Sólo ya la Unión Europea puede hacer que se rompa el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las posturas fijadas por el Gobierno y por el Partido Popular son trincheras, de las que no se moverá ninguna de las partes, salvo que una fuerza mayor, y externa, obligue a hacerlo.

En este nivel de enconamiento de las relaciones entre Ejecutivo y principal partido de la oposición, la fuerza mayor sólo puede ser Bruselas, donde el PP tantea el campo y confía incluso en que pueda llegar a haber un «duro» pronunciamiento de la Unión que obligue a Pedro Sánchez a ir por la vía de la reforma legislativa para cambiar el sistema de elección de los vocales del Poder Judicial. Condición que los populares plantean como irrenunciable para activar la renovación porque es un mandato de la Unión.

El estado de la situación es ya inamovible. El PP no negocia sin reforma, y el Gobierno no puede sentarse a discutir sobre esa modificación legislativa porque, más allá de que comparta o no el cambio de modelo, le provocaría un grave problema con Podemos y sus socios de investidura.

A partir de ahí, en Génova apuntan que la solución vendrá de Bruselas, en un contexto en el que el reparto de los fondos comunitarios coincide con una mayor preocupación de la Unión por la situación de los Poderes Judiciales de sus miembros. Los populares están convencidos de que el bloqueo desgasta al Gobierno y que la posición de Génova, que los jueces elijan a los jueces, la respalda la mayoría de la población.

El choque nacional tiene consecuencias fuera del ámbito doméstico porque engorda esa sensación de que la Justicia española está sometida a una politización excesiva. Bloqueo, denuncias del PP, y con un argumento de fondo que es el mismo que el que sostiene el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont en su campaña contra la Justicia española: su supuesta politización.

En Bruselas observan con incredulidad la imagen y los mensajes que llegan desde España y no dudan en afirmar que todo lo que está pasando, entre otras consecuencias, beneficia a Puigdemont y al desprestigio de la imagen de la Justicia española. «Con un Poder Judicial bloqueado, y en el que los principales actores se cruzan acusaciones de politización, no hace falta que Puigdemont se esfuerce mucho en defender su causa», reflexionan desde la bancada europea española.

El pasado mes de julio la Comisión Europea urgió a España a la renovación del CGPJ. También sugirió que, en línea con los «estándares europeos», la mitad de los miembros del órgano de gobierno fuesen elegidos por los jueces. A esto es a lo que se agarra el PP en sus condiciones. Las recomendaciones formaban parte de los informes sobre el Estado de Derecho en cada país de la UE, que por segunda vez ha publicado la Comisión.