumía de que aglutinaba a más de dos millones de personas.

En el otro lado, los partidos unionistas o también llamados constitucionalistas, sumaron 1.313.738 papeletas, muy por debajo del recuento logrado en 2017, que ascendió a 2.228.421 votos. Por el camino se han dejado 914.683 seguidores. Por lo tanto, es verdad que la mayoría del Parlament es independentista, sin embargo, su apoyo solo representa al 25% del censo, algo que no pueden olvidar los impulsores del Procés.

Independientemente del voto y sin ser preguntados, cada catalán mayor de edad que vota en los comicios sufragó con 1,3 euros el “procés”, eso sí, sin ser avisados.

No obstante, la factura del “procés” se puede leer desde diferentes perspectivas. Una de ellas es la inestabilidad política que ha comportado y que ha tenido como una de sus principales consecuencias las dificultades para aprobar los presupuestos, la principal Ley de un gobierno porque permite orientar su política, porque desde los de 2010 no se han aprobado a tiempo en ninguna ocasión.

En estos últimos once años, se han aprobado tan solo en seis ocasiones, aunque en todos los casos han obtenido luz verde entrado ya el año: es decir, se ha requerido prorrogar los anteriores. Y, en 2021, se han tenido que prorrogar las cuentas de 2020, que son prepandemia.

De hecho, hay que recordar que la formación de gobierno en Cataluña tras lo comicios de febrero se prolongó durante más de 90 días. ERC y Junts firmaron una coalición de Gobierno que descartó la opción de nuevos comicios pero con muchos flecos por cerrar, entre ellos las Cuentas.

Ahora, con los indultos aprobados por el Ejecutivo y la reunión entre Pere Aragonés y Pedro Sánchez en la Moncloa esta semana, quizás, arranque un nuevo ciclo que seguirá marcado por la incertidumbre y en el que la mitad de la sociedad catalana seguirá reclamando más políticas sociales y menos “procés”.