El archivo de la investigación contra Juan Carlos en España compartirá argumentos de Suiza

El carpetazo de la investigación en Suiza sobre la donación de 65 millones de euros de Don Juan Carlos I a Corinna Larsen no ha sorprendido en la Fiscalía española que, si bien mantiene abiertas tres diligencias contra el monarca, está también a punto de cerrarlas. «Si tienen lo mismo que nosotros [en Suiza], no nos extraña», aseguran fuentes fiscales a LA RAZÓN. El fiscal de Ginebra Yves Bertossa ha puesto fin este lunes a las indagaciones en las que el Rey no estaba investigado, pero sí la actividad de la Fundación Lucum de la que él era beneficiario. Un punto y aparte que España todavía no puede poner porque están a la espera de unos datos fiscales que el país helvético ha acordado enviar.

Concretamente, la Fiscalía del Tribunal Supremo necesita los detalles de dos ejercicios, 2014 y 2015, que Bertossa no adjuntó en toda la documentación que ya ha remitido estos meses. El teniente fiscal del alto tribunal, Juan Ignacio Campos, líder del equipo investigador, envió una comisión rogatoria para conocer los movimientos de las cuentas de la fundación Lucum y Zagatzka en los bancos suizos. Bertossa contestó a una parte, pero faltaron esos dos años en los que Juan Carlos I ya no era Jefe del Estado y, por tanto, no gozaba de la inviolabilidad que le otorga la Constitución.

El Ministerio Público le recordó hace meses que carecía de estos datos, pero Suiza todavía no ha contestado. Con esa información pretenden acreditar que la cantidad regularizada por el monarca en una declaración voluntaria a la Hacienda española corresponde con los pagos a la Fundación. Si está todo «okey», las fuentes de la Fiscalía del Supremo ya han anunciado que no hay caso: emitirán el decreto de archivo y expondrán los argumentos por los que no van a interponer querella alguna.

El hecho de que Suiza haya tomado esta decisión en el mismo sentido supone también un balón de oxígeno para los investigadores españoles. Si el país helvético decidía seguir adelante con las pesquisas la situación podría ser incómoda en España, pero al haber optado por el archivo el Ministerio Público entiende que tampoco existen indicios sólidos allí para sentar en el banquillo ni a Corinna Larsen, ni a Arturo Fasana, el gestor de la cuenta del Rey en el banco suizo Mirabaud & Cia, ni a Dante Canonica, el abogado y director de la Fundación.

Bertossa los ha expulpado a todos porque no ha logrado acreditar que los 100 millones de dólares (65 en euros) que el rey de Arabia Saudí entregó a Juan Carlos I fueran en concepto de comisiones -que no pasaron por el fisco- por el contrato para la construcción de este tren de alta velocidad que iba a La Meca. El fiscal aclara que sí existió «deseo de simulación» en el hecho de que luego el Rey entregara este dinero a Larsen a través de una empresa ubicada en Bahamas, pero ante la falta de inidicos sólidos no puede continuar. No obstante, aunque Bertossa hubiera podido atar estos vínculos, los investigadores nacionales no habrían podido judicializar esta línea porque los hechos sucedieron entre 2008 y 2012 y, entonces, el Rey gozaba de la mayor protección que le da la Carta Magna.

Este es el frente más antiguo que tiene abierto el Ministerio Público, de hecho lo inició Anticorrupción, cuyo jefe Alejandro Luzón también firmará el decreto de archivo en España, antes de que el caso pasara a manos del alto tribunal por la condición de aforado. Y paralelamente existen otras dos vías que continúan vivas. La segunda tiene que ver con un presunto uso de tarjetas opacas por parte no solo de Don Juan Carlos, sino de miembros de sus familia. En el punto de mira está si utilizaban a un militar de confianza como una suerte de testaferro para recibir los fondos que enviaba el empresario mexicano Allen Sanginés Krause.

Y la tercera, y más reciente, tiene que ver con dinero oculto en paraísos fiscales, concretamente en la isla de Jersey. Las dos regularizaciones fiscales que el Rey ha hecho en España han supuesto un reconocimiento implícito del fraude, pero esta última línea relativa a los paraísos fiscales siempre ha sido negada por el entorno del monarca. Precisamente por estas terceras pesquisas fue por la que la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado firmó la prórroga de la investigación hace unos días. Lo hizo tras la petición del equipo de fiscales que al ver que el próximo 17 de diciembre se cumplía el plazo máximo para investigar y todavía no tenían lo requerido a Suiza necesitaban algo más de tiempo. El nuevo «deadline» está en junio de 2022, pero fuentes fiscales han advertido de que no lo agotarán. No es esperan que nada de lo que llegue cambie las cosas así que se ahorrarán agotar el plazo.

En un escrito hecho público ayer, la Fiscalía Suiza puso fin a 3 años de investigación que salpicaba a la monarquía española. Del análisis de los hechos se confirma que Juan Carlos I recibió en 2008 a través de Lucum (en una cuenta abierta en el banco de Ginebra, Mirabaud & Cie SA)el dinero de Arabia Saudí y, a partir de ahí, se hicieron diferentes pagos a Larsen. El fiscal acredita que además recibió 1.895.250 dólares en efectivo y otras transferencias de 5 y 2 millones de dólares procedentes de Kuwait y Bahrein. Pero estas transferencias «no fueron suficientemente documentadas», según Bertossa.

Expulpa también al directivo del banco Mirabaud, pero condena a la entidad a pagar una multa de unos 48.000 euros por no haber informado al organismo suizo que combate el blanqueo de capitales sobre las transacciones bancarias que se estaban produciendo con tal cantidades. Asimismo, los investigados tendrán que abonar unos 200.000 euros por las costas.

El frente que le queda: Corinna Larsen

El archivo en Suiza supone una buena noticia para Larsen que, después de conocer la noticia, emitió un comunicado diciendo que su inocencia «era evidente desde el principio». Pero su batalla legal no acaba aquí. De hecho, en este mismo texto aprovechó para acusar a los «infractores» de quien dice que sí «les ha dado tiempo para ocultar sus actividades».

Larsen mantiene un pleito con el monarca en Londres después de que a finales de 2020 lo demandara por acoso. El germen de este acoso, según su versión, es este dinero donado. Dice que cuando Juan Carlos I se lo pidió, después de que su amistad se quebrara, y ella se negó comenzó a ser perseguida y vigilada por emisarios del Rey.Señala específicamente a miembros del CNI y a su director entonces Félix Sanz Roldán.

Una vez en España se cierre el caso, previsiblemente a partir de enero, quedará únicamente Londres. Eso, si el juez de la capital inglesa no se pronuncia antes porque será él, Matthew Nicklin, quien decida sobre la competencia para investigar allí unos hechos presuntamente cometidos por un exjefe del Estado español.