Editorial
Deriva inquietante para una democracia
Europa reprocha la politización judicial mientras Sánchez desprecia a Casado
La renovación del Consejo General del Poder Judicial ha sido siempre una oportunidad fallida para recomponer la verdadera naturaleza constitucional de ese órgano y en consecuencia para robustecer la ajada división de poderes de nuestra democracia. Los partidos mayoritarios se han encargado una y otra vez de que no fuera así y de que la politización en esa cúspide togada haya crecido hasta reproducir casi milimétricamente la aritmética parlamentaria. Ni socialistas ni populares están libres de ese reproche. Ahora, de nuevo, se plantea una ocasión animada por Europa, que nos ha recordado con mayor intensidad que nunca que España incumple el estándar comunitario de independencia. La presencia de ministros comunistas y su proyecto político distante del liberal han debido espolear a que Bruselas no se quede al margen. Es este un debate que debiera ser permanente como método fiscalizador de enriquecer la democracia y no de jibarizarla. No es así en nuestro país más allá de meros golpes de pecho retóricos y magníficos eslóganes. Pero ha surgido ahora una deriva siquiera más preocupante que el hecho de que los vocales con el mandato caducado sigan en sus puestos, de lo que hay variados precedentes. Entraba dentro de los cálculos que el Ejecutivo de socialistas y comunistas descartara dejar el gobierno de los jueces en manos de estos. Su modelo no es el de la autonomía, sino el de la intromisión y la injerencia. Por eso, eligió como fiscal general a una exministra y diputada socialista. La naturaleza de su proyecto no es la de un equilibrio entre iguales, sino una supeditación de todos los resortes del Estado al Ejecutivo. Nada nuevo en la extrema izquierda, algo más matizado en el PSOE. Para dinamitar todo acuerdo con el PP que no garantice el control de la mayoría parlamentaria en el CGPJ, Sánchez y los suyos han desplegado un discurso deslegitimador que sitúa al principal partido de la oposición y a su líder fuera de la legalidad y de la Constitución hasta llegar a tildarlos de delincuentes como la exvicepresidenta Carmen Calvo hizo ayer. Emplazar a la alternativa en democracia extramuros del sistema, rayana en lo criminal, aunque sea de momento retóricamente, responde a pulsiones que no casan con un régimen de libertades, y son una anomalía alarmante en cualquier democracia conocida y respetada. Sánchez veta a Casado y amenaza sin atender a Europa porque no se pliega a que adultere el CGPJ como ha hecho con la Fiscalía General. Una democracia es mucho más que lo que la izquierda dispone.
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