Los flecos del archivo de Juan Carlos I: tres decretos y la firma de Anticorrupción

La Fiscalía espera los datos de la Agencia Tributaria para hacer público el cierre de la investigación al Rey que tiene de plazo hasta junio

El rey Juan Carlos I en el Centro Internacional de Tenis de Abu Dabi en la reaparición del tenista Rafael Nada
El rey Juan Carlos I en el Centro Internacional de Tenis de Abu Dabi en la reaparición del tenista Rafael Nada FOTO: ALI HAIDER EFE

El anuncio lleva meses en el aire, pero la noticia del cierre definitivo de la causa del Rey Don Juan Carlos se está haciendo esperar. Los dilatados plazos de Suiza motivaron a los fiscales a cargo a solicitar una prórroga del límite para indagar en las tres líneas de investigación abiertas aunque la intención siempre ha sido no estirarlo hasta junio, que es cuando vence de nuevo. Los decretos de archivo que, según las fuentes fiscales consultadas, serán tres ya están perfilados aguardando a que la Agencia Tributaria entregue el análisis de los últimos detalles del fisco. Además, otro de los interrogantes estaba en la firma de estos documentos después de la muerte del fiscal Juan Ignacio Campos y, según ha podido saber LA RAZÓN, la idea es que sea el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, el que estampe su rúbrica.

La primera línea de investigación -la relativa al AVE a La Meca- se inició allí, en Anticorrupción bajo la supervisión de Luzón. Posteriormente, la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, decidió trasladar las pesquisas al Tribunal Supremo por la condición de aforado del antiguo monarca y entregar el liderazgo al fiscal Juan Ignacio Campos por su amplia experiencia en delitos económicos. Después de algún ‘encontronazo’ con el jefe de Anticorrupción, Delgado accedió a que él, quien conocía de primera mano los pasos que se habían dado desde el principio, trabajara codo con codo con Campos.

Ambos, junto a un equipo de fiscales, entre los que se encuentran Paloma Iglesias y Juan Carlos López Coig, han desarrollado esa y las otras dos líneas indagatorias -sobre tarjetas opacas a cargo de un empresario mexicano y sobre un «trust» en el paraíso fiscal de las islas de Jersey- hasta el final. El triste fallecimiento de Campos, que murió el pasado 15 de diciembre tras una larga enfermedad, dejó sin una de las firmas más importante los documentos de archivo que ya estaban entonces en un estado muy avanzado.

Las fuentes consultadas indican que no tendría sentido que ahora lo firmara la recién elegida teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Jesús Sánchez Conde porque, a pesar de ser la número dos de la Fiscalía, no conoce en profundidad la causa. Campos, dicen estas fuentes, iba a firmar junto a Luzón en calidad de instructor no como Teniente Fiscal. Por eso, la idea es que sea el jefe de Anticorrupción en solitario quien finalmente ponga su nombre.

La decisión del cierre del caso basado en tres motivos, la inviolabilidad del Rey, la prescripción de los delitos y la falta de indicios suficientes de algunos otros, lleva tomada desde hace meses, pero Suiza tenía pendiente enviar una información sobre la Fundación Zagatka. Concretamente sobre los años 2014 y 2015 y los fiscales querían ser puntillosos y no archivar sin haber acreditado que las regularizaciones que realizó el padre del Rey Felipe VI en diciembre de 2020 y en febrero de 2021 coinciden con los pagos en especie que dicha fundación realizó en vuelos a Don Juan Carlos. El fiscal de Ginebra se demoró en esta diligencia y España no la recibió hasta mitad del pasado mes. Desde entonces los funcionarios de la Agencia Tributaria tienen estos números bajo la lupa y todavía no han entregado el material detallado en la Fiscalía, siempre según estas fuentes, como último trámite para el archivo.

Este no será un solo decreto, sino tres diferentes. Uno por cada camino recorrido sobre los presuntos delitos del exjefe del Estado. La Fiscalía busca que sea lo más detallado posible para que el trabajo del Ministerio Público que se prolonga ya años sin haber sido judicializado se entienda. Los fiscales son conscientes de la trascendencia del caso y, una vez se lo hayan notificado al abogado de Don Juan Carlos, harán públicos los tres textos. El plazo máximo está puesto en junio, después de que Delgado accediera a firmar el último decreto de prórroga, tal y como adelantó este periódico. Los plazos son de seis meses, pero los fiscales ya han venido anunciando que la intención es terminar con este asunto cuanto antes. El Rey ha manifestado su intención de volver a España una vez se salden sus cuentas en la Fiscalía. Por lo que resueltos estos flecos llegará el archivo definitivo.