El juez descarta imputar a Pablo Iglesias por el “caso Dina” sólo por “sospechas”

García Castellón rechaza la petición de Vox, que instó al instructor a citar como investigado al ex líder de Podemos por los daños en la tarjeta de su ex asesora Dina Bousselham

Exasesora de Podemos este lunes de nuevo ante el juez por el robo de su móvil
Bousselham (izda.), en la imagen en su comparecencia de mayo de 2020 en la Audiencia Nacional, declarará de nuevo el miércoles FOTO: Luca Piergiovanni EFE

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón no ve motivos para citar como investigado al ex líder de Podemos Pablo Iglesias por los daños en la tarjeta del móvil de su ex asesora Dina Bousselham. El instructor del “caso Dina” --el robo en 2015 del móvil de la ex asesora de Iglesias y la posterior difusión del contenido de su tarjeta- ha rechazado así la petición de Vox, que le instó a imputar a Iglesias en el recurso en el que cuestionó que no se prorrogase más tiempo la instrucción.

García Castellón -que en octubre de 2020 llegó a remitir al Tribunal Supremo una exposición razonada para que imputara al entonces líder morado por tres delitos, lo que la Sala Penal rechazó- considera que Vox “no ha motivado de modo suficiente su petición”, que considera que “no se apoya en ningún hecho, dato o elemento novedoso que no se hubiera tenido en cuenta” cuando se negó a acordar la prórroga de la investigación el pasado enero.

Vox argumento que la investigación no había finalizado y que era necesario citar como investigado a Iglesias, por lo que entendía que el instructor debía ampliar el plazo de la investigación. Pero García Castellón subraya que el informe de la Policía Científica del pasado 24 de enero concluye que no es posible “determinar la producción de los daños en la tarjeta del teléfono” de la ex asesora de Podemos, “ni concretar su autoría”, por lo que sostiene que con esos mimbres no se puede imputar al ex líder de Podemos un delito de daños informáticos.

No hay indicios para citarle como investigado

El instructor reprocha a Vox que no especifique “cuáles son los indicios de los que se deriva la necesidad” de citarle como imputado, algo que -remarca- “únicamente se sustenta en sospechas”. Y recalca que la acusación popular “no detalla qué elementos delictivos se atribuyen a Pablo Iglesias, más allá de que estuvo en contacto con la tarjeta”.

El magistrado sostiene que el partido de Abascal no justifica la necesidad de prorrogar la instrucción, que pretende alargar -asegura- esgrimiendo “supuestos hipotéticos, en posibilidades y futuribles, sin un sustento indiciario lo suficientemente relevante” como para que rectifique su decisión inicial, dado que insiste en que la investigación “se encuentra finalizada”. Sin perjuicio, precisa, de que se lleven a cabo las declaraciones ya acordadas, entre ellas la de la propia Dina Bousselham el próximo miércoles.

En su resolución, García Castellón también se opone a la pretensión de Iglesias y su ex asesora de expulsar a Vox de la causa, en quien no aprecia ninguna actuación “en fraude de ley”. Además, recuerda que la sección tercera de la Sala de lo Penal avaló que el partido de Santiago Abascal ejerciera la acusación popular en el “caso Dina”, al apreciar la existencia de un interés general que legitima su intervención en el proceso.

Declaraciones pendientes

En octubre del pasado año, la Sección Tercera de lo Penal revocó la decisión de García Castellón de poner punto y final a la investigación del “caso Dina” y le ordenó interrogar tanto a Bousselham como a su ex pareja, Ricardo Sa Ferreira, y al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, como había pedido Anticorrupción.

Los magistrados señalaron entonces que Bousselham había declarado varias veces sobre las capturas de pantalla de su teléfono publicadas por OK Diario (en una de ellas Iglesias aseguraba que azotaría “hasta que sangrara” a la periodista Mariló Montero) que, en algunos casos, “también habían sido divulgadas por ella”. Pero los magistrados subrayaron que quedaba por saber “el origen de la divulgación por los medios de comunicación” desde enero de 2016 de otra información contenida en el teléfono que le sustrajeron en un centro comercial, un esclarecimiento “a lo que la declaración de ésta podría contribuir”.

En relación con Sa Ferreira, la Sala considera que su declaración puede contribuir a explicar “algunas lagunas en la información que en su día suministró sobre la sustracción del teléfono y recuperación de la tarjeta”.

La Audiencia veía también necesario que el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino dé su versión sobre lo manifestado por los dos periodistas de Interviú imputados: que facilitaron una copia de la tarjeta a Villarejo porque pensaron que esa petición se efectuó en el marco de una investigación policial.