Perdón para el «bien común de España»

El Gobierno defiende que mantener en prisión a los condenados del «próces» es un «claro obstáculo» para recuperar el diálogo

Kike Rincón Europa Press

El Gobierno justifica los indultos a los nueve condenados a penas de prisión por el proceso soberanista en que su permanencia en prisión supone «un escollo» para restablecer el diálogo en Cataluña. En los expedientes en los que desgrana sus argumentos de utilidad pública para avalar la medida de gracia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez reitera que sus salida de prisión puede contribuir a «normalizar» las relaciones entre el Estado y las instituciones catalanas. Además, tampoco pasa por alto el carácter «simbólico» que para el independentismo tenía su encarcelamiento.

«El indulto, por sí solo, no resolverá el conflicto político en Cataluña», asume el Gobierno, que por lo que pueda pasar en adelante se cura en salud y precisa que la polémica iniciativa «solo pretende facilitar un clima habitable para ir avanzando en soluciones».

Y pese que eche en cara a los condenados que se olvidaran de los catalanes no independentistas al llevar adelante su desafío al Estado, precisa que una vez estos se encuentran en prisión, «la democracia española no los puede olvidar a ellos, entre otras razones, porque tampoco los han olvidado varios cientos de miles de catalanes que, de manera constante, votan a opciones políticas que protagonizaron y defienden aquellos hechos de septiembre y octubre de 2017». Ahora, con el indulto, «esos ciudadanos podrán ver en libertad a sus líderes y comprenderán que la democracia española les da cauce para expresar sus opiniones en libertad y para defender sus ideas con normalidad».

La propuesta de indulto esgrime en opinión del Ejecutivo «la acuciante necesidad de responder, cuanto antes, a la profunda crisis social y política que, desde hace demasiado tiempo, viene condicionando y erosionando la paz social y la garantía de la convivencia democrática en Cataluña y, por extensión, en toda España». De ahí que reitere hasta la saciedad que quiere «normalizar» la política en Cataluña, para lo que los indultos son «un paso decisivo en esa dirección».

También se refiere a los informes contrarios tanto del Tribunal Supremo como de la Fiscalía, de los que se distancia, pues recalca que en ellos ha estado ausente «la motivación y la perspectiva política y social» que ha de valorar el Gobierno para tomar esta decisión, «muy especialmente en este caso».

La «posición constitucional» del Tribunal Supremo y de la Fiscalía –se hace hincapié en los expedientes– «es otra y quizá por ello ninguno de los informes trata los motivos de utilidad pública que concurren en el presente caso». Y es que el Gobierno está obligado a justificar por qué acuerda los indultos con el criterio en contra tanto del tribunal sentenciador como del Ministerio Pública, algo que históricamente apenas se ha llevado a cabo.

Pero para el Ejecutivo «pocos propósitos son tan dignos de ese título como el de restablecer la convivencia y la concordia entre catalanes o dar una oportunidad para restaurar las relaciones entre Cataluña y el resto de España».

Y es que la denegación de la medida de gracia, aventura, «traería consigo, sin duda, la agravación y cronificación del conflicto», porque gran parte de la sociedad catalana, «incluso no independentista, no entendería, en un momento como el actual cuando se inicia una nueva etapa política en Cataluña, que el Gobierno central permaneciera inactivo».

Los argumentos del Gobierno no están exentos de reproches a los gobierno del PP, a quienes reprocha que hayan dejado enquistarse el conflicto en Cataluña. Y lo señala sin ambages. «Existen antecedentes históricos –recalca– que evidencian los resultados en Cataluña de la inacción política y del bloqueo del diálogo». «De hecho, la historia reciente de las relaciones entre Cataluña y el resto de España –añade– está marcada por el desencuentro y la judicialización derivada de la inacción del Gobierno de España del momento».

De ahí que el Ejecutivo no aprecia que la concesión del indulto ante lo que considera una «innegable razón de utilidad pública» vaya a provocar «ningún efecto pernicioso e irreversible a los valores de la Justicia» ni que debilite el estado de derecho. «Antes, al contrario, el perdón de la pena que conlleva es muestra evidente de su fortaleza».

Pero en todo momento enmarca la decisión en el ámbito estrictamente político y que, por tanto, «sigue la lógica de la política, que es satisfacer necesidades públicas». Por consiguiente, precisa el argumentario, «su justificación y su finalidad está por encima de intereses, razones y criterios individuales». Incluso matiza que «el bien común de la nación está por encima de la voluntad mostrada por los propios condenados».

Las propuestas de indulto ponen especial énfasis en que la «polarización del espectro político catalán en torno al eje independencia/no independencia ha alcanzado en la última década un altísimo grado de intensidad, generando una creciente crispación en la escena social y política» que el Gobierno ve «con preocupación».

Y para paliar esa situación, concluye, se valora que el mantenimiento en prisión de los líderes de las principales formaciones independentistas «no contribuye positivamente a rebajar la tensión existente».

Oriol Junqueras, Líder de ERC

El Gobierno cree que el riesgo de que reincida es «mínimo»

«Mínimo riesgo» de reincidencia, reconocimiento de sus errores y un papel clave para restablecer el diálogo político con Cataluña. Así justifica el Gobierno el indulto a Oriol Junqueras. En el expediente en el que avala la concesión de la medida de gracia, esgrime además que mantenerle en prisión «se presenta como un claro obstáculo para la normalización de las relaciones entre las instituciones catalanas y las del Estado, así como un escollo para la superación del conflicto». Muy al contrario, su puesta en libertad, asegura, servirá «para avanzar sólidamente hacia la paz social y la plena garantía de la convivencia democrática».

En el informe se valora también la actitud mantenida por el líder de ERC «hacia la búsqueda de soluciones dialogadas para mejorar la convivencia en Cataluña», por lo que se considera que su actual apuesta por la vía del diálogo «parece a día de hoy decidida». «Según se desprende de sus propios escritos y declaraciones en medios, durante los tres años y medio que lleva cumpliendo condena ha experimentado una evolución que le ha llevado abogar por el diálogo y la negociación como únicas vías posibles para la consecución de sus objetivos políticos». En la actualidad representa, subraya el Ejecutivo, «una clara apuesta por reconducir la acción política independentista a los cauces del diálogo» pues «reconoce como indeseable cualquier acción no pactada con el Estado».

El Ejecutivo cree que hay un «mínimo riesgo» de que Junqueras reincida, pues se valora que pese a su «trascendental influencia que ejerce en la vida social y política catalana», «no ha vuelto a instigar o cometer ningún otro acto de semejante significado».

«Es uno de los principales actores políticos en la escena catalana» –se destaca–, «una posición que le situó «como uno de los máximos responsables de los delitos cometidos», pero que también hace de él «una persona clave para la restauración de la convivencia». De hecho, resalta que para el independentismo su estancia en prisión tiene un «importante valor simbólico».

Jordi Sánchez, Secretario Gral. JxCat

Reconocido «activista» y «defensor de derechos humanos»

El Gobierno asume que en su caso «no puede hablarse de arrepentimiento, dado que se ratifica en la legitimidad de los hechos que llevaron a su condena», pero sí valora sus últimas declaraciones públicas, cuestionadas incluso desde ciertos sectores del independentismo porque ven en ellas una «renuncia tácita a la vía unilateral».

Tras ponderar su «relevante papel político», subraya la «doble condición» que ostenta «dentro del conjunto de líderes de organizaciones políticas y referentes sociales catalanes», en las que «destaca muy especialmente».

Como secretario general de Junts per Cataluña, ex diputado del Parlament y, sobre todo, «como destacado referente social dentro del ámbito independentista», el Gobierno le ve como «uno de los principales actores políticos de la escena catalana» que goza, además, de «un alto grado de proyección pública» por su trayectoria y que es renocido «como un activista y defensor de los Derechos Humanos». En definitiva. considera que la estancia en prisión de un «líder social comprometido» es «un claro obstáculo» para «la normalización de las relaciones entre las instituciones catalanas y las del Estado».

Carme Forcadell, Ex presidenta Parlament

«Referente indiscutible» social y político en Cataluña

«Ha sido durante muchos años y sigue siéndolo en la actualidad, pese a no ejercer activamente ningún cargo institucional, un referente indiscutible en la vida social y política de Cataluña». El informe que avala su indulto enfatiza no solo la mínima posibilidad de que reincida dada su «avanzada edad» cuando cumpla la pena de inhabilitación en abril de 2031), sino que destaca que pese a su «enorme y trascendental influencia que ejerce en la vida social y política catalana», ya no desarrolla ningún cargo político de relevancia. Tampoco «ha vuelto a instigar o cometer ningún otro acto de semejante significado al que motivó su condena», añade.

A Forcadell –condenada a once años y medio de prisión por sedición– se la ve como «una de las principales protagonistas del conflicto existente». «Desde una perspectiva social, goza de un enorme prestigio y reconocimiento en una parte importante de la sociedad catalana», a la que –se recuerda– consiguió movilizar «masivamente» cuando fue presidenta de la Asamblea Nacional Catalana.

«En un plano más político, también proyecta un liderazgo de gran relevancia derivado de su vinculación a Esquerra Republicana de Catalunya y de las diversas responsabilidades asumidas en los distintos cargos institucionales que desempeñó».

Pero el indulto subraya asimismo «la actitud mantenida» por Forcadell «hacia la búsqueda de soluciones dialogadas para mejorar la convivencia en Cataluña». En este sentido y a la luz de sus planteamientos políticos, su «apuesta por la vía del diálogo, atendidas sus declaraciones, parece a día de hoy decidida».

En octubre de 2019 –subraya– «reconoció públicamente que el independentismo actuó de manera injusta con las personas no independentistas» en una entrevista a Catalunya Ràdio. Por eso, el Ejecutivo ve cumplida la exigencia de utilidad pública «dadas las profundas implicaciones sociales que este caso presenta y el relevante papel político y social» que ha ostentado, «ejerciendo un liderazgo público y social indiscutible».

Raül Romeva, Ex conseller

Pone en valor que esté predispuesto al diálogo

Pese a su «firme oposición» a la sentencia que le condenó a doce años de prisión por sedición y malversación, el informe que avala el indulto del ex conseller de Exteriores de la Generalitat prefiere destacar su «predisposición al diálogo». Como del resto de los indultados, el Gobierno mantiene que su salida de la cárcel puede «favorecer objetivamente la vía del diálogo». Y es que recalca que «el indulto que persigue una utilidad pública es un acto de dirección política a favor del interés general que puede, o no, estar en consonancia con las circunstancias del sujeto, el delito cometido o la pena impuesta». Asimismo, que Romeva –responsable de la acción exterior de la Generalitat para internacionalizar el «procés» a costa de los fondos públicos– siga en prisión supondría «un claro obstáculo para la normalización de las relaciones entre las instituciones catalanas y las del Estado, así como un escollo para la superación del conflicto». En su expediente se valora asimismo el bajo índice de reincidencia –aunque al salir ayer de la cárcel Romeva reiteró su compromiso por culminar el «camino irreversible» hacia la independencia– y destaca que no ha vuelto a instigar para que se cometan los mismos delitos.

Josep Rull, Ex conseller

«No ha vuelto a instigar o cometer ningún otro acto delictivo»

Las mismas dudas que, por ejemplo, admite el Gobierno respecto a la concesión del indulto a Forn las explicita también en relación a el ex conseller Josep Rull. Y por idéntico motivo, pues según se encarga de recordar en su expediente «no ha efectuado un pronunciamiento nítido sobre el abandono de la vía unilateral» como sí ha hecho, por ejemplo, Oriol Junqueras en su carta pública.

De hecho, en la resolución se asume abiertamente que quizá no sea «merecedor del indulto», pero en todo caso precisa que su salida de prisión –como la del resto de indultados– puede «favorecer objetivamente la vía del diálogo» que se convierte en el desideratum con el que el Ejecutivo justifica la adopción de todas las medidas de gracia.

Rull es, en todo caso, un «referente» en la política catalana, pues ha desempeñado cargos de «primer nivel» ya en la extinta Convergencia Democrática de Cataluña desde 1992, cuando accedió al puesto de consejero nacional, antes de ser nombrado en 1995 miembro de la Ejecutiva Nacional y, finalmente, secretario General de 2014 a 2016.

Jordi Turull, Ex conseller

Pone de relieve su relevante papel político en Cataluña

El exconseller cumplió 3 años y 3 meses de prisión, por lo que su pena expiraba el 9 de febrero de 2030. Y según el expediente del indulto, el perdón se le otorga «dadas las profundas implicaciones sociales que este caso presenta y el relevante papel político en el marco de la sociedad catalana».

Sin embargo, el Gobierno reconoce que las manifestaciones de Jordi Turull «no le hacen personalmente merecedor del indulto, pero deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar la utilidad pública de la decisión, en la medida en que su puesta en libertad pueda favorecer objetivamente la vía del diálogo». La actitud y las declaraciones del condenado «contrastan», dice el expediente, «con los apoyos que ha venido sumando en los últimos tiempos la apuesta del Gobierno central, y también del autonómico, para propiciar el diálogo».

Y para justificar el perdón, el expediente del Ministerio de Justicia destaca que no puede desconocer que «una parte importante de la ciudadanía catalana comparte los objetivos políticos que representa como vicepresidente de Junts y uno de los principales líderes de la mencionada formación política».

Dolors Bassa, Ex consellera

Renunció a la vía unilateral para lograr la «república» catalana

La exconsellera de Trabajo, que cumplió 3 años y 3 meses de cárcel, hubiera finalizado su condena, antes del indulto, el 9 de febrero de 2030. Su inhabilitación expiraba el 10 de octubre de 2031. Y según el expediente de la medida de gracia el Gobierno tomó en consideración para indultarla «actitud mantenida por la condenada hacia la búsqueda de soluciones dialogadas para mejorar la convivencia en Cataluña», según consta en el expediete. El documento sostiene, además, que «la apuesta de Bassa por la vía del diálogo parece a día de hoy decidida». Por una parte, «por las reiteradas afirmaciones de no volver a la primera línea política, sin perjuicio de seguir afiliada a su partido, ERC».

Y por otra, al tomar en consideración «las continuas declaraciones públicas renunciando a la vía unilateral, cuestionando a quienes la reclaman y defendiendo el diálogo y la negociación como única solución al conflicto político. De hecho, ya en el juicio se mostró partidaria de defender sus ideas dentro de los marcos de la Constitución», concluye el expediente de indulto del Gobierno, que destaca el apoyo que tiene Dolors Bassa de la UGT y otras organizaciones sindicales de Cataluña.

Joaquim Forn, Ex conseller

«Clave» en las relaciones «entre Cataluña y España»

Pese a que Forn no ha realizado públicamente «un ejercicio de autocrítica con respecto a los hechos que motivaron su condena ni ha protagonizado gestos orientados claramente a la recuperación del clima de entendimiento y de diálogo», el Gobierno cree que prevalece el interés público «en generar un clima de entendimiento con las formaciones políticas independentistas y la voluntad de recuperar un ambiente de concordia en la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española».

De ahí que pase por alto sus manifestaciones en las que deja claro que no pretende pedir perdón». «Aunque es firmemente partidario del diálogo, no renuncia a ninguna vía unilateral siempre que sea pacífica y democrática. Con todo, existen también en este caso razones de utilidad pública que aconsejan la concesión del indulto».

De él destaca que «tiene una gran proyección la política catalana» y que cuenta «con una amplia trayectoria política». Como «uno de los principales responsables» se ha convertido «en una persona clave» en JxCat, en el entorno independentista y en el «devenir de las relaciones entre Cataluña y España».

Jordi Cuixart, Líder de Òmnium Cultural

Liberado «para no reforzar las lógicas del conflicto»

El Ejecutivo del Pedro Sánchez sostiene en el expediente que mantener en prisión a un líder social como Jordi Cuixart «puede reforzar las lógicas del conflicto» en Cataluña» y recuerda que el arrepentimiento no es un requisito para la concesión del perdón, según la información adelantada por «El Periódico de Catalunya». Además, este perdón es un paso más para «normalizar la política en Cataluña y los indultos son un paso decisivo en esa dirección».

No obstante, el Ejecutivo reconoce que los independentistas actuaron «cegados por sus objetivos políticos» y que por eso «olvidaron las leyes que nos les gustaban y a las personas que no les apoyaban».

Sin embargo, «la democracia y el Estado de Derecho les han recordado que esas personas a las que invisibilizaron existen y que no pueden obviarlas, que han de tenerlas en cuenta en sus propósitos. Pero, ahora, ya en la cárcel, la democracia española no los puede olvidar a ellos, entre otras razones, porque tampoco los han olvidado varios cientos de miles de catalanes que, de manera constante, votan a opciones políticas que protagonizaron y defienden aquellos hechos de septiembre y octubre de 2017», destaca el expediente.