El Gobierno entierra la reforma del delito de sedición

La crisis del coronavirus golpeó al Gobierno de coalición en los inicios de la andadura de la legislatura y ha obligado continuamente a ir reordenando sus prioridades. Si bien, cuando Pedro Sánchez llegó al poder ubicó el “reencuentro” con Cataluña como uno de sus objetivos principales, éste se ha visto relegado por lo acuciante de la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia. Si en las últimas fechas el Ejecutivo dejaba en suspenso la próxima convocatoria de la “mesa de diálogo” con Cataluña, apelando precisamente a ese orden de prioridades en pleno azote de la sexta ola, algo parecido ocurre en la agenda legislativa del Gabinete.

El Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros su plan anual normativo para 2022. Una hoja de ruta que se suele fijar dentro del primer cuatrimestre del año, pero que el Ejecutivo ha querido alumbrar en su primera reunión del año para trasladar una imagen de solvencia y actividad. Dentro de este compendio de normas, hay previstas hasta 368 propuestas, de las cuales 92 serán leyes, 11 leyes orgánicas, 81 ordinarias y 276 reales decretos. A pesar del volumen normativo, no hay ni rastro de alguna de las reformas estrella que el presidente prometió cuando tenía la “agenda catalana” en primer término.

Tal como ha confirmado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el Gobierno no va a impulsar la modificación del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición, por el que fueron condenados los líderes del “procés”. Una vez concedidos los indultos, Moncloa relegó esta iniciativa para la que se vislumbraban importantes obstáculos como la falta de apoyos para llevarla adelante. En el Gobierno recuerdan que al tratarse de una ley orgánica se necesita una mayoría absoluta de apoyos, para lo que tendrían que alcanzar los 176 diputados y conseguirla no es nada fácil, dado que al rechazo seguro de los partidos de la derecha, habría que sumar las dudas que genera en sus socios. Fuentes gubernamentales ven reticencias en los partidos independentistas catalanes, pues creen que apoyarlo sería tanto como “admitir que han cometido un delito”.

Esta reforma lleva pendiente varios años, a pesar de que el borrador de la misma está prácticamente “culminado” y “muy avanzado”, según fuentes conocedoras del avance de los trabajos. En un principio, en Moncloa se pusieron como límite temporal para aprobarla antes de finales de 2020, pero no se materializó ni se rescató para 2021. Hoy también se entierra para lo que queda de curso y, podría decirse, que de legislatura, ya que no se prevé que se vaya a retomar esta polémica medida en 2023, año electoral. La reforma del Código Penal también tiene pendientes otras cuestiones como la rebaja de las penas de rebelión y de las injurias a la Corona o los delitos de opinión, que el Ejecutivo se comprometió a despenalizar a raíz del encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, y que según Bolaños tampoco están previstos.

Desde el Ejecutivo sostienen que la prioridad para el Ejecutivo es ahora la recuperación económica y que “2022 es un año muy importante” para consolidarla. En Moncloa dan una “trascendencia histórica” a este ejercicio para lograr una segunda transformación del país, que asemejan a la que se consiguió con la entrada de España en la Unión Europea en los años 80. Para esa “segunda transformación” se buscará “mejorar la estructura productiva de nuestro país” y “profundizar en el avance en derechos y libertades, dignificando las condiciones de vida de las personas”. “Estas son las prioridades”, dicen en Moncloa, donde no ven que la reforma del delito de sedición esté “alineada” con ellas.

Además de ir en línea con el Plan de Recuperación y Resiliencia pactado con Bruselas, las medidas que el Gobierno prevé impulsar este año tienen un fuerte componente social y progresista. Desde la subida del SMI, hasta abolir la prostitución o la ley de Vivienda que se aprobará la próxima semana. En el Gobierno son conscientes de que necesitan volver a reconectar con su electorado y con la sociedad, que no acaba de percibir que las iniciativas que pone en marcha el Ejecutivo vayan dirigidas a la clase trabajadora, los jóvenes o los autónomos. Entre las normas anunciadas están una Ley de Ciencia, la Ley de Industria, la Ley de Servicios Sociales, la Ley para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, la Ley de protección integral contra la violencia de género o la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, entre otras.

Penas de entre 10 a 15 años, a no más de cinco

El Gobierno defendía la reforma del delito de sedición para “armonizar” el Código Penal español con el de otros países europeos. Esto supone, de facto, rebajar las penas actuales, que van desde los 10 a 15 años en el caso de que los cometan autoridades, mientras que para el resto, los que hayan “inducido, sostenido dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años”. El problema radica en que este delito no existe en los códigos europeos, pero se puede comparar con la resistencia grave, que prevé uso de violencia, castigada en otros países de nuestro entorno con no más de cinco años de cárcel. La redacción final solo la conoce la ministra de Justicia.