Una reforma que deja «vendidos» a los agentes

Policías nacionales, autonómicos, locales y guardias civiles unen sus fuerzas y se manifiestan hoy en Madrid, en la puerta del Sol, para advertir al Gobierno del riesgo que supone la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que pretenden imponer y que reclaman desde ERC, EH Bildu, PNV o Podemos.

El propio Pedro Sánchez durante la moción de censura en 2018 fijó como uno de los objetivos prioritarios desmontar esta regulación, de la que, sin embargo, se ha servido más de lo que lo hiciera su predecesor e impulsor desde La Moncloa, Mariano Rajoy y que incluso cuenta con el aval del Tribunal Constitucional.

Y es que el Gobierno de coalición ha utilizado la Ley de Seguridad Ciudadana para asegurar el cumplimiento de las restricciones de movilidad durante los periodos de excepcionalidad y limitaciones derivados del estado de alarma. esta norma es la que ha permitido también que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pudieran blindar el chalé de Pablo Iglesias de los supuestos «escraches» que denunció, a pesar de que los morados fueran defensores de su derogación o también hizo posible los rechazos en frontera tras la avalancha masiva de inmigrantes que llegaron a Ceuta, una práctica que pudo ser posible por estar aprobada por ley.

Sin embargo, la norma ahora está en el bazar de concesiones a los socios del gobierno para así poder sacar adelante toda la partida de los Presupuestos y con ello, advierten las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está en riesgo la seguridad de los españoles y su propia protección.

Policías y guardias civiles se quejan de que la reforma de Ley no se hace de forma «arbitraria y sin diálogo» y que no podrán ser garantes de la sociedad ni del Estado de Derecho. Una reforma «pactada en los despachos» que critican, «amenaza la vida diaria de los ciudadanos y deja desprotegidos a los policías y guardias civiles». Por ello alzan la voz y dicen «no a la España insegura» porque, advierten de que «generaría un vacío jurídico en el ámbito de la protección de la seguridad ciudadana por primera vez en 28 años.

Y es que lo que lo que recoge la reforma de la ley constituye «una nueva falta de respeto a todos los policías en el ejercicio de sus funciones». Además, «se vulnera completamente su derecho a la intimidad, así como el derecho a preservar su imagen y su identidad como policías», «la inseguridad jurídica acarreará que los agentes decidan no actuar de determinada forma por si les va a traer problemas». Hay quien ve en esta exigencia que impulsan los socios de gobierno como una forma de preparar el terreno para, llegado el momento, poder tomar las calles con impunidad.

Puntos polémicos

¿Cuáles son los diez puntos más controvertidos que marcarían un antes y un después en esta polémica ley?

Grabar a las Fuerzas de Seguridad no constituirá infracción. El acuerdo al que han llegado el Ejecutivo y Podemos para tumbar esta controvertida ley contempla la eliminación del ordenamiento jurídico de la prohibición de difundir imágenes de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin autorización previa. Una medida que llegaría justo en un momento en el que las agresiones a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han disparado (30 agresiones diarias).

De este modo, tal y como reza la propuesta, la toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones o su difusión, no constituirá infracción, salvo que «genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar» de ese miembro de la autoridad. Eso sí, los agentes no podrán grabar a los infractores.

Las manifestaciones espontáneas no tendrán que ser comunicadas previamente. El texto argumenta que no habrá infracción siempre que «el ejercicio pacífico de tal derecho precise de una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora, siempre que no se cause violencia o alteración del orden público».

A esto se le suma que se reduce el tiempo de la detención. Las personas que se nieguen a identificarse podrán ser retenidas hasta dos horas, cuando antes el período máximo establecido era de 6 horas. Además, el detenido será devuelto al lugar donde se inició la intervención de manera que, si un presunto pederasta es detenido en un parque infantil, éste deberá ser devuelto de nuevo a ese lugar, por ejemplo, convirtiendo, además, a los agentes en taxistas.

El atestado policial perderá la presunción de veracidad. Cambios en el material antidisturbios, evitar cacheos denigrantes o desnudos o la infracción leve por tenencia de drogas, también entre los puntos que contempla la reforma.