El Gobierno lleva la ley de Vivienda al Congreso con el rechazo de sus socios

Se anticipa de nuevo una ajustada votación, con el voto en contra de PP, Cs, PNV, PDeCAT y Junts, y los socios apuestan por la enmienda de ERC, aunque decaerá

El portavoz de Más País, Iñigo Errejón
El portavoz de Más País, Iñigo Errejón FOTO: JUAN CARLOS HIDALGO EFE

El proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda llegará este jueves al Congreso de los Diputados en primera votación, después de que el Consejo de Ministros diera luz verde a la medida y tras las críticas del Consejo General del Poder Judicial que había concluido que el anteproyecto invade competencias autonómicas y avisaba de que la regulación del precio de los arrendamientos “quizá no resulte adecuada” tras la pandemia.

El Gobierno se encuentra con un Congreso crítico para aprobar la norma que contempla la regulación del precio del alquiler por lo que de nuevo, se anticipa, una votación ajustada para su aprobación. El PP, Cs, PNV, PDeCAT y Junts han registrado enmiendas de totalidad pidiendo la devolución de la iniciativa al Gobierno, mientras que ERC ha registrado una enmienda a la totalidad para sustituir la ley del Gobierno por un texto alternativo que incida en medias como la regulación de los precios del alquiler, la normativa antidesahucios, entre otras. La enmienda de ERC no saldrá adelante, pero contará con el voto favorable de Más País y Compromís, entre otros grupos.

Esta misma mañana desde Más País y Compromís criticaron la norma que llevará al Congreso el Gobierno, tildándola de “descafeinada”, en palabras del portavoz Íñigo Errejón, que ve como “no servirá para garantizar el acceso a la vivienda”. Para estos grupos la enmienda presentada por ERC “va en mejor dirección que la ley presentada por el Gobierno”, y que, aunque sea “muy posible que no prospere”, es un “toque de atención” al Ejecutivo. En este sentido, Errejón explicó que su rechazo a la Ley de Vivienda confeccionada por el Ejecutivo se debe a que deja el timón en manos las comunidades autónomas, que podrán decidir si aplican las medidas en sus respectivos territorios, y establece un periodo de año y medio antes de entrar en vigor. Para Errejón, la norma “tal y como viene, no va a servir para aliviar la carga que supone para los españoles tener un techo”.