El Supremo no decidirá sobre los indultos del “procés” hasta abril

Los magistrados que componen la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no tomarán una decisión sobre la legitimidad de los recursos contra los indultos hasta abril, según relatan las diferentes fuentes del Alto Tribunal consultadas por LA RAZÓN. En similares términos se expresa la magistrada Concepción Rodríguez, portavoz de la asociación Foro Judicial Independiente (FJI), quien sostiene que la decisión final sobre los recursos presentados por Vox, Ciudadanos y el Partido Popular contra las medidas de gracia acordadas por el exministro Juan Carlos Campo no se conocerá hasta la primavera.

Solo el fallo podría adelantarse si los recursos interpuestos por los partidos políticos no fueran considerados legítimos. En este caso los magistrados adoptarían una resolución, siempre según la previsión de las fuentes consultadas, en enero, es decir, dentro de seis meses.

Al desestimar las medidas cautelares los magistrados que componen la Sala que estudiará la actuación del Ejecutivo no consideraron procedente pronunciarse sobre la legitimación de los partidos para recurrir un indulto, que es una medida de gracia acordada por el Gobierno, y por tanto es de carácter político.

Manuel Almenar

El presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Manuel Almenar, calificó como “desafortunado aunque irrelevante” el comentario que hizo la ministra de Justicia, Pilar Llop, en una entrevista concedida al diario “El País” en la que calificó de “bastante improbable” que el Alto Tribunal anule las medidas de gracia concedidas por el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos.

“Es poco afortunado porque en un Estado de Derecho basado en el principio de separación de poderes no procede que el Poder Ejecutivo valore o haga elucubraciones o pronósticos sobre el sentido de las resoluciones que vaya a adoptar el Poder Judicial. Simplemente lo que debe hacer es dejar trabajar al Poder Judicial. Pero al mismo tiempo es irrelevante”, prosigue Almenar, quien defiende que “los jueces somos rabiosamente independientes. El Poder Judicial actúa sujeto exclusivamente al imperio de la Ley”.

Por eso el presidente de la APM sostiene que lo que diga “un miembro del Poder Ejecutivo o del Legislativo carece de relevancia”. Almenar reclama al Gobierno que deje trabajar a los jueces y que respete su trabajo, “como nosotros respetamos el del resto de poderes del Estado”.

La legitimación de los partidos

“La clave de todo estará en la decisión de la Sala sobre la legitimación de los partidos políticos para recurrir los indultos”, explica la portavoz de Foro Judicial Independiente, quien también criticó a la ministra Pilar Llop por anticipar el fracaso de los recursos interpuestos por Ciudadanos, Vox y PP contra los indultos a nueve de los condenados por el “procés” de 2017.

Concepción Rodríguez también reprochó la actuación de Llop y reclamó que el Ministerio “tiene que ser respetuoso con la separación de poderes” y “no debe estar comentado cosas que están ‘sub iudice’ –pendiente de resolución judicial–”.

En este sentido, insistió en que desde la asociación Foro Judicial Independiente están “muy en contra” de las manifestaciones de Llop. “La ministra se ha equivocado totalmente”, señaló Rodríguez.

Ascensión Martín

En un sentido contrario, la portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JjpD), Ascensión Martín, remarcó que las declaraciones de la titular de Justicia son “fruto de la libertad de expresión” y que su comentario sobre la presunta resolución del Tribunal Supremo ha sido “bastante neutral”, informa Europa Press.

Martín subrayó que las manifestaciones de Llop “no van a influir en nada a la Sala Tercera”, cuyos magistrados está segura que aplicarán la ley con “contundencia” y “sin injerencia” porque esa es la “grandeza” de la independencia judicial. Desde esta asociación recuerdan que la vía penal ya terminó y que lo que valorará el Tribunal Supremo será el trámite administrativo, que es facultad del Gobierno.

Llop no ha sido la única en pronunciarse sobre la decisión del Alto Tribunal. La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el exministro Campo defendieron que no contemplan el escenario en el que se anulen los indultos concedidos a los condenados del “procés” independentista.