Policías y guardias civiles: “Si nos quitan material antidisturbios, muchos nos iremos de la unidad”

Hace tiempo que los policías y guardias civiles de este país no se sienten muy valorados por el Ministerio del Interior. Si hace unos años comenzaron su lucha por una equiparación salarial real a las policías autonómicas –promesa que aún no han visto del todo cumplida– ahora, el anuncio de la modificación de algunos puntos de la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana, conocida en algunos ambientes como «Ley Mordaza», no ha hecho más que ahondar en ese sentimiento de malestar. Porque no entienden su utilidad, porque creen que solo favorece a una minoría de la ciudadanía y desprotege gravemente al resto y porque les deja «vendidos» en muchas situaciones; lo que se traduce, en realidad, en dejar «vendida» la seguridad de la población. Y es que consideran que serán los ciudadanos quienes paguen el «sinsentido» que, a su juicio, suponen estos cambios.

LA RAZÓN ha hablado con varios agentes destinados en unidades de Seguridad Ciudadana que han explicado qué suponen en la práctica, en el día a día policial, estas modificaciones. Una de las unidades más afectadas es la UPR de la Policía Nacional, el «hermano pequeño» de la UIP («antidisturbios»). Entre otras funciones, son los encargados de mantener el orden público en las manifestaciones. Muchas son de corte violento y, según los protocolos policiales aprobados por la UE, han de ser disueltas con material antidisturbio homologado.

“¿Qué alternativa hay a las pelotas?”

Un agente destinado en esta unidad explica la importancia de la utilización de las polémicas pelotas de goma, cuyo uso ahora quiere prohibir el Gobierno. «La realidad es que a día de hoy no existe ninguna alternativa viable. No hay otro medio probado de contención de masas». El agente sostiene que es «imposible» tirar a dar ya que siempre debe rebotar antes en el suelo y el peso de la pelota es «irregular» por lo que no se puede dirigir.

«Su uso es importantísimo para mantener el orden público» y recuerda que siempre es un responsable policial –y el delegado del Gobierno en última instancia– quienes ordenan su uso, nunca un agente a decisión propia. «Cuando una manifestación es de carácter violento es muy difícil disolver sin provocar ningún daño porque la propia naturaleza de la convocatoria es violenta, pero siempre se intenta, por eso vamos de menos a más y tratamos de debilitar a la masa, diluirla por todos los medios. Primero vamos sin protecciones para no incitar; si llevamos mucho tiempo, se cambia la primera línea para no personalizar si hay cargas y luego comenzamos con las salvas (botes de humo lanzados con la misma franchi o escopeta) y, el último recurso, las pelotas, pero el objetivo es disolver la masa, no dar».

Por eso dice que siempre mantienen las dos «ventanas de aire» de la escopeta abiertas, para que dispare con menos fuerza y nunca «tiro tenso» o directo, siempre en rebote. «Tendrían que cambiar los protocolos pero ¿qué nos van a dar a cambio? Nos quitan las pelotas, vale, pero ¿qué material me dan para repeler una masa violenta? ¿Hay otra opción? Lo que no vamos a ir es a acabar en el hospital. Es que te dejan vendido. Peligra mi vida y tengo familia. Si me quitan las herramientas de trabajo me pensaría mucho seguir en la unidad y, como yo, muchos compañeros».

“¿A quién sancionamos?”

Porque a la retirada del uso de las pelotas de goma, se une el hecho de que una manifestación pueda ser «espontánea», es decir, sin ser comunicada a la Delegación del Gobierno para que diseñe el dispositivo policial adecuado. «¿Qué capacidad de respuesta va a tener la Policía ante una convocatoria espontánea violenta? Si cortan las calles y no tenemos conocimiento puede generar un problema de orden público que afectará al ciudadano. ¿Qué va a haber siempre un retén pendiente por si surge alguna «espontánea»? Y si acaba en incidentes violentos, ¿cómo entramos si no nos dejan pelotas? ¿Y a quién sancionamos si no hay ningún responsable porque no está comunicada? No tiene sentido», sostiene el agente.

Pero el problema, recuerda, es que a ellos les afecta en su trabajo pero «lo va a sufrir el ciudadano que no tiene culpa de nada». La secretaria general de AUGC Madrid, Eva Gómez, subraya que el hecho de que una concentración sea «espontánea» choca «contra el artículo 21.2 de la Constitución, que indica que se dará comunicación a la autoridad».

Pero quizás uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la pérdida de la presunción de veracidad de los agentes, que desemboca, en la práctica, en la pérdida de principio de autoridad.

30 agresiones diarias

«Llevamos años reclamando que se tiene que restablecer el principio de autoridad. Lo vemos en toda España, pero especialmente en lugares como Campo de Gibraltar o Cataluña hemos visto cómo se ataca a los agentes por la pérdida de ese principio. Las agresiones a compañeros se han multiplicado en los últimos tres años y se producen unas 30 diarias», sostienen. Para Gómez, de AUGC, «está muy claro que nuestras actuaciones se rigen por el principio de legalidad, además de que están sometidas a un posterior control judicial. Entendemos que no es de recibo que los agentes actuantes (mínimo serán dos) no den fe cuando presencian una infracción». «Está claro que la normativa se puede mejorar pero no se entiende que no se haya pedido asesoramiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que somos quienes la utilizamos diariamente».

Además, recuerda que «no hay que olvidar que nos encontramos en nivel 4 de alerta antiterrorista y somos objetivo yihadista. Que se difunda nuestra imagen puede ponernos en peligro y también a nuestras familias», señala con respecto a ese nuevo permiso para difundir imágenes de agentes por internet.

“Que no piensen solo en Madrid”

Otro punto muy criticado ha sido el que rebajen de seis a dos horas el tiempo para identificar en dependencias policiales a un indocumentado. «En 20 años de servicio nadie se ha quejado nunca de eso: es crear un problema donde no lo había», sostiene un agente.

«Parece que solo han pensado en Madrid», apunta otro. «En Galicia, por ejemplo. Sabemos que no todos los pueblos tienen cuartel. Hay sitios que ya solo desplazarte a uno son 80 kilómetros por una carretera comarcal. Si crees que no te va a dar tiempo ¿lo dejamos sin identificar o te arriesgas a que te acusen de una detención ilegal?», pregunta un guardia civil. Además, recuerda que no solo se identifica a quien no lleva DNI en una manifestación o a un borracho en una discoteca:

«El 80% de las identificaciones se hacen a personas sospechosas y los compañeros de Policía Judicial tiran de ahí para resolver muchísimos homicidios, violaciones o secuestros», apunta. Además, el colmo del «disparate» les parece tener que devolver a la persona al lugar de origen detrayendo efectivos materiales y humanos de proteger al resto de la población: «La única patrulla que hay en el pueblo, ¿qué la ponemos a hacer eso y que echen ahí la tarde? ¿Y si llama una víctima de violencia de género le decimos que es que estamos llevando a un pederasta de vuelta a la puerta de un colegio? Por favor: sentido común», zanja.

Por todos estos motivos hoy todos los sindicatos, aglutinados ahora bajo el paraguas de la nueva Plataforma «No a la España Insegura» –donde también se han sumado policías autonómicas, municipales y asociaciones vecinales– saldrán desde la Puerta del Sol a las 11:30 horas para pedir al Gobierno que reconsidere la modificación de esta ley y hable con los agentes que conocen la realidad policial y el día a día en las calles para conocer qué puntos podrían mejorarse.