La Fiscalía ya tiene los documentos de Suiza para cerrar la investigación contra el Rey Juan Carlos

La Fiscalía del Tribunal Supremo acaba de recibir los datos que le faltaban para cerrar la investigación contra el Rey Juan Carlos I. Unos detalles fiscales de la comisión rogatoria que habían pedido a Suiza y que corresponden a los años 2014 y 2015, cuando el monarca ya no era jefe del Estado, según han confirmado fuentes fiscales. El equipo del Ministerio Público que trabaja en este asunto pedirá una prórroga de dos de las líneas de investigación,como reveló LA RAZÓN, para terminar el decreto de archivo que se espera para enero.

Los documentos se recibieron este miércoles y ya están en manos de la Agencia Tributaria, como ha adelantado Abc, el mismo día que fallecía el teniente fiscal de Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, después de una larga enfermedad. La triste noticia, que ha conmocionado a la Fiscalía, ha dejado un vacío en el liderazgo de las pesquisas, que estaban a su cargo por su extensa experiencia en delitos económicos, si bien los trabajos estaban ya prácticamente completos. Campos ha trabajado “codo con codo” con el fiscal Jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que también ha llevado la batuta y se espera que sea él ahora hasta el final.

Con esta documentación enviada por el fiscal Yves Bertossa desde Ginebra se pretenden hacer las últimas comprobaciones sobre las regularizaciones que el Rey ejecutó el pasado mes de marzo. Son algo más de 4 millones de euros que vienen de los vuelos privados que su primo Álvaro de Orleans, a través de la Fundación Zagatka, pagó a Don Juan Carlos a lo largo de los años. Es una documentación “voluminosa” que se debe analizar con calma.

En este sentido, las fechas en el calendario están por concretar. La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, firmó al inicio de este mes un decreto para prorrogar una de las líneas indagatorias, la relativa a un trust en el paraíso fiscal de la isla de Jersey, con vínculos con el monarca. Caducaba mañana y los fiscales pidieron la ampliación porque la documentación de Suiza no llegaba. Las otras dos -sobre las comisiones por el AVE a La Meca y sobre el uso de tarjetas opacas- finalizan a finales de diciembre y sobre la mesa está una nueva petición de ampliación de ambas que, aunque no es necesaria, se realizará para dar todas las garantías al proceso.

En cualquier caso, las fuentes fiscales aseguran que no llegarán hasta junio de 2022 que es donde se ubica el nuevo “deadline” para investigar. El Ministerio Público quiere archivar cuanto antes porque no ha encontrado suficientes pruebas para condenar al padre de Felipe VI por ninguna de su actuaciones. Los motivos son diferentes y se expondrán con todo detalle en el decreto de archivo, en el que se incluirá también detalles de las declaraciones que estos años se le ha tomado a la examiga del Rey Corinna Larsen o a su primo Orleans. Para empezar, hay muchos de los presuntos hechos que sucedieron cuando el Rey era totalmente inviolable según la Constitución. Asimismo, otros estarían prescritos y, sobre algunos no se han encontrado los indicios suficientes para poder interponer una querella contra el monarca.

Algo en lo que coincide Bertossa que esta misma semana procedió al archivo también en Suiza de las diligencias que mantenía allí abiertas. Nunca estuvo investigando al exjefe del Estado, pero sí a las Fundaciones Lucum y Zagatka de las que él era beneficiario. El fiscal suizo terminó por archivar porque no encontró vínculos suficientes de que los 65 millones de euros que Arabia Saudí regaló al Rey en 2008 y luego éste transfirió a Larsen fuera una comisión por la rebaja del 30% que los empresarios españoles hicieron al país para construir el tren del AVE a La Meca. La Fiscalía española ya estaba en esta tesis desde hace meses y, por eso, el archivo es la única salida que ven posible.