Economía

El juez también imputa a Francisco González por administración desleal por los encargos a Villarejo

García Castellón señala a “las más altas instancias de los ejecutivos del banco” por las supuestas irregularidades y cita como imputado a su responsable de Comunicación

El ex presidente del BBVA, Francisco González, está investigado por delitos de cohecho, revelación de secretos y administración desleal
El ex presidente del BBVA, Francisco González, está investigado por delitos de cohecho, revelación de secretos y administración desleal

La Audiencia Nacional investigará también por administración desleal al ex presidente del BBVA Francisco González, imputado desde noviembre de 2019 por delitos de cohecho y revelación de secretos por los encargos de espionaje de la entidad bancaria al ex comisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2017, por los que desembolsó 10,2 millones de euros.

El instructor -que investiga en este procedimiento a una veintena de imputados y empresas, entre ellas la propia entidad bancaria- no cita por ahora a declarar a Francisco González en relación a esta postrera imputación, pero le recuerda su derecho a comparecer “si lo estima oportuno sobre este nuevo delito investigado”. González dimitió de todos sus cargos en marzo de 2019 tras denunciar una «larga y continua agresión mediática» por este caso.

Así lo ha acordado el juez Manuel García Castellón en un auto en el que acuerda asimismo, también a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, citar como investigado al director de Comunicación del BBVA, Pablo García Tobin, por la presunta comisión de un delito contra la administración de justicia al encubrir supuestamente al ex presidente del banco.

Con esta nueva imputación el juez intenta arrojar luz sobre qué personas del BBVA tenían conocimiento de la contratación de Villarejo y cómo se gestionó el asunto cuando se publicaron las primeras informaciones al respecto, esclareciendo si se trataron de encubrir esos encargos.

“Levantar la información”

Y es que la responsable de Seguridad del banco, Inés Díaz Ochagavía, aseguró al instructor el pasado marzo que cuando saltó la noticia se le requirió información desde la entidad y el 25 de mayo de 2018 se le convocó a una reunión, a la que asistió García Tobin, “para ver si lo que salía en prensa relacionado con Cenyt y que afectaba al BBVA era cierto”. Fue precisamente a instancias del responsable de Comunicación, dijo, que se procedió a crear “una carpeta en Google Drive para “levantar la información” que pudiera existir en la entidad sobre las contrataciones con Cenyt”.

En la comparecencia de Díaz Ochagavía, el representante legal del BBVA se comprometió a entregar al juzgado una copia de esos archivos “con los metadatos asociados”. Pero el instructor ha constatado que en la documentación aportada por el banco no consta la carpeta creada por García Tobin “ni la relación específica de metadatos” que permiten seguir el rastro de los archivos desde su creación.

Algo que, según García Castellón, “evidenciaría qué personas estuvieron autorizadas a acceder y si existió borrado de algún archivo”, sobre todo teniendo en cuenta, subraya, que en esa documentación existen correos con archivos adjuntos “sin que consten estos últimos”.

Las facturas “han desaparecido”

El instructor apunta que la contratación de Villarejo se efectuó “al margen del procedimiento de selección de proveedores de la entidad” y se mantuvo opaca, “conforme la propia entidad señala”, para muchas de las personas que deberían haber tenido conocimiento de la misma.

Asimismo, advierte indicios de que las normas internas de control del BBVA “no detectaron nada a pesar de los años en que se mantuvo” esa contratación (más de una década)y de que según la propia entidad “se estuvieron pagando facturas de forma continuada que no se encontraban respaldadas por contrato alguno” y cuyos originales o copias escaneadas han desaparecido.

Las grabaciones obtenidas como consecuencia de las entradas y registros -explica el magistrado-, en especial la que se llevó a cabo en el domicilio de Villarejo cuando fue detenido en noviembre de 2017 evidencian que el ex jefe de Seguridad del banco Julio Corrochano “trataba de estos temas con “el jefe”, siendo la única persona que puede responder a ello el ex presidente de la entidad Francisco González”. Esta apreciación, continúa, “sitúa las irregularidades en las más altas instancias de los ejecutivos del banco, ejecutivos que, por otra parte, se mantienen en la actualidad y son los que dirigen la posición procesal de “colaboración” de la entidad” con la investigación judicial.

“A mí me llegan temas de 50 millones para arriba”

En su declaración judicial, Francisco González señaló a Corrochano como la persona que propuso la contratación de una agencia de detectives en dos ocasiones: a finales de 2004 tras el fallido intento de la constructora Sacyr de hacerse con el control del banco y alrededor del año 2010, en plena crisis inmobiliaria, para investigar los activos ocultos de inmobiliarias morosas. En ambos casos, explicó, se le autorizó a efectuar la contratación, pero él no supo nada más del asunto porque se trataba de un tema «absolutamente menor». «A mí no me llega nada de contratación –puntualizó–, nada de facturas, esas cosas no llegan al presidente. A mí me llegan temas que son más o menos de 50 millones de euros para arriba”.

El instructor de esta pieza del “caso Tándem” ordena también a la Policía que acuda a la sucursal del BBVA en la que la empresa parapolicial de detectives de Villarejo, Cenyt, abrió su primera cuenta en diciembre de 2004, para que le detalle toda la información relativa a esa cuenta en busca de los posibles pagos efectuados por la entidad bancaria

Según consta en un informe policial de Asuntos Internos, Villarejo se gastó los 10,2 millones que percibió entre 2004 y 2019 del BBVA a cambio de labores de espionaje en diversas operaciones de adquisición de empresas mercantiles, en productos de ahorro e inversión, en la amortización de préstamos que suman más de 705.000 euros y en el cobro de cheques de hasta 105.000 euros.