El juez ve “esencial” conocer el informe sobre la tarjeta para decidir si cita como imputada a Dina Bousselham

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea considera “esencial” conocer el resultado del informe policial encargado hace ocho meses sobre la tarjeta del móvil robado a Dina Bousselham en 2015 antes de decidir si hay que citar a la ex asesora de Pablo Iglesias como imputada o como testigo.

El magistrado ratifica así la decisión del instructor del “caso Dina”, Manuel García Castellón, del pasado marzo de esperar a que se cumplimente esa diligencia por parte de la sección de Ingeniería Forense de la Policía antes de llamar a declarar a Bousselham y a su pareja, en cuyas comparecencias judiciales ya advirtió indicios de falso testimonio, como puso de manifiesto al Tribunal Supremo (TS) cuando intentó sin éxito que el tribunal imputara a Iglesias por tres delitos al responsabilizarle de los daños en la tarjeta que impidieron a Bousselham acceder a su contenido.

La resolución se conoce después de que los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal instasen al instructor el pasado octubre a reabrir el “caso Dina” tomando declaración tanto a Bousselham como a su pareja, Ricardo Sa Ferreira, y al comisario Eugenio Pino.

El magistrado recuerda que García Castellón acordó el pasado 1 de marzo solicitar un informe sobre el estado de la tarjeta telefónica del móvil de la ex asesora de Podemos antes de acordar su citación, al considerar que del contenido de dicha pericial se podrían obtener “extremos esenciales para la investigación” que podrían condicionar en calidad de qué iba a ser citada.

Ocho meses después

Y el juez espera que ese informe llegue pronto a la Audiencia Nacional, pues “transcurridos más de ocho meses desde el dictado de esta resolución” -asegura- “es de suponer que la conclusión de la pericial no se va a demorar por más tiempo, máxime cuando los peritos ya disponen de todo lo que se requiere para culminar la intervención”. Una vez analizado ese documento, insiste, “deberán ser citados” tanto Bousselham como Sa Ferreira y Pino y los dos peritos cuya declaración instó a realizar el Tribunal Supremo cuando le devolvió la causa para que siguiera practicando diligencias que consideraba necesarias para esclarecer los hechos.

Eso sí, el instructor asegura que ahora mismo no se puede entrar a valorar la conexión de estas supuestas infracciones con las que son objeto del procedimiento, ni siquiera si la Audiencia Nacional sería competente para investigar ese presunto falso testimonio, aunque se remite a lo apuntado por la Sala de lo Penal al respecto.

Respecto de Dina Busselham y Ricardo Sa Ferreira, recuerda que cuando en octubre de 2020 elevó exposición razonada al Tribunal Supremo para que se imputara a Iglesias (por su condición de aforado), puso de manifiesto “la existencia de indicios de participación en hechos aparentemente delictivos” -falso testimonio- por parte de ambos “por sus manifestaciones prestadas en sede judicial el 27 de marzo de 2019″.

Ahora, subraya, “si del resultado del análisis pericial resultaran elementos de cargo que consolidaran los indicios ya apuntados” entonces, “la declaración de ambos debería sujetarse, al menos, a las mismas “garantías” que se exigen” para el comisario Eugenio Pino.

La Sala Penal ordenó reabrir la investigación

El pasado octubre, la Sección Tercera de lo Penal revocó la decisión de García Castellón de poner punto y final a la investigación del “caso Dina” -el robo en 2015 del móvil de la ex asesora de Iglesias y la posterior difusión del contenido de su tarjeta- y le ordenó interrogar tanto a Bousselham como a su pareja y al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, tal y como había pedido la Fiscalía Anticorrupción.

Según argumentó la Sala, durante la investigación Bousselham había declarado varias veces sobre las capturas de pantalla de su teléfono publicadas por OK Diario (en una de ellas Iglesias aseguraba que azotaría “hasta que sangrara” a la periodista Mariló Montero) que, en algunos casos, “también habían sido divulgadas por ella”. Pero los magistrados defendieron que quedaba por saber “el origen de la divulgación por los medios de comunicación” desde enero de 2016 de otra información contenida en el teléfono que le sustrajeron en un centro comercial, un esclarecimiento “a lo que la declaración de ésta podría contribuir”.

En relación con Sa Ferreira, la Sala entendió que su declaración puede contribuir a explicar “algunas lagunas en la información que en su día suministró sobre la sustracción del teléfono y recuperación de la tarjeta”.

La Audiencia veía también necesario que Eugenio Pino dé su versión sobre lo manifestado por los dos periodistas de Interviú imputados: que facilitaron una copia de la tarjeta a Villarejo porque pensaron que esa petición se efectuó en el marco de una investigación policial.