Sánchez prioriza la economía en la sexta ola

La Conferencia de Presidentes en la que Pedro Sánchez reunió a los líderes territoriales el miércoles y en la que les quiere volver a citar antes de que acabe el año dejó un agrio sabor de boca. Las comunidades autónomas salieron del encuentro con la sensación de que la respuesta fue insuficiente ante la explosión de contagios que vive el país en el contexto de la sexta ola. Nula ambición por parte del Gobierno central y también de algunas regiones que no quieren tomar medidas restrictivas para las que, en la mayoría de los casos, no cuentan si quiera con el paraguas jurídico necesario y deben buscar aval judicial. En Moncloa resuelven que las CC AA tienen «las herramientas suficientes» para contener al virus y rechazan cualquier intervención.

La decisión de volver a la mascarilla obligatoria en exteriores es cuestionada por los expertos y también por algunos presidentes autonómicos, a pesar de que el Gobierno la adoptó tras la petición de hasta siete territorios. Pero lo cierto es que la imposición de esta medida sin que vaya acompañada de restricciones también en interiores ha generado desazón entre las regiones que quieren establecer un cortafuegos frente al virus. Si en otras fases de la pandemia se priorizó la salud a la economía– un debate recurrente ante la forma de dirigirse de algunos gobernantes, ya fueran nacionales o autonómicos–, ahora se ha optado por evitar un parón productivo que pueda comprometer la recuperación en ciernes.

Las restricciones más duras no se destierran de los planes de Sánchez por el coste político o el desgaste que puedan generar, sino por la necesidad de blindar el buen curso de la economía. De este modo, la ambición de las medidas impulsadas por el Gobierno se ha limitado a la obligatoriedad de la mascarilla –con coste cero– y se ha cambiado sorpresivamente de criterio en lo que respecta a las cuarentenas que deben hacer los contactos estrechos de contagiados por Ómicron. Si en un primer momento el criterio de los expertos fue aislar a estos contactos, la Comisión de Salud Pública decidió después –arrastrando a algunas comunidades como Cataluña, que no estaban de acuerdo– a levantar estas cuarentenas para evitar un colapso en la actividad. 70.000 casos diarios en aislamiento, sumados a sus contactos estrechos, sobre todo en sectores estratégicos como médicos, policías o bomberos podría acabar poniendo en jaque al sistema.

Por ello, el Gobierno ha optado por una estrategia de simulada proactividad, en la que el presidente ha multiplicado su presencia pública, en declaraciones institucionales con mensajes de escaso contenido y medidas, como la de las mascarillas, que no tienen una eficacia, más allá de su capacidad de unificar el criterio en contra. Desde prácticamente todos los grupos de arco parlamentario –de PP a EH Bildu– se criticó lo que consideran una iniciativa «ineficaz» e incluso «contraproducente» por tratarse de «meramente estética» y que sólo servirá para incrementar el «hartazgo» de la ciudadanía.

En todo caso, en Moncloa han hecho un control de daños y confían en que su estrategia de fiarlo todo a la vacunación dé resultado, ante una variante de menor gravedad, pero de infinita contagiosidad. En el Ejecutivo han asumido que el bien superior a proteger a día de hoy es la recuperación económica, que empieza a despuntar sin el vigor ni velocidad que se esperaba, pero cuyo avance no se puede entorpecer o frustrar con la incertidumbre que acarrearían nuevos cierres de comercio, hostelería o limitaciones de la movilidad. Máxime cuando el INE revisó ayer sus previsiones al alza, impulsadas por el gasto de las familias. El Ejecutivo no quiere que Ómicron enfríe la trayectoria de la economía.

Una economía que se ha convertido en la prioridad absoluta del Gobierno en la recta final de la legislatura para seguir sentando las bases de la recuperación. Sánchez consiguió ayer otro hito importante, cerrar la reforma laboral con un acuerdo inédito con empresarios y sindicatos, que traslada un mensaje contundente de estabilidad a Bruselas, pero también a España, en un contexto como es el de la relaciones laborales, donde el país se juega su futuro.

También el futuro de Sánchez está en juego en está vertiente. El presidente del Gobierno ha fiado sus opciones de mantener la Moncloa a que la recuperación económica «justa» sea una realidad. Así figura, de momento, solo en los pantallones ante los que comparecen cada día los ministros en la sala de prensa de Moncloa, pero el bolsillo de los ciudadanos apenas percibe el cumplimiento de un compromiso que viene lastrado por los récord de la factura de la luz, la crisis de suministros o una inflación en máximos de los últimos 29 años.

En paralelo, tanto el pacto para la reforma laboral como la aprobación de los Presupuestos el próximo martes 28 de diciembre dan aire al Ejecutivo y le permiten enmascarar la polémica de las mascarillas que, tal y como aseguran desde Moncloa, se tratará de una cuestión «temporal» y que se revertirá «tan pronto» la situación de la pandemia lo permita. Primero, eso sí, debe convalidarse en el Congreso de los Diputados y si nos atenemos al rechazo generalizado que ha provocado entre los grupos, el Gobierno podría verse en apuros. Quizá por ello, se introdujo una referencia a la revalorización de las pensiones en el mismo decreto.