Dolores Delgado firma la última prórroga a las investigaciones de Don Juan Carlos

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha estampado su firma en el que será el último decreto de prórroga de las diligencias sobre el patrimonio delRey Juan Carlos I, según confirman fuentes fiscales. Se trata, en concreto, de dos de las líneas de investigación -la relativa al AVE a La Meca y la que tiene que ver con el uso de tarjetas opacas por parte de miembros de la Familia Real- que, tal y como avanzó LA RAZÓN, tenían como límite finales de este mes de diciembre y los fiscales a cargo ya preveían solicitar una ampliación. Necesitaban más tiempo porque estaban a la espera de una documentación de Suiza que ya tienen en su poder, pero que requiere días de estudio antes del archivo completo que se espera en el mes de enero.

Esta nueva prórroga se suma a la que ya firmó Delgado el pasado 2 de diciembre para la tercera línea de investigación, la de cuentas en el paraíso fiscal de la isla de Jersey. La concesión de esta ampliación del plazo es un mero trámiteque debe firmar siempre la jefa del Ministerio Público y que extiende por seis meses más (hasta junio de 2022) la fecha para seguir indagando. La intención de los fiscales es archivar desde finales de verano, el problema es que sus tiempos no han ido acompasados con los de la Fiscalía Suiza, que también mantenía abiertas unas diligencias parecidas, en torno a la supuestas comisiones que el Rey recibió por parte de Arabia Saudí por haber facilitado las negociaciones de la construcción del AVE a La Meca por parte de empresas españolas.

Los investigadores españoles remitieron una comisión rogatoria a su colega suizo, el fiscal Yves Bertossa, para conocer los movimientos de dos fundaciones («Lucum» y «Zagatka») cuyo beneficiario era Juan Carlos I. A principios de 2021 Bertossa contestó con los datos desde el 2016 hasta el 2019, pero se olvidó de dos años fiscales anteriores, y eran relevantes porque el Rey ya no era inviolable al haber renunciado a la Jefatura del Estado. La Fiscalía llevaba meses esperando que Suiza enviara estos detalles del 2014 y el 2015 sobre la Fundación «Zagatka» y no fue hasta mitad de este mes cuando por fin recibieron lo que les faltaba.

En este periodo el fiscal suizo se adelantó y cerró las diligencias que mantenía abiertas (aunque allí el Rey no estaba siendo investigado directamente) porque no consiguió acreditar que la donación de 65 millones de euros que Don Juan Carlos recibió por parte de Arabia Saudí, y luego éste transfirió a la empresaria Corinna Larsen, fuera en concepto de mordida por la construcción ferrovial. Los fiscales españoles venían advirtiendo de que su intención era la misma, el archivo, pero no querían hacerlo hasta tener la información completa. Un hecho que recibió críticas internas dentro del Ministerio Público por mantener vivas unas diligencias tanto tiempo sin judicializarlas. Las fuentes consultadas indican que no le veían sentido a terminar con las pesquisas sin tener antes una información que ellos mismos habían pedido para no dejar ningún fleco suelto.

Lo que los fiscales quieren hacer ahora con lo recibido por Suiza es un simple trabajo de cotejo para ver si las regularizaciones llevadas a cabo por Juan Carlos I en estos años coinciden con las cantidades en esas cuentas. La documentación se encuentra en manos de los técnicos de la Agencia Tributaria de la Fiscalía Anticorrupción que son los que deben corroborar los montos. El padre de Felipe VI se puso al día con Hacienda primero el 9 de diciembre de 2020 cuando, ya instalado en Emiratos Árabes Unidos, abonó 678.393 euros correspondientes a una deuda tributaria de 2016 a 2018; y, dos meses después, en febrero de este año cuando aportó más de 4 millones de euros por rentas no declaradas de pagos en especie que, de lo que se conoce hasta el momento, tiene que ver con viajes que la fundación de su primo Álvaro de Orleans le sufragó a distintos países durante años.

Tanto éste como la propia Larsen fueron interrogados por los fiscales españoles y todo ello quedará plasmado en el decreto de archivo que está prácticamente acabado a falta de «rellenar huecos». La idea era que fuera firmado por el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, que han liderado la investigación, aunque este último falleció tristemente hace unas semanas.