Guerra fiscal en el Gobierno: El PSOE se opondrá a la iniciativa de Podemos en el Congreso

Superadas las tensiones por la reforma laboral y la ley de vivienda, el nuevo núcleo de fricción entre los socios de coalición se centra ahora en la fiscalidad. Desde Unidas Podemos comenzaron a presionar desde este mismo lunes para que el Gobierno apruebe en el corto plazo la reforma fiscal que tiene en agenda. Una normativa para endurecer la carga impositiva sobre las rentas más altas con el objetivo de lograr un Estado del Bienestar «mucho más fuerte y más redistributivo» y combatir la desigualdad, la exclusión social y la pobreza.

Aunque ambas partes comparten la «necesidad de ponerla en marcha», difieren en el calendario para ello. Unidas Podemos ya intentó incluir la subida del IRPF en el pacto presupuestario sin éxito, porque la parte socialista se negó. Los morados han ido ahora más allá, presentando unilateralmente su propuesta de redistribución fiscal que fija, entre otras medidas, un impuesto a las grandes eléctricas. El partido estima con estas medidas un aumento de la recaudación de 30.000 millones de euros al año.

La forma de proceder ha molestado en Moncloa, que encargó el estudio de estas propuestas a un comité de expertos del Ministerio de Hacienda y está a la espera de que termine su informe previsto para finales de este mes de febrero. El próximo martes se debatirá en Pleno del Congreso de los Diputados una proposición no de ley registrada por el grupo confederal que recoge la propuesta fiscal con la que presionan los morados y que incluye el impuesto para las grandes fortunas, así como el recargo temporal de diez puntos sobre el Impuesto sobre Sociedades a las grandes fortunas.

Sin embargo, tal como ha podido saber este diario, esta maniobra para presionar al PSOE no dará sus frutos, pues fuentes socialistas aseguran que no tendrán reparos en votar en contra de la propuesta de sus socios. Desde el Gabinete, la ministra de Hacienda ya desacreditó la propuesta calificándola de «inoportuna» y recordó que el liderazgo y competencia en esta cuestión corresponde al ministerio que dirige María Jesús Montero. La reforma fiscal vuelve a llevar al límite el protocolo de convivencia que se dieron PSOE y Podemos para cohabitar pacíficamente. En primer término, en lo que respecta al punto 16 que estipula el «respeto al ámbito competencial» de cada ministerio y en segundo, en el necesario acuerdo para presentar iniciativas y actuar con unidad de criterio en el sentido del voto (9a.). Ambos supuestos se han transgredido.

En el Ejecutivo critican el movimiento de los morados, que circunscriben a un posicionamiento electoral en la recta final de la campaña de Castilla y León para intentar marcar perfil y diferenciarse de los socialistas. La reforma fiscal es una de las tareas pendientes del Gobierno, que no ocultan que es «evidente» su necesidad porque España «es un país muy desigual». Sin embargo, se ha condicionado su puesta en marcha a que se «consolide el crecimiento» y la creación de empleo. Una situación de bonanza que entrará en el corto plazo en contradicción con los intereses electorales, por lo que no se prevé impulsar una subida de impuestos hasta después de las elecciones. Ya para 2024.