Marlaska, ¿el ministro que debió caer?

Se salvó el mes pasado en la última remodelación del Gobierno de Pedro Sánchez, pero la lista de desencuentros y polémicas que acumula quizá hubieran merecido el relevo de quien llegó al Consejo de Ministros a la vez que el presidente, en 2018. Fernando Grande-Marlaska, uno de los ministros más contestados por la oposición, sigue adelante pese a volver a estar de actualidad por otra actuación controvertida como las devoluciones de menores inmigrantes a Marruecos desde Ceuta. En este caso, el procedimiento elegido por Interior para la repatriación ha sido censurado por la Fiscalía y por un juez. No es la primera vez que los antiguos colegas del ex magistrado condenan sus políticas, en un escenario que ha estado sembrado de críticas a su gestión.

El pasado abril, el PSOE, Unidas Podemos y sus socios parlamentarios le salvaron una vez más de ser reprobado por el Congreso, en este caso por apartar al coronel Diego Pérez de los Cobos de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, una decisión anulada por la Audiencia Nacional. El ministro tomó la decisión tras conocer que el instituto armado investigaba al director del centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, dentro del caso 8-M por la celebración de manifestaciones feministas antes del primer estado de alarma. Dentro de la Guardia Civil, el ministro del Interior optó también por la destitución fulminante de Manuel Sánchez Corbí como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO).

No en vano, PP, Vox y Ciudadanos le han acusado de realizar purgas en la Benemérita, de no apoyar suficientemente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de ocultar información a la oposición, además de reprocharle la política de acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco. Bajo su responsabilidad se ha trasladado ya a 160 presos de la banda terrorista, lo que ha soliviantado a las asociaciones de víctimas. Sin embargo, el ministro no solo aseguró en la Cámara que no piensa dejar su cargo sino que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respalda su actuación una y otra vez.

También ha sido muy discutido el amplio dispositivo policial que el Ministerio del Interior habilitó para dar protección a la vivienda del entonces vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra Irene Montero, o el uso que hizo, durante el primer estado de alarma, de la Ley de Seguridad Ciudadana, que sirvió para proponer más de 1,2 millones de propuestas de sanción aquellos días.

La inmigración irregular le ha costado críticas también a Marlaska con epicentro en Canarias. El hacinamiento en el puerto grancanario de Arguineguín y la salida sin control de un grupo de 200 marroquíes desde el citado muelle a Las Palmas llevaron al PP, Coalición Canaria y Podemos Canarias a pedir su dimisión. Y es que desde principios de 2020, en el ministerio eran conscientes de la presión migratoria que podría sufrir Canarias por el cierre de la ruta del Mediterráneo.

Todo un camino de espinas la trayectoria de un ministro criticado incluso por la instalación, en su vivienda oficial, de una cinta de correr con un coste de 2.770,90 euros.