El Congreso implosiona por la renovación del Tribunal Constitucional

La renovación de algunos de los órganos constitucionales pendientes –Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional (TC) y Defensor del Pueblo– salió ayer adelante en el Congreso de los Diputados, tras cuatro años de bloqueo. El acuerdo, rubricado entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, se concibió de partida como una salida a la «anomalía democrática» que suponía esta disfunción y ha acabado asestando un golpe que mina, más si cabe, la credibilidad de las instituciones. Se concibió defendiendo de inicio que los perfiles elegidos eran «personas de reconocido prestigio y de consenso» y se ha acabado renegando de ellos y asumiendo que son un «trágala» para el Gobierno, cuyo rechazo no esconde ni el presidente del Gobierno.

La «renovación» de un órgano de garantías constitucionales como el TC, nace viciada de origen si lo hace pervirtiendo la necesaria reputación del sistema democrático. Con estos mimbres, el camino que se ha recorrido hasta el resultado final ha puesto en evidencia a los partidos que lo han avalado y al sistema mismo. La implosión tuvo como colofón que desde las bancadas de Vox se acabara coreando el «sí se puede» con el que Podemos abanderó una regeneración que ahora entierra.

La soledad del Gobierno no fue figurada. Una nutrida representación de diputados de Vox, Ciudadanos, PNV, ERC, Junts, PDeCAT, Bildu, Más País, CUP y BNG se ocuparon de visibilizarla, negándose a participar en lo que calificaron de «apaño» para «repartirse los sillones» entre Gobierno y PP. Una realidad que pone de relieve que, aunque el miércoles Pedro Sánchez y Pablo Casado se lanzaran duros reproches a la cara, no tienen problema en aparcar sus diferencias cuando el objetivo es común.

La votación rompió el eje ideológico de la legislatura. El Gobierno se apartó de sus tradicionales socios de investidura y de aquellos que están llamados a aprobar los Presupuestos antes de que acabe el año, para aliarse con el principal partido de la oposición. No sin críticas internas por las reticencias a la candidatura de Enrique Arnaldo –a propuesta del PP– que había generado un gran malestar entre los partidos de izquierda sobre la idoneidad de su perfil. Una idoneidad que, a pesar del rechazo, quedó ya avalada la semana pasada en una liturgia parlamentaria –comisión de nombramientos– que destilaba sobreactuación, porque su resultado ya estaba decidido previamente por Gobierno y PP.

Una decena de diputados, entre «errores» y votos en conciencia, rompieron la disciplina decretada para evitar respaldar a un candidato al que no consideraban apto. La «pinza en la nariz» no fue tal para cargos socialistas como Odón Elorza o morados como Meri Pita, que reconocieron abierta y públicamente su posición contraria. A ellos se suman otros como José Luis Ábalos que, según su entorno, erró en el procedimiento de votación. Ahora, los diputados díscolos se enfrentan a una multa, que se valora desde las direcciones de sus partidos.

El debate se saldó con el reproche unánime de toda la izquierda, que, puso de relieve las contradicciones a las que se enfrentaba Unidas Podemos. La formación que venía a regenerar las instituciones y que pactó con los socialistas en el acuerdo de coalición la «renovación de los órganos constitucionales y organismos independientes», primando «los principios de mérito, capacidad, igualdad, paridad de género y prestigio profesional» ha acabado haciendo suyas los usos y costumbres de la «vieja política». Desde ERC, su portavoz Gabriel Rufián, reprochó al partido morado no haber votado en contra, puesto que «tenía fuerza suficiente para plantarse», mientras que desde Bildu tachó la votación de «bochornosa».

En Moncloa, por su parte, esperan que la tormenta pase cuanto antes y sostienen que el «perfil bajo» que han mantenido en su crítica a Arnaldo obedece a la necesidad de salvaguardar un fin superior que es la renovación del CGPJ. Gobierno y PP mantienen los contactos para desbloquear la joya de la corona, el Poder Judicial, y en el Gobierno tienen la expectativa de poder hacerlo antes de Navidad.

Desde Unidas Podemos transmitían que se encontraban ante un «dilema ético» entre votar a favor de la renovación «o permitir que siga un bloqueo ilegítimo». Para los morados, votar al candidato popular es el «mal menor», aunque reconocían que votarían «sin la paz que daría votar a las personas más honorables» y «con la nariz tapada». El trágala para los morados es de enormes dimensiones por su trayectoria de promesas de acabar con la corrupción.

Sin embargo, en la formación son conscientes también de la necesidad de cerrar el pacto y «tragar con este sapo» –según fuentes moradas– en pro de desbloquear la renovación del CGPJ. Una renovación que es imprescindible para acabar imponiendo una mayoría progresista en el Constitucional en junio. En esas fechas el mandato de otros cuatro magistrados, tres de ellos adscritos al bloque conservador, toca a su fin y la designación de los nuevos magistrados del Alto Tribunal está condicionada por la imposibilidad del Consejo de hacer nombramientos si, para entonces, sigue en funciones.