El choque del Gobierno con el Supremo obstaculiza un plan “Puigdemont”

El último capítulo europeo del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española, es la comidilla de Bruselas, y nuestras instituciones no salen nada bien paradas en las conclusiones y especulaciones que circulan entre el núcleo de la autoridad comunitaria. Allí, como ocurre en clave doméstica, también sospechan sobre la posibilidad de que a Puigdemont no le haya pillado por sorpresa su detención en Cerdeña. Pero esto entra en el terreno de la elucubración, porque en lo que sí hay bastante acuerdo en el ámbito parlamentario europeo es en que Puigdemont ha vuelto a beneficiarse, una vez más, de la descoordinación entre el Gobierno y el Tribunal Supremo (TS).

El «caso Puigdemont» se ha convertido en un complejo galimatías jurídico, técnico y enrevesado, donde en la partida de ajedrez que juegan el Estado español y la defensa de Puigdemont hay movimientos de los actores que representan a España que están facilitando, con intención o sin ella, la victoria al líder independentista. El coste es para la reputación de España, pero a las partes afectadas les preocupa mucho menos la imagen nacional que velar por sus intereses de parte en esta complicada batalla.

La primera descoordinación que ha dado alas a Puigdemont es la falta de sintonía entre el Gobierno y el Supremo. Cada uno tira para un lado desde hace tiempo, en un choque visible en el ámbito comunitario, y que puede resumirse en un hecho determinante en la decisión del juez italiano de dejar en libertad a Puigdemont: en uno de los episodios de este complejo proceso, la Abogacía del Estado comunicó que la euroorden no estaba ya en vigor frente a la posición que mantiene el Alto Tribunal español. Lógicamente, ante esta falta de unidad, al juez italiano no le queda más remedio que atender al hecho de que le consta la comunicación de la Abogacía del Estado que considera que la euroorden no está vigente. «Ha sido la contradicción entre el Supremo y el Gobierno la que ha dejado esta vez libre a Puigdemont», explican en Bruselas. En libertad, al menos hasta el 4 de octubre, cuando el juez italiano decidirá sobre la orden de entrega cursada por el magistrado del Supremo Pablo Llarena.

Cuando el pasado mes de marzo Puigdemont perdió su inmunidad, el juez Llarena presentó una prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ejecución de la euroorden contra el ex conseller Lluis Puig, rechazada por las autoridades belgas. Mientras el TJUE decidía sobre esta cuestión, clave para la estrategia judicial española para reclamar a Puigdemont, el efecto de la euroorden quedó en suspenso, por decisión de los jueces europeos atendiendo a la Abogacía del Estado. Ésta comunicó que ningún tribunal de la UE podría ejecutar las órdenes de detención europeos en litigio hasta que el Tribunal de Justicia se hubiera pronunciado sobre la cuestión prejudicial sobre Lluis Puig.

En el ámbito comunitario consideran que Puigdemont también se está beneficiando del pulso que mantienen el Supremo y la Justicia comunitaria. Y, de hecho, después de este nuevo episodio, en el que entienden que el Supremo ha vuelto a actuar sin esperar a que los jueces europeos resolviesen la cuestión prejudicial planteada previamente, la previsión es que el TJUE responda con otro tirón de orejas al Supremo.

Y el tercer elemento determinante a favor de Puigdemont es la campaña que cuestiona la objetividad de la Justicia española a raíz de la falta de acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Gobierno tiene su responsabilidad, pero también hay que señalar el papel de la oposición, de asociaciones judiciales y demás actores que están dando pie, con sus discursos y denuncias, a que en el ámbito comunitario se instale cada vez más la idea de que la Justicia española está, efectivamente, politizada. Éste es el gran eslogan al que se ha aferrado Puigdemont en su ofensiva para detener la acción judicial contra el «procés».

Puigdemont no está hoy más cerca de España que antes de esta detención. Gobierno y ERC comparten esta tesis, y surfean como pueden sus respectivas puestas en escena mientras en privado se conjuran para mantener la mesa de diálogo, que tan rentable confían que pueda ser para las dos partes. A día de hoy, y a la espera de que el juez italiano tome declaración a Puigdemont, tras un primer momento de incertidumbre en Moncloa se vuelve a la calma sobre el futuro de su pacto con ERC.

El ex presidente de la Generalitat y eurodiputado está huido de la Justicia desde 2017, y la mala gestión de esta fuga, errores que tienen su origen en la etapa de Rajoy, ha puesto en jaque la reputación de la Justicia española. No está sólo en juego su extradición, sino el prestigio de nuestras instituciones ante los tribunales europeos y la UE. Tras la detención de Puigdemont el jueves por la noche en Cerdeña, el juez Llarena comunicó de nuevo que la euroorden contra el ex presidente de la Generalitat seguía activa. Y la rueda sigue en movimiento, pero, hasta ahora, siempre a favor del líder secesionista.