Francisco González seguirá imputado por los pagos a Villarejo: el juez ratifica que hay indicios de delito

El ex presidente del BBVA Francisco González no ha conseguido esquivar su imputación por administración desleal en el “caso Tándem”. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha ratificado su condición de investigado por este delito en la causa en la que se investigan los encargos de la entidad bancaria al comisario jubilado.

En el auto en el que rechaza el recurso de la defensa del ex banquero contra la decisión del instructor del pasado julio de ampliar el objeto de las imputaciones contra él, García Castellón mantiene -con el respaldo de la Fiscalía- que “sí que existen elementos que permiten afirmar la participación del investigado en hechos que podrían ser considerados como delito”.

El pasado julio, el instructor acordó investigar también por administración desleal a Francisco González, imputado desde noviembre de 2019 por delitos de cohecho y revelación de secretos por los encargos de espionaje de la entidad bancaria al ex comisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2017, por los que desembolsó 10,2 millones de euros. No obstante, y aunque le ofreció la posibilidad de comparecer de motu proprio, no fijó una fecha para su comparecencia.

Fase “embrionaria” de la investigación

La defensa de Francisco González -conocido en el ámbito bancario como “FG”- esgrimió, entre otros motivos, que desconocía con precisión los hechos por los que se le investiga y reprochaba al instructor que no hubiese concretado qué fondos sociales se habrían empleado para pagar los encargos realizados a Villarejo (la resolución judicial recurrida justificaba la necesidad de tomar declaración a “FG”, por una “precisa operativa sospechosa” en relación con la valoración de la adquisición realizada de una finca a título privado.

Pero García Castellón precisa que la investigación se halla “en una fase procesal embrionaria” en la que no se exige la “plena determinación” de los hechos sobre los que se indaga a la espera de que, en su caso, los indicios delictivos permitan un relato de los hechos más “preciso, minucioso y detallado”.

No obstante, el instructor deja claro que hasta el momento de la investigación se infiere que se han podido cometer “hechos con apariencia delictiva, en cuya virtud se habrían llevado a cabo encargos al grupo Cenyt” (de Villarejo y su socio Rafael Redondo) y que esos “servicios” se habrían pagado “con los fondos sociales” de la entidad bancaria.

El propio González, subraya, “sitúa las gestiones para localizar una finca en los años 2013 y 2014”, lo que unido a que los indicios “apuntan a que tales servicios se abonaron con fondos de BBVA” lleva al magistrado a concluir que los hechos investigados “sí que estarían concretados, siquiera de modo genérico”.

Los hechos no han prescrito

Asimismo, García Castellón rechaza que, como mantiene la defensa del ex banquero, Anticorrupción esté llevando a cabo una investigación prospectiva, y recalca que el objeto del procedimiento son “una pluralidad de contrataciones del Grupo Cenyt, por lo que no tiene carácter prospectivo el interrogatorio a propósito de tales encargos, máxima si atendemos al cargo que ocupaba el investigado mientras se contrataron tales servicios”.

Para el juez de la Audiencia Nacional, “no es posible entender que los hechos investigados se encuentren prescritos” dado que en esta fase inicial de la instrucción “no es posible acotar temporalmente los servicios” que encargó el banco a Villarejo, por lo que considera “esencial que se le tome declaración sobre dicho extremo” (los supuestos encargos del BBVA al ex comisario con posterioridad a 2013 y 2014).

“FG” también argumentó que el delito de administración desleal exigía en el momento de comisión de los hechos de una denuncia del ofendido o perjudicado. Pero García Castellón recuerda que ese requisito no es necesario cuando afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas. El BBVA, subraya, “es una entidad bancaria de gran relevancia, que cotiza en el IBEX-35, con una multitud de accionistas y que es uno de los principales bancos de este país”. Razones más que suficientes para concluir -razona- que “el riesgo reputacional de semejantes conductas sí que afecta, de modo directo, a los intereses generales de aquéllos, así como al interés general”, por lo que en su opinión no sería necesaria una denuncia previa para investigar lo sucedido.

En su declaración judicial, Francisco González señaló al ex jefe de seguridad del banco, Julio Corrochano (también investigado) como la persona que propuso la contratación de Cenyt en dos ocasiones: a finales de 2004 tras el fallido intento de la constructora Sacyr de hacerse con el control del banco y alrededor del año 2010, en plena crisis inmobiliaria, para investigar los activos ocultos de inmobiliarias morosas. En ambos casos, explicó, se le autorizó a efectuar la contratación, pero él no supo nada más del asunto porque se trataba de un tema «absolutamente menor». «A mí no me llega nada de contratación –puntualizó–, nada de facturas, esas cosas no llegan al presidente. A mí me llegan temas que son más o menos de 50 millones de euros para arriba”.